El Síndic ve negligencia, opacidad e indicios de malos tratos a un detenido en el caso del 4F

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha denunciado hoy que las administraciones actuaron con “negligencia” y “falta de transparencia” en el caso del 4F y ha apreciado “indicios de malos tratos” con al menos uno de los detenidos, que sufrió una herida abierta en la cabeza mientras estaba bajo custodia policial.

Así lo ha advertido el defensor del pueblo catalán en rueda de prensa para presentar las conclusiones de su investigación de oficio sobre el caso del 4F, a raíz de la emisión del documental “Ciutat Morta”, en el que los condenados por dejar en estado vegetativo a un agente de la Guardia Urbana en febrero de 2006 alegan que fueron víctimas de malos tratos policiales y de un montaje judicial.

En su informe, el Síndic aprecia indicios de malos tratos en el caso del principal condenado, Rodrigo Lanza, ya que tras su detención fue visitado en el Hospital del Mar, hacia las 8.30 horas, por policontusiones, atribuibles a la trifulca previa al arresto.

Posteriormente, tras permanecer unas horas bajo custodia policial en comisaría de la Guardia Urbana, fue trasladado al Hospital de la Esperanza, donde le tuvieron que poner varios puntos de sutura y una grapa en la cabeza, ya que tenía una herida abierta.

“¿Le dejaron abierta una herida en la cabeza en el Hospital del Mar? Si la lesión es posterior, ¿cómo se produjo?”, se ha preguntado Ribó, mientras que su adjunto, Jordi Sánchez, ha admitido que no tienen “certezas” de que hubo malos tratos, pero sí indicios.

Ribó también ha denunciado la desaparición del libro de registro y custodia de detenidos de la Guardia Urbana de Barcelona con la información relativa a febrero de 2006, cuando ocurrió la trifulca del 4F, lo que considera un “hecho grave”, y que en el atestado policial no se incluyen los informes médicos del Hospital del Mar.

La investigación del Síndic también ha concluido que el procedimiento que ha culminado con la declaración de invalidez de dos de los agentes implicados en el caso -que permanecen en prisión por torturar a un detenido en un proceso paralelo-, parten de un “error de diagnóstico”, por lo que pondrá su informe en manos de la Seguridad Social (INSS) por si considera necesario revisarlo.