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La comisión de investigación sobre los contratos relacionados con Tania Sánchez se cerrará la semana que viene

La comisión de investigación sobre los supuestos contratos irregulares del Ayuntamiento de Rivas relacionados con la excandidata de IU a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y exconcejal Tania Sánchez, y el padre de ésta y actual concejal, Raúl Sánchez, se cerrará la semana que viene en una sesión abierta.

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La comisión de investigación sobre los contratos relacionados con Tania Sánchez se cerrará la semana que viene

Así se lo ha confirmado a Europa Press el presidente de la comisión de investigación, el concejal de Ciudadanos de Rivas (CDR) José Carlos Querencias, quien ha señalado que la fecha de la sesión final, donde se votará y se presentará el dictamen, podría ser a mediados de semana.

Por otro lado, el viernes por la mañana se reunirá el grupo de trabajo encargado de elaborar el dictamen sobre la comisión de investigación para ultimar el borrador.

Según ha explicado Querencias, por el momento hay un "inicio de acuerdo", donde IU admite que hubo "errores políticos" y "responsabilidad política". "Si no lo hubieran admitido se hubiera roto la negociación", ha apostillado.

Querecias sostiene que hubo "irregularidades políticas" por parte de Tanis Sánchez y Raúl Sánchez, que, a su entender, deberían haberse abstenido en la adjudicación de los contratos a la empresa del hermano de la primera e hijo del segundo, Héctor Sánchez. Sin embargo, ha rechazado que haya ninguna otra irregularidad.

Desde IU, admiten que hubo "errores políticos", como ha reconocido la propia Tania Sánchez, pero han recordado en declaraciones a Europa Press, que no quieren hablar de "responsabilidades políticas".

En este sentido, limita las medidas a las que presentó en su propuesta de dictamen, entre las que destaca la creación de un Registro de Intereses de carácter público en el que los concejales tengan la obligación de informar de las actividades mercantiles que desarrollen tanto ellos como sus familiares.

También se contempla que los empleados públicos que elaboren informes técnicos de los procesos de contratación o de adjudicación de subvenciones informen de sus vínculos actuales y pasados con empresas y entidades públicas y privadas y la celebración de una audiencia pública anual para rendir cuentas sobre la contratación municipal realizada.

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