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Una jueza de Soria ordena buscar a dos generales franquistas por un fusilamiento de 1936

Ordena, contra las directrices judiciales, que se investigue el paradero de dos militares por el asesinato de 10 personas en 1936 en el pueblo soriano de Barcones

Entre las víctimas, un telefonista, un concejal o un jornalero. Fueron asesinados de dos en dos en una cuneta

Las familias encontraron en 2013 los restos de seis de los 10 asesinados gracias a donaciones privadas

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Fosa común del cementerio de San Rafael, en Málaga.

Foto de archivo de una fosa común del cementerio de San Rafael, en Málaga

La inmensa mayoría de jueces que reciben una denuncia por un asesinato de la represión franquista no admite la denuncia. El resto, la admite pero inmediatamente la archiva siguiendo las directrices judiciales que se establecieron en 2008, cuando Garzón fue expulsado de la Audiencia Nacional por investigar estos crímenes.

Pero a veces hay excepciones como el de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almazán (Soria), que ha reclamado el paradero de los responsables militares del asesinato de 10 civiles en Barcones (Soria) en la mañana del 14 de agosto de 1936. La jueza quiere saber qué ocurrió y por eso ha pedido la declaración de los supuestos culpables, en caso de estar vivos, y la documentación de la represión en la zona que tenga el Archivo Histórico Provincial de Soria y el Archivo de Salamanca.

La asociación Recuerdo y Dignidad de Soria acudió al juzgado en julio de 2013, una semana antes de que el equipo del médico forense Francisco Etxeberria comenzará a buscar a las víctimas. "Admitieron la denuncia pero acabó archivada porque decían que nadie era culpable de aquello. Acabamos recurriendo hasta al Tribunal Constitucional, pero ya no sabíamos qué hacer, hasta que nos dimos cuenta de que sí que existían pruebas para investigar quiénes fueron los responsables. El pasado marzo presentamos documentación de las cárceles y testimonios para la reapertura del caso y el 1 de junio nos hemos llevado la sorpresa", explica Iván Aparicio, portavoz de la asociación.

Un telefonista, un concejal de Cultura...

Entre las 10 víctimas de aquella mañana del 14 de agosto de 1936 había un jornalero, un telefonista, un guardabarreras e incluso un concejal de Cultura. De ellos, seis eran vecinos de San Esteban de Gormaz. Fueron sacados de la cárcel de Burgo de Osma en un camión al que subieron por el camino a otros cuatro sindicalistas de CNT. En una cuneta de Almazán fueron fusilados de dos en dos. La exhumación organizada en 2013 consiguió recuperar seis cuerpos.

El resto están desaparecidos. La asociación pagó las pruebas genéticas y todos los gastos gracias a donaciones privadas. "Una de ellas fue de 2.000 euros de un ciudadano de Barcelona; Miquel. Una mañana, camino del trabajo, me escuchó en la radio contar lo que estábamos haciendo y que no teníamos un duro. No se lo pensó y nos donó 2.000 euros. Cuando terminó la identificación de los cuerpos y se los entregamos a los familiares le llamé para que viniera al acto. Me dijo que en ese momento estaba en paro, pero que no se arrepentía del donativo, que lo volvería a hacer", relata Aparicio.

Trabajos de exhumación en la localidad soriana de Barcones / JULIÁN DE LA MATA

Trabajos de exhumación en la localidad soriana de Barcones / JULIÁN DE LA MATA

La falta de dinero público para recuperar los restos que hijos y nietos de fusilados reclaman a través de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica es una constante desde que hace 13 años se recuperara el primer cuerpo con métodos científicos. La escasez de subvenciones se ha acentuado desde que Mariano Rajoy llegó al Gobierno y suspendió todas las ayudas que el Gobierno socialista otorgó para estos proyectos. "Algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando hay subvenciones", dijo el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) reclamó el pasado miércoles en la Cámara la dimisión del diputado.

"La mayoría de las personas octogenarias que tienen una madre o un padre desaparecido afirman que se podrán morir tranquilas cuando los hayan encontrado y enterrado dignamente. Los nietos y nietas de esos desaparecidos conocen el permanente dolor de sus padres y madres, la angustia que han sufrido toda la vida por no poder llevar sus restos a un lugar digno", denuncia la ARMH. "Esa es la razón por la que sus declaraciones pueden considerarse crueles y degradantes", añaden.

Busca a dos generales de Franco

La jueza de Almazán ha reclamado a la Policía Judicial que investigue el paradero del "Sr. General de la 5ª Región Orgánica y Comandante Militar de Zaragoza, (en el momento del nombramiento del Comandante Militar de Soria) Miguel Cabanellas Ferrer, así como (en el momento de los asesinatos) el General Germán Gil y Yuste". El juzgado quiere saber si "siguen vivos, para ser oídos, en su caso, en declaración". Además ha reclamado los datos del entonces jefe de la Comandancia Militar de Soria, Rafael Sevillano, así como el Gobernador Civil, Ramón Enrique Casado García".

Exhumación de fosa en el Cementerio Viejo de Arganda del Rey. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH)

Foto del proceso de una exhumación

La ARMH acude siempre al juzgado correspondiente cuando va a hacer una exhumación con el objetivo de implicar a la Administración en la búsqueda, identificación y esclarecimiento de los hechos. "La mayoría tira a la papelera la denuncia. Nos han dicho que deberíamos denunciar a esos jueces porque están incumpliendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a que si aparecen unos cuerpos con signos evidentes de muerte violenta se investiguen los hechos", detalla Emilio Silva, presidente de la ARMH. En contadas ocasiones, la ARMH ha conseguido que el juzgado pagara las pruebas de ADN como en Villablino (León) en 2002, en Pepino (Toledo) en 2003 o en Otero de los Herreros (Segovia) en 2003.

Casi un lustro después, en diciembre de 2007,  el Gobierno aprobó la Ley de la Memoria Histórica que nunca desarrolló sus artículos para que la búsqueda de los restos, su exhumación y las pruebas genéticas fueran pagadas por el Estado.

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