Manuela Carmena se mete en el laberinto de la operacion Chamartín, un plan urbanístico de 17.000 viviendas
A las 17.45, con un poco de retraso, entraba en el despacho pentagonal destinado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (Ahora Madrid) el presidente de la sociedad Distrito Castellana Norte, Antonio Béjar. Sobre la mesa la operación Chamartín, que ahora se denomina Distrito Castellana Norte. “Ha sido una primera toma de contacto, no ha habido nada trascendental”, han comentado fuentes municipales después de la reunión. Pero el desencuentro de pareceres sí es muy grande.
Sobre esa mesa estaban, de un lado, el análisis de Carmena que cree que “ahora no hacen falta” todas las viviendas nuevas adjudicadas al proyecto porque existen “muchas viviendas vacías”. Por el otro, la operación urbanística que prevé construir 17.699 nuevos pisos y 878.150 metros cuadrados de oficinas en el norte de la ciudad. Solo comprar el suelo propiedad de Renfe y Adif supone 1.200 millones de euros. Estas propietarias escogieron a Distrito Castellana Norte para urbanizar los terrenos a cambio de ese cheque. El 75% de esa empresa pertenece a BBVA y el resto a la constructora San José.
Y por encima de todo, pende la decisión judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que en 2013 declaró nulo el proyecto, entre otras cosas, por contravenir la ley del Suelo autonómica que prohíbe construir nuevas promociones de más de tres alturas: Distrito Castellana Norte planea construir una veintena de torres de 20 pisos.
El fallo fue recurrido por el Ayuntamiento y los promotores. En abril de este año, el Tribunal Supremo ordenó al TSJM que motivara más su sentencia (pero no entró en el fondo). Si esa argumentación se hace sólida, se desmoronará la ampliación del eje norte-sur de la capital tal y como está concebido: tres millones de metros cuadrados y más de tres kilómetros de longitud extra de La Castellana. La cuestión es que la arquitectura del plan se sostiene sobre el beneficio que se saque de vender viviendas –las plusvalía–. De hecho, el Ayuntamiento amplió la edificabilidad del suelo para que se pudieran construir más pisos en la misma superficie.
Con ese dinero se debería pagar, además de producir beneficios, la enorme inversión que suponen las infraestructuras anejas a la ampliación: desde una ampliación del metro y el tren de cercanías hasta un túnel pasando por equipamientos y zonas verdes. Pero sin miles de viviendas cuya venta soporten la operación, Distrito Castellana Norte no aventura beneficios. Y sin torres, la multiplicación de casas se detiene.
De hecho, la Comunidad de Madrid modificó en 2013 esta ley del Suelo –en realidad introdujo la clausula en otra ley, la de Patrimonio– para que la limitación de alturas no afectase a los suelos cuyo carácter de urbanizables fuera anterior a 2007. El presidente regional ya era entonces Ignacio González (PP). Sin embargo, los terrenos de Chamartín han sido utilizados hasta ahora para las vías del tren –de ahí que pertenezcan a Renfe y Adif–. Por ese motivo fueron expropiados, no para desarrollos urbanísticos.
El pasado lunes, la patronal madrileña CEIM y la Asociación de Empresas de Construcción (Aecom) también pasaron por el Ayuntamiento y le pidieron, específicamente, a la alcaldesa que “impulse” los grandes proyectos urbanísticos nombrando entre ellos esta operación Chamartín.
Urbanismo para décadas
La llegada de Manuela Carmena al Palacio de Comunicaciones, sede del Ayuntamiento de Madrid, ha supuesto que, al menos según sus anuncios, se revisara el urbanismo planeado para los próximos años por las mayorías del Partido Popular. Algunos proyectos y contratos ya firmados por el anterior Gobierno de Ana Botella (PP) han sido puestos bajo la lupa. Nada en comparación con la operación Chamartín.
Por ejemplo, la posibilidad de anular la venta de viviendas públicas de alquiler al fondo buitre Blackstone hace referencia a 1.860 pisos y 130 millones de euros. El célebre centro comercial en el Madrid Río es un edificio de unos 40.000 m. Chamartín desborda por mucho estas cifras: el suelo se ha cifrado en 1.200 millones que Adif debe cobrar de la promotora. Ésta planea gastar otros 3.000 para construir. Las administraciones públicas (Ayuntamiento y Comunidad de Madrid) se comprometieron a aportar otros 2.100 millones de euros.
Así que, con apenas 15 días cumplidos en el cargo, Manuela Carmena se ha entrevistado con el jefe de máquinas de todo este entramado. A la espera de que, igual, la justicia le resuelve el problema si confirma que no habrá rascacielos en la prolongación norte de la ciudad, la visión de la alcaldesa y de la empresa parten tan distantes como el norte del sur.
