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El Gobierno sigue atrapado en la trampa científica de los terremotos de Castor

El secretario de Estado de Energía afirma ahora que los informes científicos sobre la seguridad de inyectar gas frente a las costas de Castellón "seguramente no consigan responder las preguntas planteadas por el Gobierno"

Los científicos ya advirtieron de que garantizar al 100% que no habría terremotos era imposible

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Parlamento catalán exige paralizar el Proyecto Castor si no es 100 % seguro

El informe que iba a llegar en cuestión de semanas lleva un retraso de meses.

En octubre del año pasado, el Gobierno se metió solo en una trampa. Después de la alarma provocada en las inmediaciones de Vinaròs (Castellón) tras más de 300 terremotos leves a mediados de septiembre, el 26 de septiembre se paralizó la inyección de gas natural en un almacén submarino frente a las costas levantinas.

El proyecto, bautizado como Castor, aprovechaba el espacio dejado por un pozo petrolífero agotado. Para introducir el gas, era necesario hacerlo a mucha presión y es probable que, como ha sucedido en muchas otras ocasiones, la tensión a la que se sometieron las estructuras tectónicas de la zona produjese los movimientos sísmicos.

Pese a que terremotos leves como los detectados entraban dentro de lo previsto, en octubre el Gobierno anunció que había pedido un informe científico al Instituto Geográfico Nacional y al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para estudiar los riesgos del proyecto. Entonces, el Ejecutivo afirmó que, salvo que el análisis de los expertos asegurase al 100% que no se produciría ni el más leve terremoto, la plataforma cerraría. Hacerlo supondría tener que indemnizar a la empresa promotora, Escal UGS, propiedad del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con una cifra que podría superar los 1.700 millones de euros.

En el mismo momento de anunciar que se iba a realizar el informe, científicos del IGME reconocieron que jamás podrían asegurar al 100% que no se producirían terremotos. Siguiendo el razonamiento del Gobierno, eso obligaría a cerrar inmediatamente el proyecto y a afrontar una indemnización descomunal. Metidos en un callejón sin salida por sus propias promesas y en busca de una solución para el desaguisado, el Gobierno ha ido prolongando los plazos para hacer público un informe que en principio iba a estar disponible en unas pocas semanas. Varios meses después de anunciarlo, y pese a reconocer que ya lo ha recibido, sigue sin asumir unos resultados que eran previsibles desde el principio.

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha vuelto a insistir el martes en que esperan el informe definitivo para ver qué acciones hay que tomar a partir de entonces. Pese a que la respuesta a la principal pregunta planteada en octubre era bastante clara, ahora el Gobierno muestra más dudas y, de hecho, ha ampliado la consulta a expertos fuera de España (unos expertos cuyos nombres no revela).

“Seguramente los informes no consigan responder las preguntas que tenemos planteadas”, ha advertido, aunque ha coincidido con la postura manifestada por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, al insistir que Castor no reanudará su actividad “hasta que exista un 100 por 100 de seguridad”. “Vamos a seguir los criterios que nos den los técnicos”, ha concluido. El propio Nadal afirmó hace más de mes y medio que el informe estaría listo en cuestión de semanas.

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