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Santamaría repasará en el Senado la reforma de las administraciones, con 216 de 218 medidas ya en marcha

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comparecerá el próximo lunes en la Comisión Constitucional del Senado para explicar la reforma de las administraciones públicas que impulsa su departamento, una sesión solicitada por la oposición y que en septiembre ella misma se comprometió a celebrar.

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Santamaría repasará en el Senado la reforma de las administraciones, con 216 de 218 medidas ya en marcha

Santamaría dará cuenta del desarrollo de este proyecto, del que la vicepresidenta asegura que se han puesto en marcha 216 de las 218 medidas contempladas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), presentado el pasado mes de julio.

Según insistió el pasado lunes Sáenz de Santamaría, estas reformas se llevarán a cabo "sí o sí" en un plazo de 35 meses. De hecho, concretó que sólo hay dos que no se han puesto en marcha, ambas relativas a competencias del Ministerio de Empleo, que ya ha sido "apercibido" por esta cuestión.

Según la vicepresidenta, la mitad de esas 218 medidas tienen un nivel de ejecución a día de hoy del 50 por ciento, mientras que hay otro 25 por ciento de esas medidas que se encuentran en una "fase incipiente". Entre las medidas, el Gobierno se comprometía a evitar duplicidades y, si era necesario, eliminar empresas públicas.

EMPRESAS PÚBLICAS CERRADAS

Los datos que maneja el Ministerio de la Presidencia, puntualmente informado por una oficina de seguimiento creada para tal fin, arrojan la cifra de 535 empresas públicas cerradas por las comunidades autónomas, lo que permite un ahorro de 1.500 millones de euros. Por parte del Estado, son 80 las empresas liquidadas y otras 37 se encuentran en fase para echar la persiana.

Dentro de la batería de datos desmenuzados en su intervención, la vicepresidenta puso el acento en las sucesivas reformas legislativas que buscan paliar despilfarros, como que haya 2.500 millones de euros "paralizados" por la falta de una valoración de impacto medioambiental o que la factura en software y hardware de los diferentes ministerios ascienda a 1.500 millones porque cada departamento ministerial contrata por su cuenta el suyo, "siendo muchas veces incompatibles entre sí".

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