El PSOE lamenta la cerrazón del PP para mejorar la respuesta al machismo

La portavoz socialista de Igualdad en el Congreso, Ángeles Álvarez, expresa la decepción, el enfado y la frustración del PSOE por la “cerrazón” del Gobierno para buscar acuerdos con la oposición con el fin de mejorar la respuesta institucional a la violencia machista en los presupuestos de 2017.

En una entrevista con Efe, la diputada socialista opina que el Ejecutivo ha lanzado “un mensaje muy desalentador” y muestra su preocupación porque “si hubiese una prórroga de las cuentas de 2017, tendríamos más de dos ejercicios sin dotación económica para implementar las medidas del pacto contra la violencia de género”.

Álvarez indica que los grupos parlamentarios del Congreso tienen la “obligación” de alcanzar un acuerdo de Estado en esta materia en el plazo de un mes, a contar desde el próximo 1 de junio, cuando está prevista la última comparecencia en la subcomisión creada en la Cámara baja para promover el pacto.

La mayoría de los expertos que han comparecido en el Congreso, según la diputada, han manifestado la necesidad de combatir todas las formas de violencia contra las mujeres recogidas en el Convenio de Estambul, pero no han visto adecuado que se abra la ley integral de violencia de género de 2004 para dar respuesta a este tratado.

El Convenio de Estambul obliga a los Estados que lo han ratificado, entre ellos España, a disponer de legislación para ofrecer respuestas de seguridad, justicia y reparación a las víctimas de las diferentes formas de violencia contra la mujer, pero no dice que se tengan que dar a través de una sola norma legal, sino que se pueden incluir en distintas leyes, explica.

Así, apunta, la ley integral de 2004 da solución a la violencia contra la mujer en el seno de la pareja, pero también es necesario impulsar de manera “urgente” una ley de trata y promover una legislación específica en materia de agresiones sexuales para resolver los problemas existentes en la prevención y la reparación del daño.

Muchas de las intervenciones en la subcomisión se han centrado en la violencia en el ámbito de la pareja, porque “tiene una mayor incidencia social”, y han reconocido “el camino que abrió la ley de 2004, aunque se identificaron disfunciones en su aplicación que hay que subsanar”, subraya.

En relación a las mujeres que inician el proceso de salida de la violencia, destaca que hay consenso en torno a la posibilidad de que la acreditación como víctima no la dé exclusivamente la sentencia de un juzgado, sino que se habiliten los sistemas de seguridad y servicios sociales para que las mujeres puedan acceder a las prestaciones de apoyo antes de que haya una resolución judicial.

En los casos en los que no está funcionando adecuadamente, precisa, hay que corregir la respuesta institucional, tanto para aquellas mujeres que se han acercado a demandar ayuda y protección al Estado como para aquellas que nunca han acudido a los servicios públicos.

El grupo parlamentario socialista va a exigir que el pacto incluya la derogación de la nueva ley de régimen local que quitó a los ayuntamientos las competencias en materia de igualdad.

Así, se podrán reforzar los centros de la mujer y los servicios sociales en materia de violencia de género y de igualdad de oportunidades, lo que permitirá habilitar “un sistema de detección temprana de víctimas que puede ayudar mucho a que las mujeres den el paso de una manera adecuada sin correr riesgos”, agrega.

En el ámbito de la Administración de justicia, resalta, uno de los problemas que se ha apuntado de manera insistente en la subcomisión es la falta de especialización de los jueces que están en los juzgados de violencia sobre la mujer.

Entre las “deficiencias” detectadas en el sector de la justicia, apunta que hay muchas comunidades autónomas donde no se han creado unidades de valoración forense.