El Consejo de Europa pide al Gobierno que no indulte a funcionarios condenados por torturas

El comisario europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha pedido al Gobierno español que no otorgue indultos a responsables policiales que hayan sido condenados por vulnerar derechos humanos. Hace unos meses, el Ejecutivo de Mariano Rajoy indultó a cuatro mossos d'Esquadra que habían sido condenados a seis años y siete meses de prisión en 2009, por delitos contra la integridad moral, torturas y lesiones.

Aunque ha calificado como “un gran avance” la obligación de identificación de los agentes en manifestaciones, ha isntado a la creación de un mecanismo independiente para resolver las quejas contra la actuación de los agentes. También denuncia que hay un “abuso” del uso de las pelotas de goma y de porras extensibles.

El comisario se ha entrevistado durante cuatro días con representantes del Gobierno y de diversos sectores para evaluar el impacto de la crisis económica y las medidas de austeridad sobre los derechos humanos, con especial atención sobre los niños y personas con discapacidad.

En este sentio, ha mostrado su preocupación por la pobreza infantil en España y ha “aplaudido” las medidas aplicadas por algunas comunidades autónomas, como Andalucía, para facilitar la alimentación a los escolares.

“Me han relatado historias de niños que se desmayan en clase, que van con la misma ropa durante dos semanas o que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por los desahucios que viven sus familias”, ha explicado el comisario, quien ha opinado que España vive una “situación de crisis severa”.

Además, de en Madrid, donde se ha entrevistado con la ministra de Sanidad, Ana Mato; con los responsable de las secretarías de Estado de Educación y Justicia; de la Guardia Civil y la Policía Nacional y con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, el comisario se ha desplazado a Andalucía.

“Me ha sorprendido un poco que las competencias para mitigar estas situaciones de pobreza infantil estén en manos de las comunidades autónomas”, ha reconocido el comisario, quien ha opinado que los datos de Unicef y de otras organizaciones “indican una situación seria” en relación con los niños.

Ha defendido las iniciativas aplicadas por comunidades autónomas encaminadas a ayudar a los grupos más necesitados, como facilitar los servicios médicos a los inmigrantes en situación irregular o dar comidas en los colegios.

Según el comisario, “España es un país descentralizado, donde el Gobierno central tiene pocas herramientas” y con una política social externalizada en las ONG, “a las que se les da dinero para que haga cosas”.

“Propongo diálogo y cooperación entre el Gobierno y las comunidades autónomas para buscar la mejor solución”, ha dicho el comisario que tiene previsto realizar un informe a lo largo del verano con distintas recomendaciones.

El comisario ha aclarado que su visita oficial no es porque haya una “situación de emergencia, sino que era el turno de evaluar a España”, cuyo último informe se realizó en 2004.

Nils Muiznieks ha destacado tener una “impresión muy positiva” del grado de cumplimiento de los derechos humanos respecto a las personas con discapacidad, aunque ha alertado de las consecuencias que los recortes tienen en los derechos de estas personas, especialmente en la accesibilidad a los lugares públicos. “España tiene que estar orgullosa de la integración de las personas con discapacidad, en aspectos como la educación”, ha indicado el comisario, quien ha destacado que casi el 80 por ciento de niños estudian en escuelas ordinarias.