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En la sombra: las mujeres en las tramas de corrupción

Como políticas o como ‘esposas de’, varias mujeres protagonizan titulares relacionados con casos como Gürtel, Nóos o los ERE

Muchas utilizan estereotipos femeninos como la falta de liderazgo o el desinterés hacia los negocios como estrategias para eludir su responsabilidad ante la justicia y la opinión pública

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La ministra de Sanidad, Ana Mato

Luis Bárcenas, Francisco Correa, el Bigotes… Los nombres de los protagonistas de los casos de corrupción más mediáticos son de hombre. Las mujeres aparecen en dos papeles: la política sospechosa de estar implicada (Ana Mato, Magdalena Álvarez) y la “esposa de”. En ambos casos, no se transmite la posibilidad de que sean ellas las líderes de la trama, son meras acompañantes o “salpicadas” por el escándalo. Ante la prensa y la justicia, unas y otras tienden a afirmar que no saben nada de los negocios con los que se las asocia, con frases como “yo sólo hice lo que me mandaban” o “eso lo lleva mi marido”, como han declarado en los tribunales tanto la esposa de Correa como la de Bárcenas.

¿Son las mujeres menos dadas a la corrupción que los hombres, o mantenerse en un papel secundario les permite eludir su responsabilidad ante la justicia y la opinión pública? Expertas en corrupción, criminalidad y estereotipos de género responden, aunque coinciden en señalar la falta de investigaciones en España que analicen la diferente implicación de hombres y mujeres en estos delitos.

¿Menos corruptibles?

Desde marzo, sólo las mujeres policías controlan el tráfico en Lima, Perú. La medida fue anunciada por el Ministerio de Interior, tras descubrir que un policía recibía sobornos de los transportistas, como forma de lograr “mayor eficacia y firmeza en el control del tránsito y la sanción de infracciones”. Lo que subyace es la idea de que las mujeres, a diferencia de los hombres, son incorruptibles.

En España, los datos del Instituto Nacional de Estadística parecen confirmar que la corrupción es cosa de hombres. En los delitos contra la Administración pública (prevaricación, malversación de fondos y cohecho), el 87,4% de las personas condenadas en 2011 fueron varones, así como el 83,6% en delitos de falsedad documental. Esa clara predominancia masculina exige matizaciones, como que la brecha de género es todavía mayor en el dato total de personas condenadas (90,6% de hombres frente a 9,4% de mujeres). Lohitzune Zuloaga, socióloga experta en políticas de seguridad, llama a considerar además que el número de personas condenadas por delitos relacionados con la corrupción es “tan escandalosamente pequeño” que las proporciones pueden no ser representativas.

En todo caso, dando por bueno el dato del INE, la primera y más obvia explicación es que la representación femenina en puestos de poder sigue siendo escasa. Pero, una vez que una mujer accede a un cargo, como puede ser un puesto político, tiene las mismas opciones de terminar implicada en tramas de corrupción, opina la catedrática de Antropología y exdiputada del Parlamento catalán, Dolors Comas d’Argemir: “Quienes quieren tentar, tientan con independencia del sexo. Miran más si la persona con la que contactan es influyente o no”. Sin embargo, apunta que las áreas más proclives a registrar delitos económicos o de tráfico de influencias, como Transportes o Urbanismo –caracterizadas por un gran volumen de adjudicación de obras– suelen estar dirigidas por hombres.

Según la antropóloga, “los hombres siguen sintiéndose responsables del sustento y las mujeres de los cuidados”, como consecuencia de una “socialización sexista” que alimenta más en ellos actitudes como “el interés por hacer negocios y dinero”, que impulsan a cometer delitos en general, y los ligados a la corrupción en particular. “El éxito y la representación de poder son valores e imágenes que se asocian al rol masculino”, reconoce también Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración, y miembro de la junta directiva de Transparencia Internacional.

La sociedad promueve más en los varones “actitudes de desafiar, atreverse, incluso aprovecharse de la situación”, mientras que las mujeres “han interiorizado un mayor miedo a desviarse de las normas, y quizás, al castigo por ello”, añade Concepción Fernández Villanueva, directora del departamento de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, matiza que esta diferencia se debe a condicionamientos sociales y no a una predisposición natural: “Mujeres y hombres son potencialmente igual de corruptos, como también son potencialmente igual de buenos cuidadores de niños y ancianos”; un cambio de roles y de protagonismo social alteraría las proporciones entre las personas imputadas por delitos de corrupción, opina.

Pero la presencia de mujeres en la comisión de delitos económicos no ha aumentado en la misma medida que su incorporación al mercado laboral y a puestos de responsabilidad, observa Zuloaga, “probablemente porque muchas no han abandonado el rol de cuidadoras de sus familias”, que las aleja de las actividades ilícitas.

Eso lo lleva mi marido”

Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas –encarcelado por su presunta participación en financiación ilegal del PP–, está también imputada. Acumuló en una cuenta de Caja Madrid casi 11 millones de euros en un solo año (2007) estando en situación de desempleo. Pese a que muchas de las posesiones del matrimonio están a nombre de ella, Iglesias negó ante el juez Antonio Pedreira su participación en un delito de fraude fiscal y otro de blanqueo de capitales y aseguró que era su marido quien llevaba la economía familiar.

Otro caso ilustrativo es el de Ana María Tejeiro, imputada por un delito fiscal dentro del caso Nóos, que investiga la apropiación indebida de fondos públicos por parte de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres. La esposa de Torres, licenciada en Economía, era (supuestamente) responsable del área jurídica y fiscal de Nóos: tenía el 50% de las participaciones sociales del entramado de fundaciones y consultorías relacionadas con la entidad, y cuentas a su nombre, según la Fiscalía Anticorrupción, en Andorra, Suiza y en Luxemburgo, donde iba con su marido a hacer ingresos en efectivo y de donde en una ocasión sacó casi 300.000 euros en metálico. En su declaración ante el juez Castro en febrero, además de afirmar no saber de la existencia de algunas de las sociedades a su nombre y de no tener claro cuál era su cargo en otras, Tejeiro insistió en que su papel era el de ‘recadero’ y que solo seguía instrucciones: “Mi marido dice 'pues hay que abrir esta cuenta', pues abrimos la cuenta, 'hay que cerrarla', pues la cerramos […] me fío de mi marido y el tema de dinero lo lleva él”.

Según Manuel Villoria, tanto en España como en otros países, “las mujeres se involucran en corrupción como parte de tramas y no liderándolas; es muy normal que la causa de su pertenencia a la red sea sentimental”. Por ello, ve lógico que en las estrategias de defensa se opte por situarlas como víctimas y no como comisoras activas de delitos.

Zuloaga admite que las cónyuges puedan tener una actitud pasiva, pero encuentra inverosímil que no sepan nada de las operaciones ilícitas cuando implican un cambio drástico en el nivel de vida de la familia. Que sus maridos utilicen los nombres y las firmas para diversificar las operaciones delictivas es una estrategia habitual, “como quien pone a nombre de uno u otro miembro de la pareja los bienes declarados a Hacienda para salir más beneficiados en el pago de impuestos”, explica. Y cuando son imputadas, la división tradicional de roles en el matrimonio reforzará su declaración de que las cuentas las llevan sus maridos, recalca Concepción Fernández: “En ellos, como se les presupone una mayor capacidad de decisión, no se aceptaría que dijeran: 'Yo no sé nada, las cuentas las lleva mi esposa'”.

En el caso de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, el exjugador de balonmano “concentra todos los estereotipos masculinos del hombre de negocios, él es el que piensa”, apunta Comas d'Argemir, por lo que la ciudadanía acepta fácilmente que Cristina de Borbón quede en un segundo plano, aunque matiza que este caso es especial porque su condición de miembro de la Casa Real resulta más determinante que los sesgos sexistas.

Ana Mato también ha afirmado desconocer quién pagó gastos familiares como el famoso viaje a Disneyland París con su hijo, que un informe de Hacienda atribuía a la red Gürtel. Pero la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad optó por un argumento más igualitario para explicar por qué no sabía que Correa agasajaba a su entonces marido, el senador Jesús Sepúlveda, con regalos como un Jaguar: “En muchas familias donde la actividad profesional es independiente en el hombre y la mujer, también hay independencia económica”.

Como hay pocos casos de mujeres imputadas por corrupción con mayor poder que sus parejas, no es fácil comparar qué ocurre cuando él es “el marido de”. Esta situación es más frecuente en las cúpulas de las instituciones de menor nivel, como los ayuntamientos. Pero, al menos en España, los esposos de las diversas alcaldesas imputadas no aparecen casi nunca, y quedan por lo tanto más protegidos de la opinión pública. Puede que las ‘corruptas’ no impliquen a sus cónyuges en sus recepciones de dinero o en sus asuntos de responsabilidad y no les pidan o exijan (o ellos no se dejan implicar) su cooperación necesaria o inducida. “De acuerdo con los valores sociales tradicionales, es más esperable y asumible que las esposas ‘colaboren’, que se presten a las demandas del marido sin cuestionarlas, que al contrario”, apunta Fernández.

Soy sólo un florero”

“Le dije, ojo, no quiero poderes, quiero ser un florero: a mí no me importa ser una mujer objeto”. Con esas palabras intentó Pilar Giménez-Reyna convencer al tribunal que la juzgó por fraude en 2007 de que su condición de presidenta de Gescartera era “meramente decorativa”. Su declaración ilustra cómo en un juicio “algunas mujeres recurren a los estereotipos sexistas como estrategia de defensa”, señala Comas d’Argemir. Julián Muñoz también dijo ante el juez que sólo era “el tonto de la película” y que se limitó a firmar papeles “como un kamikaze”. Pero esa estrategia “resulta más creíble cuando la utilizan las mujeres”, defiende la antropóloga.

Concepción Fernández, quien ha investigado los estereotipos de género en las sentencias judiciales, asegura que “en la medida que el sexismo está presente en la sociedad, las interpretaciones que hace la Justicia también tienden a ser sexistas”. Los jueces (y juezas, todavía en minoría), añade, no están libres de prejuicios, como el de sorprenderse más cuando una mujer rompe con las normas: “Se suele decir que ellas manejan los hilos por detrás y que se arriesgan menos”.

Zuloaga cita estudios en el ámbito anglosajón que concluyen que las mujeres suelen recibir un trato más benevolente por parte del sistema penal, pero que aquellas que no cumplen con los roles tradicionales de madres y esposas tienden a ser castigadas con penas más duras. Sin embargo, l as fuentes judiciales consultadas afirman no ver trato diferencial hacia las mujeres en los juzgados españoles por lo que se refiere a la determinación y al contenido de las imputaciones, pero sí “cierto paternalismo o caballerosismo en el trato”.

Aunque el sexismo es un obstáculo para que las mujeres se promocionen en política, cuando una ministra o alcaldesa aparece ligada a tramas corruptas, “lo que la gente percibe es ante todo el hecho de la corrupción, dado el descrédito de la clase política”, considera Comas d' Argemir. Eso sí, cree que la prensa puede cargar más las tintas en detalles que refuercen una imagen frívola, como cuando se acusó a Ana Mato de haber gastado 4.600 euros en confeti para una fiesta infantil.

Enamoradas, sofisticadas y machorras

Cuando se trata de hablar de mujeres envueltas en tramas de corrupción, a veces incluso la prensa generalista se tiñe de crónica rosa. El caso paradigmático es el de Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, condenadas a tres años y seis meses de cárcel y a pagar una multa de cerca de tres millones de euros respectivamente por un delito de blanqueo de capitales derivado del caso Malaya. Según la sentencia, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz ocultó hasta 2003 en el domicilio familiar que compartía con Maite Zaldívar el dinero fruto de la corrupción urbanística a la espera de blanquearlo, lo cual hacía de común acuerdo con Zaldívar a través de la adquisición de bienes y sociedades que nunca iba acompañada por cargos y abonos ni estaban hechas a su nombre. La sentencia revela que, con su nueva pareja, Isabel Pantoja, Muñoz se pudo servir de las actividades empresariales y de la estructura societaria de la tonadillera, que ésta puso a su disposición conociendo el origen ilícito del dinero.

Los llantos y las canciones dedicadas por la cantante al exalcalde de Marbella ya en prisión, alimentaron el estereotipo de que es el amor lo que acerca a las mujeres a las tramas de corrupción. Zaldívar, por su parte, recurrió al desamor para desdecirse ante la justicia de las acusaciones que lanzó en los platós de televisión: aseguró haber dicho que el dinero negro entraba a su casa en bolsas de basura por despecho, porque Muñoz la había dejado destrozada y ella quería hacerle daño.

Cuesta imaginar a los hombres utilizar el amor y el desamor como argumentos para eludir su responsabilidad ante la justicia, como también cuesta encontrar en la prensa comentarios que alaben la elegancia y la sofisticación de un imputado y que lo describan como “monísimo”, como se repite en las noticias sobre Rosalía Iglesias.

No es la única de la que se destaca su aspecto. María del Carmen Rodríguez Quijano, exesposa de Correa, es conocida como ‘la Barbie’. Las connotaciones de ese apodo contrastan con el nivel de sus cargos: fue administradora de varias de las empresas de la red corrupta y jefa de gabinete del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega –otro de los imputados– desde donde habría urdido adjudicaciones en connivencia con el regidor a favor de distintas sociedades de la red.

En la prensa y en los foros de Internet abundan referencias a los intentos de María Victoria Pinilla, exalcaldesa de La Muela (Aragón), por “endulzar su físico, bastante masculinizado” vistiendo blusas de Carolina Herrera. Pinilla está imputada por 11 delitos dentro de una trama de corrupción urbanística en el municipio (la Operación Molinos), uno de los pocos casos en los que está imputado un ‘marido de’, el suyo, Juan Antonio Embarba. Mientras Pinilla gestionaba el Ayuntamiento, su esposo se trabajaba un patrimonio que incluía propiedades en Sotogrande, construcciones por el Caribe, una fábrica de papel y tiendas.

La alcaldesa de Valencia Rita Barberá es también blanco habitual de calificativos misóginos, como ‘machorra’ y ‘gorda’, en los foros de internet y en los comentarios de noticias que la vinculan con el caso Nóos, por el que no está imputada.

En perfiles periodísticos sobre Ana Mato, diferentes fuentes políticas la han descrito como una víctima que calla y sufre por proteger a su familia, por no airear los trapos sucios. La portavoz en materia de Igualdad del PSOE le instó a dejar el papel de "mujer engañada".  También en el caso de Mato aparecen adjetivos como “monísima, algo monja pero sexy”.

Estos retratos coinciden con los roles en los que los medios encasillan a las mujeres, según analizó la doctora en Ciencias de la Información Pilar López Díez en su informe Representación de género en los informativos de radio y televisión: la víctima sufridora, la madre, la dama de hierro, la superwoman, la femme fatale y la mujer objeto.  

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