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El futuro de Ruz en la Audiencia Nacional divide al sector judicial

Los magistrados se reparten entre los que abogan por hacer una excepción para mantenerle al frente del Juzgado número 5 y los que denuncian discriminación si su plaza queda fuera del concurso que debe convocarse

Un sector denuncia que el Gobierno quiere apartarlo por investigar la corrupción en el PP y otro ve conveniente acabar con su situación provisional

Las asociaciones de jueces evitan pronunciarse porque no existe consenso entre ellas

Ruz no ha presentado aún la solicitud de prórroga para permanecer hasta junio al frente del juzgado

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La Audiencia Nacional rechaza apartar a Ruz de la instrucción del caso SGAE

El juez Pablo Ruz, en una foto de archivo.

El futuro del juez Pablo Ruz y, con él, el de la investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular se juega en los próximos días. De una decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) depende que el magistrado siga en la Audiencia Nacional hasta junio o la abandone a finales de este mes. Las condiciones que rodean a su posible renovación dividen a la carrera judicial, con independencia de la valoración profesional que sus miembros tengan del magistrado. El Gobierno ya ha enmarcado la salida de Ruz dentro de la normalidad, pero la relevancia de los casos que instruye levanta suspicacias sobre los verdaderos motivos de un Poder Judicial de mayoría conservadora.

La continuidad de Pablo Ruz depende, en primer lugar, de su deseo de prolongar seis meses más su estancia en la Audiencia Nacional, el periodo máximo al que puede aspirar. Este martes, Ruz no se había dirigido al CGPJ para solicitar la ampliación de la prórroga, pero aún tiene tiempo. Es la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces quien tomará la decisión final y esta tiene todavía tres fechas de diciembre para reunirse. La más próxima, el próximo martes.

El juez Pablo Ruz podría presentar antes del 9 de diciembre su solicitud y hacer que el CGPJ se retrate. O esperar a que el Poder Judicial tome una decisión sobre las 320 plazas que tiene pendiente de sacar a concurso, incluida la de Ruz. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 31 de octubre la creación de 282 nuevas plazas de jueces. Esto no significa que la Justicia española se vaya a ver aliviada por una entrada masiva de magistrados, sino que un número idéntico al señalado va a dejar de vivir en una situación de provisionalidad. Se trata de jueces que salieron de la escuela y ocupan plazas de refuerzo o adscripción territorial desde entonces. La adjudicación de esas plazas es considerada improrrogable por las asociaciones que representan a los jueces.

La patata caliente de la renovación de Ruz al frente del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional es el motivo que viene retrasando la convocatoria de esas 282 plazas por el CGPJ durante todo el mes de noviembre, según fuentes judiciales consultadas. Pero a Ruz no le afecta la convocatoria de esas plazas sino la de otro cupo que el CGPJ quiere aprovechar para sacar: las 38 que afectan a juzgados donde ejercen magistrados en comisión de servicio. Ruz es en realidad titular de un juzgado de Móstoles que nunca ha pisado por su destino provisional en la Audiencia Nacional.

En el caso de que el CGPJ opte por convocar las 320 plazas, la de Ruz en la Audiencia Nacional entraría en ellas. Y aquí es donde surgen voces que consideran que la complejidad y relevancia de las investigaciones que sigue Ruz deberían dejarle al margen de tal convocatoria. Otras, sin embargo, creen que se discriminaría a otros magistrados que también tienen que acabar el trabajo que comenzaron en sus juzgados provisionales. Esas mismas voces alegan, incluso, que sacar a Ruz de esa convocatoria constituiría “una decisión política”. Algo similar a lo que piensan aquellos que sospechan que los vocales conservadores del CGPJ tienen instrucciones claras del Gobierno para acabar con la trayectoria de Ruz en la Audiencia Nacional.

Del desencuentro en torno al asunto da cuenta que las asociaciones de jueces no hagan pública su postura al respecto, principalmente porque no la tienen: no hay consenso entre ellas sobre la cuestión. Hay jueces que reconocen la trayectoria de Ruz en la Audiencia Nacional, pero creen que pesa más la necesidad de sacar todas las plazas y no hacer distinciones que el hecho de que no pueda rematar investigaciones tan relevantes como las que aún instruye.

De entre los criterios que pesarán para la adjudicación de esas plazas prevalecerá el de antigüedad. Por eso Ruz no tiene opciones de adquirir la plaza en propiedad. Muchos otros jueces acumulan mucha más antigüedad que Ruz, que cumple 40 años en septiembre. Por otra parte, cabe la posibilidad de que el propio juez opte por no volver a Móstoles y se presente, dentro de la gran convocatoria, a una plaza para la que sí tenga opciones de ocupar, fuera de la Audiencia Nacional.

Los defensores de convocar la plaza de Ruz alegan que con la adjudicación de la plaza por concurso se elimina la situación de provisionalidad que mantenía el magistrado, obligado a ser renovado cada seis meses durante los últimos cuatro años. Sin embargo, el juez que lo sustituya deberá volver a examinarse a los 18 meses. Es el plazo que queda para que se jubile el propietario actual de la plaza, el magistrado Miguel Carmona, quien nunca ha ocupado su puesto en la Audiencia Nacional porque cuando lo ganó era vocal del Consejo General del Poder Judicial. Al acabar su mandato, buscó un destino en el extranjero. El Gobierno creó una plaza nueva en Londres y allí pasa sus últimos meses en activo. El supuesto sustituto de Ruz ganará el puesto provisionalmente por escalafón, lo que apunta a que cuando se convoque la plaza en propiedad, dentro de 18 meses, también será ese magistrado el que quede en primer lugar.

¿Conviene al Gobierno que Ruz salga del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional? Si se atienden a las declaraciones de algunos de los responsables del Partido Popular, parece que sí. La propia secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que la decisión de señalar al PP como responsable a título lucrativo en la pieza central del caso Gürtel “está cogida por los pelos”. Se trata de la misma figura que provocó la  dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, la pasada semana. Ruz repite, auto tras auto, que existen indicios suficientes de que el partido en el Gobierno se financió con donaciones irregulares de empresarios que recibían adjudicaciones de la Administración. Es el juez que mantiene imputados a los tres responsables de las cuentas del partido en los últimos treinta años.

Un sustituto por concurso

Sin embargo, la salida de Pablo Ruz abre la puerta a que llegue a su puesto un juez que el PP pueda considerar más perjudicial para sus intereses. El Gobierno no puede controlar el nombramiento porque, al tratarse de un concurso, solo el escalafón decidirá quién ocupa la silla de Pablo Ruz. El propio Elpidio José Silva admitía en privado su plan de optar a esa plaza antes de que fuera condenado por prevaricación y apartado de la carrera judicial.

El juez ya ha concluido la instrucción de la pieza central del caso Gürtel y tampoco hay consenso respecto a la relevancia que tendrán los próximos meses en la instrucción del caso sobre la presunta financiación irregular del PP. Ruz se ha encontrado con la imposibilidad de imputar al Partido Popular financiación irregular, a pesar de la fortaleza de los indicios existentes, porque simplemente ese delito no existe hoy en el Código Penal. Por otra parte, los sobresueldos que habrían cobrado sus dirigentes constituirían un delito fiscal ya prescrito. Por último, la Intervención del Estado considera imposible acreditar que las donaciones eran finalistas y que, por tanto, se produjo cohecho.

Así las cosas, Ruz dio  un nuevo impulso al caso recientemente con la imputación de Ángel Acebes por apropiación indebida en grado de omisión, pero ante la debilidad de los indicios ha tenido que levantar la acusación en Gürtel y parece próximo a hacerlo en la de 'los papeles de Bárcenas'. Quedaría pendiente el pago en negro de la sede del PP, la pieza referida a AENA, la de Jerez de la Frontera o, entre algunas más, el presunto soborno para financiar una campaña electoral de Cospedal, que, según fuentes de la acusación, podría estar próxima a viajar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por los indicios existentes contra cargos aforados del partido.

La decisión final está en manos de la Comisión Permanente del CGPJ, compuesta hasta el pasado sábado por dos vocales a propuesta del PSOE, otros dos que presentó el PP, uno de CiU y el presidente, Carlos Lesmes, elegido por el Gobierno. La renuncia de la vocal Mercè Pigem provocará que se incorpore al CGPJ su sustituto, Antonio Rodríguez-Buylla, del Partido Popular. Un conservador sustituiría a Pigem en la Comisión Permanente y lo previsible es que solo los progresistas votaran a favor de la continuidad de Ruz, por lo que quedarían en una minoría de 2 a 4.

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