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Descienden un 18% las peticiones de protección policial pese a que suben las denuncias por violencia machista

Las solicitudes para que los agentes vigilen a las víctimas pasaron de 64.068 a 52.488 en un año, una caída de más de 11.500 requerimientos entre 2013 y 2014

La Confederación Española de Policía da dos razones: las denuncias que no prosperaron y los agresores que fueron enviados a prisión, aunque ni uno ni otro dato han crecido

Desde el Sindicato Unificado de Policía aseguran que, por la escasez de funcionarios, cada policía da cobertura a 50 o 60 mujeres

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Buscan a un joven de 23 años desaparecido el martes en Las Navas del Marqués (Ávila)

Las peticiones de protección policial se reducen un 18% en solo un año. \ Efe

En solo un año, las peticiones para que la policía proteja a las víctimas de violencia machista se han reducido en 11.580. Han pasado de 64.068 a 52.488, según datos extraídos del nuevo  portal estadístico del Ministerio de Sanidad. El descenso del 18% entre 2013 y 2014 choca con el  aumento del número de denuncias del 1,5% registrado el año pasado en un ruptura de la tendencia a la baja de los últimos años.

Las medidas de protección policial están vinculadas al informe de valoración del riesgo que se elabora a partir de una serie de ítems y preguntas cerradas en "las que cabe muy poco la subjetividad de los agentes", se escuda una portavoz de la Confederación Española de Policía. Esta evaluación se realiza el mismo día que la persona acude a la comisaría a denunciar. Al mismo tiempo, se pone en marcha, antes incluso de la primera vista y si así lo solicita la víctima, una orden de alejamiento.

En la primera vista, tras la que no hay sentencia firme, el juez dictamina las medidas cautelares, entre las que se contemplan las de protección policial en diferentes grados según el nivel de riesgo de la mujer. Son los agentes de la Unidad de Prevención Asistencia y Protección (UPAP) los encargados de proveer este servicio de vigilancia. En los casos de peligro extremo, por ejemplo, se realiza un control intensivo de los movimientos del agresor y se vigila día a día la entrada y salida de los hijos del centro escolar. "En cualquier caso, los funcionarios de esta unidad tienen un teléfono que permite la comunicación 24 horas con la víctima, lo que les revierte en un plus por disponibilidad a final de mes", explica la misma portavoz.

El número de medidas policiales concedidas se mantiene constante en los dos últimos años, poco más de 16.000, a pesar de que varíe el volumen de peticiones. En todo caso, nunca superan el 30% de las solicitadas. Es decir, se concedió en menos de uno de cada tres casos en los que se solicitó protección policial para la víctima. Es una proporción incluso inferior al de las medidas de salvaguarda –como el alejamiento o la prohibición de comunicaciones– no concedidas en 2014 que se situó en un 42%, según el Obsevatorio contra la Violencia de Género.

Para justificar el descenso en las peticiones de protección policial, fuentes de la Confederación Española de Policía apelan a dos razones: las denuncias que los jueces desecharon y el número de agresores que fueron enviados a prisión y que por lo tanto, no representan una amenaza mientras están encarcelados. "No es un problema policial, sino judicial. Los parámetros para valorar el riesgo de las mujeres que denuncian no han cambiado y están marcados por la Secretaría de Estado de Seguridad. Es los juzgados donde se ejecutan las sentencias", apuntan.

Sin embargo, las cifras no casan con esta explicación. En 2013, un 0,63% de los hombres denunciados (792) quedaron privados de su libertad, una suma que, incluso, en 2014 ha descendido ligeramente al 0,62% (795). Tampoco se ha dado un porcentaje superior de denuncias desestimadas. Es más, ha sido inferior: el año pasado se sobreseyeron un 39,8% de ellas (algunas de forma definitiva y otras provisional), dos puntos porcentuales menos de las que se invalidaron en 2013.

Desde las asociaciones de mujeres aluden a otras razones para interpretar esta caída. "Sigue siendo necesaria una formación más especializada de todas las personas que intervienen en estos procesos. Desde los operadores jurídicos a los psicosociales. Falta también sensibilización y conocimiento sobre cómo se comporta una víctima de violencia de género cuando se atreve a denunciar", argumenta Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.

Amalia Fernández, de la asociación de Mujeres Themis, recalca "el daño que hace el discurso de las denuncias falsas". "En la reforma del Estatuto de la Víctima, ahora suavizado, se prentendía sancionar económicamente a las mujeres que no lograran probar lo que denuncia y se beneficiaran de medidas de protección cautelares. Y esto disuade", señala.

Un agente para 50 víctimas

Fuentes sindicales de la Confederación Española de Policía insisten en que de unos años a esta parte la red de protección que brinda la policía "ha mejorado mucho". "Hasta hace no mucho por cada 200 víctimas a lo mejor había un agente. No daban abasto", admiten. Desde el Sindicato Unificado de Policía señalan que "se recomienda que cada funcionario tenga como mucho a 20 víctimas asignadas, pero la realidad es que la escasez de funcionarios que asola el CNP (Cuerpo Nacional de Policía), hace que un solo policía de cobertura a unas cincuenta o sesenta víctimas".

Juan Aguilar, comisario de Participación Ciudadana y exjefe de la UPAP, cifra en 575 el número de funcionarios que trabajan para la unidad, 445 de ellos en activo y 130 en segunda actividad a 31 de octubre de 2014. En esa misma fecha, y según los datos que maneja, había seis mujeres en España en situación de riesgo extremo. "En este nivel la protección la hace el radio-patrulla, no la UPAP, y normalmente es hasta que se detiene al agresor", explica.

El mayor problema, según las asociaciones de mujeres, es la reducción casi automática del nivel del riesgo con el paso de los meses. "Con cada nueva evaluación desciende si no se ha producido ningún episodio o si han existido pero no se consideran relevantes", indica Amalia Fernández. En los casos en los que se dicta pena de prisión para el agresor, en el momento de la salida, ya sea por permisos carcelarios o una excarcelación definitiva, se comunica la situación a la víctima y se hace una nueva valoración del peligro que corre, según apunta Juan Aguilar.

En lo que llevamos de 2015, seis mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, según la última actualización de datos del Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales a fecha de 18 de marzo. Solo una de ellas había denunciado y cinco mantenían la relación sentimental con su agresor. Son los datos oficiales, pero a ellos hay que sumar otras dos vidas más en un lunes negro en el que dos hombres han matado a sus compañeras en Málaga y Lleida. Además, se ha conocido otro caso en Gibraltar cuya investigación está en curso.

El año pasado se presentaron, de acuerdo con cifras del Observatorio del CGPJ, 126.742 denuncias. O, lo que es lo mismo, una media de 347 al día. Durante esos 365 días, la violencia machista se llevó por delante la vida de 54 mujeres.

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