La investigación al PP por torpedear el 'caso Bárcenas' sigue adelante en un juzgado de Madrid
La decisión de la jueza Esperanza Collazos de archivar la causa por el formateo de los ordenadores que Luis Bárcenas no significa un punto y final en la investigación de un posible delito de encubrimiento, cometido en la sede de Génova. Otra jueza de Madrid deberá decidir en los próximos días si abre una investigación para esclarecer la posible obstrucción del PP a la investigación sobre su supuesta financiación irregular.
La titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, Josefa Bustos, incoó el pasado viernes diligencias previas a raíz de una querella presentada por Observatori Desc, que ejerce la acusación popular en el ‘caso Bárcenas’. En su auto, Bustos afirma que los hechos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. En el juzgado de Collazos hay, además, una segunda querella presentada por Izquierda Unida, también acusación popular, contra el PP y su tesorera. Previsiblemente, esta segunda querella recaerá en el Juzgado de Bustos por haber incoado ésta ya diligencias por los mismos hechos.
La jueza Collazos había asumido la inhibición de Pablo Ruz por la destrucción de los discos duros de los ordenadores. El instructor del ‘caso Gürtel’ detectó “relevancia penal” en los hechos y la existencia de posibles delitos informático y de encubrimiento. Sin embargo, consideró que la Audiencia Nacional no es competente para investigar esos delitos y dio traslado a los juzgados de Madrid. La Fiscalía consideró que no había delito y hoy Collazos dictó un auto declarándose competente para investigar el delito y, al tiempo, dictando su archivo. La jueza aún no se ha pronunciado sobre la querella de IU.
Collazos alega que los ordenadores son del PP y que el partido pudo hacer con ellos lo que consideró oportuno, por lo que no existe el delito informático atribuible a persona jurídica. Sobre el encubrimiento, la jueza del 32 alega que debe existir un delito que encubrir y que la Audiencia Nacional aún no ha determinado que se haya producido tal delito. Por ello, dicta el sobreseimiento provisional de la causa.
Fuentes de la acusación popular detectan en tal razonamiento una contradicción, ya que si el encubrimiento depende de un delito cuya jurisprudencia recae en la Audiencia Nacional, ella no sería competente para archivarlo. Será en cualquier caso la jueza Bustos quien deba posicionarse al respecto, una vez analizados los argumentos de su colega Collazos, a la que ya solicitó la documentación del caso el pasado viernes.
Tres nombres
Además, mientras Collazos se ha pronunciado sobre el delito de encubrimiento e informático no atribuible a nadie concreto, la querella de Observatori Desc se dirige contra tres personas: el exjefe de seguridad del PP y cuñado de Bárcenas, Antonio de la Fuente; la secretaria Estrella Domínguez; y el responsable de informática del partido, Javier Barrero.
A todos ellos atribuye un posible delito de encubrimiento, pero no solo por la destrucción de los discos duros, con los que relaciona al informático. Al cuñado de Bárcenas le responsabiliza de la destrucción de los libros de visitas y a la secretaria de desenvolverse de las agendas de Bárcenas. El libro de visitas y las agendas hubieran ayudado a centrar las visitas de empresarios que aparecen en la contabilidad b de Bárcenas como donantes irregulares del PP y que luego resultaron adjudicatarios de contratos multimillonarios con la Administración. Los tres habrían actuado, dice la querella de Observatori Desc, “a sabiendas” de la gravedad de los deliotos que se investigan en la Audienica Nacional, ya que sus acciones se produjeron con posterioridad a que Bárcenas fuera investigado. De hecho, los discos duros fueron eliminados a los seis días de que el extesorero entrara en la cárcel.
