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La PDLI protesta ante la Fiscalía por la petición de cárcel a dos periodistas de ABC

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha manifestado su apoyo a Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, los redactores imputados por publicar una información bajo secreto de sumario

Según la Plataforma, la responsabilidad penal no debería recaer sobre los periodistas o los medios de comunicación sino sobre la persona que haya cometido el delito

 

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La Fiscalía solicita prisión para los periodistas que publicaron una conversación en la que se mencionaba a Bárcenas EFE

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) se ha dirigido a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, para manifestar su protesta por la petición de la Fiscalía de dos años y medio de prisión para Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, los periodistasde Abc que informaron del contenido de un pinchazo telefónico a dos presuntos miembros de la mafia en el que se mencionaba a Bárcenas. La Plataforma considera que se trata de un "ataque a la libertad de información y al derecho de los ciudadanos a conocer hechos veraces y relevantes".

El periodismo no es delito

Tras conocer la petición del Fiscal, la PDLI manifestó su apoyo a los dos redactores imputados e insistió  que, en caso de haberse producido alguna responsabilidad penal por la filtración, no cabría atribuirse ni a los periodistas ni al medio que lo publicó. Además, ha recordado que la  información de ABC fue publicada cuando los dos investigados ya estaban detenidos y en ningún caso puso en peligro las pesquisas. 

Como ya hiciera en su día, tras  el anuncio de una investigación a eldiario.es a raíz de la información publicada sobre los mensajes de los Reyes a Javier Lopez Madrid, la PDLI ha recordado que "el periodismo no es delito" y que "en caso de haberse producido alguna irregularidad de las contempladas en nuestra legislación al haber salido a la luz comunicaciones privadas –revelación de secretos, obstrucción a la justicia o infidelidad en la custodia de documentos– no podrían imputarse en ningún caso al medio de comunicación que da difusión a tales contenidos, sino a la persona que directamente lo hubiera cometido".

Según la PDLI, existen dudas jurídicas sobre si es posible acusar al periodista ya que, para poder probar el delito que supuestamente hubieran podido cometer –el delito de difusión a terceros– hay que probar el delito de apoderamiento previo. Por ello, Carlos Sánchez Almeida, Director General de la Plataforma, cree que "acusar al periodista sin acusar al filtrador judicial es una acusación coja, además de injusta".

La función del periodismo

No es la primera vez que la Plataforma manifiesta su descontento ante la justicia a raíz de amenazas a la prensa por la publicación de filtraciones. En el 2015, la Plataforma se remitió a Rafael Catalá –actual ministro de Justicia en funciones– para mostrarle su rechazo ante su sugerencia de sancionar a aquellos medios de comunicación que "informen, mediante filtraciones, sobre casos que están bajo investigación judicial". 

El caso de Muñoz y Morcillo ha llevado a la PDLI a insistir en que "dar a conocer informaciones relevantes, veraces y de interés público es la función del periodismo  y una piedra básica del sistema democrático". Para la Plataforma, es algo demostrado por los reiterados pronunciamientos de los Tribunales en aquellos casos donde han tenido que ponderar la posible colisión entre la libertad de expresión y otros derechos, específicamente cuando se trata de figuras de relevancia pública o asuntos de interés general.

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