El Gobierno compara la asistencia de un militar a una manifestación con el consumo de drogas
Para el Gobierno es tan sancionable el hecho de que un militar consuma drogas o incurra en un delito de violencia de género como que acuda a una manifestación de apoyo a un compañero arrestado. Así al menos se lo hace saber a la diputada de UPyD Irene Lozano en respuesta a una de las preguntas que la portavoz de Defensa de esta formación tiene registradas en el Congreso sobre el caso del teniente Luis Gonzalo Segura, autor del libro Un paso al frente, en el que denuncia corruptelas y abusos en el Ejército español. Por ello, el militar ha tenido que cumplir dos meses de arresto y está a la espera de saber qué otras sanciones recibe.
Entre otras cuestiones, Lozano pedía por escrito al Gobierno que confirmara si se había enviado a los cuarteles una circular interna con motivo de una manifestación convocada el 21 de septiembre en Madrid por la Plataforma de Apoyo al teniente Segura, en la que se advertía a los militares de las sanciones que acarrearía participar en la protesta.
La nota informativa, de la que se hizo eco eldiario.es, recordaba que “el militar está sujeto al deber de neutralidad política”. “Se remite nota informativa sobre los límites en la participación en actividades políticas de los militares para que sea difundida a todo el personal militar”, afirmaba la circular, para recordar a los 130.000 militares de los cuarteles españoles que es falta grave apoyar ese tipo de movilizaciones.
En este sentido, advertía de que los miembros de las Fuerzas Armadas están sometidos a un estatuto jurídico singular que considera falta grave “asistir de uniforme o haciendo uso de la condición militar a cualquier reunión política pública o manifestación si tienen carácter político o sindical”, así como “hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas, realizarlas a través de los medios de comunicación social o formularlas con carácter colectivo”.
En respuesta a la diputada, el Gobierno reconoce la existencia de la circular y explica textualmente: “Se difundió la nota informativa a la que se refiere en la pregunta, al igual que se han difundido notas informando al personal militar sobre distintos aspectos como prevención de violencia de género y consumo de drogas, incidiendo particularmente en las consecuencias legales y profesionales si se incurre en tales conductas”.
En sus preguntas, Lozano también se interesaba por las medidas adoptadas ante las corruptelas en el Ejército español denunciadas en el libro de Segura, cuya publicación y difusión en los medios de comunicación le ha acarreado al teniente el cese, la pérdida de su destino y el cumplimiento de dos meses de arresto en un centro militar.
Sobre estas denuncias, el Gobierno afirma que han sido investigadas por parte de los tribunales e internamente, sin encontrar “ilícito penal alguno” ni tampoco “motivo de sanción disciplinaria”. En otra respuesta se añade que “en los casos en los que se ha probado el supuesto punible, se han tomado, se toman o se tomarán las medidas disciplinarias o penales correspondientes”, sin especificar a qué casos se refiere ni qué medidas han sido las adoptadas.
Sobre el caso del teniente Segura, que fue visitado por Lozano en el centro militar durante su reclusión, también se ha preocupado la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que, al igual que UPyD, ha pedido sin éxito la comparecencia en el Congreso del ministro de Defensa, Pedro Morenés.
La denuncia de este militar, que se encuentra en libertad desde el pasado 16 de septiembre, ha sido llevada al cine por el director Carlos Hernando, quien ha rodado un documental en el que narra no sólo las denuncias que realiza en su libro, sino la huelga de hambre que mantuvo al inicio de su reclusión, que sólo abandonó cuando los médicos le dijeron que su vida corría peligro.
Precisamente, en otra de sus preguntas al Gobierno, Lozano también pedía detalles de los controles médicos a los que había sido sometido durante la huelga. Pero el Ejecutivo no responde y se escuda en que se lo impide la “Ley básica reguladora de la Autonomía del Paciente” y la “Ley de Protección de Datos de Carácter Personal”.
En declaraciones a eldiario.es de Andalucía, el propio militar expresó los temores sobre su futuro. Según manifestó, el expediente que le han abierto sus mandos “podría terminar” con su “expulsión del Ejército, o con un acoso que pueden hacer de muchas formas”. Por el momento, explicaba: “Me pueden mandar a cualquier sitio destinado, aunque no me pueden degradar, pero no deja de ser curioso que se haya eliminado la figura de la degradación [pérdida de galones] pero se mantenga el destierro, que suena a tiempos pasados”.
