El Poder Electoral venezolano descarta unir las presidenciales y las parlamentarias

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, descartó hoy celebrar las elecciones parlamentarias junto a las presidenciales, ya convocadas para el 22 de abril, como ha propuesto el oficialismo.

“El CNE va a evaluar para una siguiente fecha las elecciones parlamentarias, del consejo legislativo y de las cámaras municipales (...). No estamos ahorita preparados para hacer una elección conjunta”, dijo Lucena.

La dirigente del CNE hizo estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez.

“El 22 de abril la elección que está convocada es la elección presidencial”, remarcó Lucena tras explicar que el cronograma para estas votaciones “está sumamente adelantado”, por lo que es imposible juntarlas con las elecciones propuestas por el oficialismo, que “son técnicamente mucho más complejas”.

Reiteró que el Poder Electoral hará una “evaluación técnica” de la idea de adelantar las parlamentarias, hecha inicialmente por el dirigente chavista Diosdado Cabello y respaldada luego por el jefe del Estado, Nicolás Maduro, que pidió sumar también la elección de los órganos legislativos de los 23 estados y de los 335 municipios del país.

Lucena informó de que 15 de las organizaciones políticas habilitadas para la elección presidencial ya han hecho trámites ante el CNE, por lo que supone que “están dispuestas a participar”, pese a que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió no acudir a estas votaciones, que consideran un “show fraudulento”.

Entretanto, la presidenta de la ANC, un ente formado solo por chavistas y denunciado como fraudulento, aseguró que junto a Lucena escogerán “la mejor fecha” para estas citas electorales propuestas por el oficialismo que no pudieron ser fechadas para el 22 de abril.

Los comicios legislativos, de acuerdo con la Constitución, deberían celebrarse a fines de 2020, luego de que en 2015 la alianza opositora ganara por contundente mayoría los escaños de la Asamblea Nacional, un poder que fue luego declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, una institución abiertamente afín al Gobierno.