Hoy se desaloja el asentamiento de 'El Cavero' en Olías del Rey

El desalojo de las 47 familias que viven en el asentamiento de 'El Cavero' en Olías del Rey (Toledo), se producirá hoy, en cumplimiento de un auto judicial y ante la negativa al aplazamiento de la sentencia de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), como propietaria de los terrenos.

Así lo anunció ayer en rueda de prensa el delegado de la Junta de Comunidades en Toledo, Javier Nicolás, quien lamentó la actitud “tan taxativa y negativa” de la TGSS de aplazar el desalojo dos meses, que era el tiempo que habían pedido el Gobierno regional, el Ayuntamiento de Olías, Podemos y los propios afectados para intentar “encontrar una solución”.

Nicolás dejó claro que el Gobierno regional está en contra “de este de desalojo en estas condiciones”, porque “en ningún caso se esta en contra de cumplir la ley”.

También destacó el empeño de la Consejería de Bienestar Social de ampliar un plan de actuación, que pasaba por dotar con una partida de 49.000 euros al Ayuntamiento de Olías para “apoyo jurídico, económico y social” hasta final de año.

También se refirió a la voluntad del secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, por encontrar viviendas para las 47 familias afectadas, que pueden representar a unas 160 personas, a través de cesiones de entidades bancarias y de los propios afectados que “estaban dispuestas a pagar el alquiler y no estar todas juntas”.

“La Tesorería de la Seguridad Social ha dado la espalda y se ha lavado la manos”, aseveró Nicolás, quien consideró: “No ha habido voluntad de la Tesorería, del Estado y de la propia Seguridad Social”, porque el resto de interlocutores han buscado numerosas fórmulas “para llegar a una solución que, finalmente, no se ha hecho realidad”.

Según dijo Nicolás, se necesitaba un acuerdo de todas las partes para que el juez paralizara el desalojo, pero la posición de la Dirección General de la Tesorería al no solicitar el aplazamiento, “ha impedido que se pudiera ganar tiempo”.

El juez confirmó anteayer el cumplimiento del auto en un escrito, con lo que rechazó así la petición de una prórroga de dos meses que había solicitado la abogada de los afectados, por la falta de acuerdo entre partes, “ejecutante y ejecutada”, ha apuntado Nicolás.

El delegado de la Junta en Toledo recordó que el asentamiento “lleva más de 20 años” y lamentó que el desalojo no se haya podido aplazar dos meses más, “cuando había incluso una intermediación judicial que quitaba esa responsabilidad, y había acuerdo entre todo el resto de los partes”.