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Denuncian a Mariano Rajoy ante el Supremo por pagar con dinero público el cuidado de su padre

La asociación El Defensor del Paciente denuncia al presidente por un presunto delito de malversación fondos públicos, tras publicar la noticia eldiario.es

El hijo de Carmen Flores, presidenta del colectivo, falleció esperando una ayuda tras llevar un año valorado como dependiente: "Después recibimos un ingreso de 300 euros", explica

Rajoy carga a las arcas públicas la atención de su padre mientras 417.000 dependientes, según los últimos datos, engrosan la lista de espera

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Mariano Rajoy / EFE EFE

La asociación El Defensor del Paciente ha denunciado a Mariano Rajoy ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por un presunto delito de malversación de fondos públicos tras conocerse que los gastos de atención de su padre corren a cargo del erario público. La información, publicada en exclusiva por eldiario.es el pasado día 14 de octubre, revela que el presidente del Gobierno decidió cargar al presupuesto de La Moncloa el cuidado de Mariano Rajoy Sobredo, de 95 años y enfermo, para evitar a la familia facturas de 3.600 euros.

Mientras tanto, 417.000 personas con dependencia, según los últimos datos oficiales (30 de agosto de este año),  siguen esperando las ayudas a las que tienen derecho al haber sido valoradas ya como dependientes. Debido a la "gravedad de los hechos", El Defensor del Paciente acusa a Rajoy, que por su condición de aforado debe ser juzgado por el alto tribunal, de un presunto delito de malversación de fondos públicos, contemplado entre los artículos 432 y 435 del Código Penal.

Según se destaca en la denuncia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, los hechos "obligan a realizar una investigación que aclare lo sucedido". La familia de Rajoy costeó en abril de 2014 solo un mes de cuidados durante la hospitalización de su padre y es la única factura que el Gobierno ha aportado. Sin embargo, ante los gastos que se preveían una vez que estuviera instalado de nuevo en el Palacio de La Moncloa, Presidencia decidió buscar otra fórmula y encargó la asistencia a dos funcionarios eventuales.

"Mi hijo murió esperando la ayuda"

El Defensor del Paciente ha decidido interponer la denuncia tras enviar una carta al presidente poco después de la publicación de la noticia en la que le pedía explicaciones. No ha recibido respuesta. Carmen Flores, presidenta de la organización, califica su actitud de "prepotente" y denuncia "el abuso de poder al emplear dinero público para algo totalmente personal".

Pero al colectivo le causa especial dolor que el caso toque de cerca a las personas con dependencia y sus familias, que han visto recortadas sus ayudas en los últimos años. La lista de espera, que alcanza las 417.000 personas, ha sido para muchos el último estadio del sistema de la dependencia al que han llegado. Porque 101.070 dependientes, según calcula la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, han fallecido sin prestaciones.

"Mi hijo murió esperando la ayuda". Lo dice Carmen, que además de presidenta del colectivo es madre de una persona con dependencia que falleció en 2011, cuando llevaba un año valorado como dependiente. "Unos meses después recibimos un ingreso de 300 euros comunicándonos que no nos correspondía más", relata con indignación. "Aquellos 300 euros supusieron un dolor y un sufrimiento terribles", dice al otro lado del teléfono.

Su hijo, que se había quedado tetrapléjico tras una operación, precisaba atención constante las 24 horas del día, pero nunca recibió ninguna ayuda. "No podemos ver una noticia como esta y quedarnos impasibles, no vamos a permitir que nos tomen el pelo y Rajoy se lo ha tomado a los más vulnerables", denuncia.

La Ley de Dependencia, aprobada en Consejo de Ministros en 2006, ya nació con algunas deficiencias. De hecho, el Gobierno socialista de Zapatero también mantenía a personas valoradas como dependientes en una lista de espera que no ha dejado de crecer. Pero las reformas impulsadas durante la legislatura de Rajoy han recortado el sistema hasta hacerlo colapsar.

Tanto es así que el usuario ya aporta más que el propio Gobierno a través del copago, incrementado en 2012. Las cuidadoras (el 90% son mujeres) han visto rebajado el importe que reciben y cómo máximo cobran 387 euros por asistir a un gran dependiente, que necesita atención constante. Además, el Gobierno ha dejado de pagar la cotización a la Seguridad Social de miles de ellas. "Es intolerable lo que ha hecho Rajoy mientras los dependientes mueren sin ayudas y a los que se las conceden les dan miseria", declara Carmen.

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