La admisión a trámite de la ley electoral catalana evidencia la falta de consenso para aprobarla

La ley electoral catalana ha superado este miércoles el primer trámite parlamentario con un debate en el Parlamento autonómico que, pese a avalar que siga adelante su tramitación, ha evidenciado la falta de consenso entre los grupos para su aprobación definitiva --requerirá 90 apoyos-- antes de que acabe la legislatura.

El debate ha demostrado que no existe un sistema electoral que logre la mayoría de dos tercios necesarios --los grupos siguen encallados en el eterno debate entre proporcionalidad y representatividad--, y que tampoco genera el consenso imprescindible aprobar una ley que renueve la administración electoral con leves retoques sobre el sistema actual.

La ley ha sido admitida a trámite después de que se hayan rechazado las enmiendas a la totalidad de PSC, PP, ICV-EUiA y C's, siendo las de socialistas y ecosocialistas las que más apoyo han logrado con 59 votos a favor de PSC, PP, ICV-EUiA, y C's, la abstención de la CUP y el voto en contra de CiU, ERC y la diputada no adscrita Marina Geli.

Una vez superado el debate de admisión a trámite, la proposición de ley continuará su tramitación en comisión, donde antes de que acabe la legislatura los grupos buscarán la cuadratura del círculo con un modelo que satisfaga las demandas de unos y otros, algo que no se ha conseguido desde que en 2007 empezara a trabajarse en la ley electoral catalana.

Para que esto suceda, alguno de los grupos deberá mover su posición, ya que mientras PSC, PP y C's se oponen a una ley que no modifique a fondo el sistema electoral, CiU y ERC rechazan que ese cambio pase por un sistema basado en el recuento único --y no en cada circunscripción-- que sí avalan PSC, PP, ICV-EUiA, C's y CUP.

Así, el debate se ha centrado en un cruce de peticiones entre los grupos para que reconsiderasen su posición, destacando las apelaciones de CiU a PSC para que apruebe la ley aunque no cambie radicalmente el sistema --propuesta que sí apoyan CiU, ERC y Geli--, y las de los socialistas a nacionalistas para que acepten el recuento único.

ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

Tanto Lluís Corominas (CiU) como Rogern Torrent (ERC) han ensalzado los progresos que introduce la ley en todo lo que refiere a la Administración Electoral para urgir a los grupos a apoyar la norma: “O nos mantenemos con una ley antigua y un sistema electoral que no quiere nadie, o votamos una ley moderna con todo lo que ya hace consenso”.

La norma prevé la creación de una Sindicatura Electoral catalana que haga las funciones de junta electoral --formada por tres magistrados y tres académicos--, introduce medidas de ahorro como el envío único de propaganda y redefine algunos de los requisitos y condiciones de los diputados.

Así, se establece que los parlamentarios no puedan ser senadores --actualmente sólo Alicia Sánchez-Camacho (PP) lo es--, pero sí alcaldes, así como una rebaja salarial a aquellos parlamentarios que compatibilicen su cargo con otros empleos remunerados y no tengan dedicación exclusiva.

También Jaume Bosch (ICV-EUiA) es partidario de que, si no hay acuerdo sobre el sistema, se tire adelante una norma que mejore la administración electoral sin retocar el sistema más allá de la introducción de listas desbloqueadas, aunque los ecosocialistas aspiran también a arrastrar a CiU y ERC hacia su modelo ya que entienden que puede generar consenso.

Celestino Corbacho (PSC), Santi Rodríguez (PP) y Carlos Carrizosa (C's) han acusado a CiU y ERC de elevar la ley al pleno apresuradamente para no cambiar el sistema electoral y consolidar un modelo que, a su juicio, les beneficia: “Perderemos una oportunidad más para aprobar una ley electoral”, ha lamentado el exministro.

Quim Arrufat (CUP) ha criticado que los grupos realicen este debate con “la calculadora en la mano”, mientras que Marina Geli ha advertido de que todos los diputados harán el ridículo si no son capaces de aprobar la ley electoral antes de que acabe la legislatura.

LOS DIFERENTES MODELOS

CiU defiende el denominado 'sistema alemán', en el que la composición del Parlament surja del cruce de dos votaciones: una general a una lista de partido como hasta ahora en cada una de las ocho circunscripciones --veguerías-- y otra sobre un candidato de proximidad --54 distritos uninominales--.

ERC coge como modelo el informe sobre una ley electoral que un grupo de expertos elaboró en 2007, que no recomienda los distritos uninominales --porque en Catalunya la población está distribuida de forma muy desigual-- y apuesta por las circunscripciones y el recuento por veguerías y por las listas electorales desbloqueadas.

Por el contrario, el PSC quiere un sistema de doble urna: una papeleta para elegir el partido en cada demarcación --siete en total--, y otra para elegir el candidato de cada distrito uninominal; propone 57 distritos en el que cada uno englobe una población de entre 120.000 y 180.000 habitantes y no es muy partidario de las listas desbloqueadas porque son una “medida cosmética” que no tendrá efectos.

El PP también ve con buenos ojos que el distrito uninominal --con menos demarcaciones-- conviva con el sistema actual de voto a la lista de partido en las cuatro circunscripciones, se inclina por un recuento único de los apoyos recibidos en toda Cataluña, y avala la incorporación como novedad de las listas desbloqueadas.

El modelo de ICV-EUiA se inspira en el que se utiliza en los Países Bajos, en el que los partidos presentarían listas en las ocho veguerías pero la distribución de escaños se realizaría a través de un recuento único que sume los votos de un partido en toda Cataluña y distribuya después los escaños por el territorio en función de los apoyos en cada circunscripción.

Por su parte, C's marca como línea roja la necesidad de que el voto de todos los ciudadanos valga lo mismo --máxima proporcionalidad--, para lo que pide una actualización del censo y propone para compensar que las provincias menos representadas tengan de salida dos diputados más.