La muerte de un inmigrante deja al descubierto el “agujero negro legal” del sistema de detención canadiense

Era un plan que tardó meses en llevar a cabo. Francisco Javier Romero Astorga soñaba con dejar su Chile natal y comenzar una vida nueva en Canadá, posiblemente en torno a su amor por la música o por la cocina. Pero tres meses después de dejar la ciudad balnearia de Viña del Mar para empezar de nuevo en Toronto, el hombre de 39 años desapareció.

Su familia, muy preocupada, se comunicó con el consulado chileno en Canadá. Les informaron que Francisco había sido detenido. Más tarde, la familia averiguó que había sido detenido por guardias de frontera.

Pasaron semanas antes de que la familia supiera algo más. Un escueto y devastador llamado telefónico del consulado les dio la noticia: Francisco había muerto. Dos meses después, aún se sabe poco sobre la muerte de Francisco. “Francisco se fue de Chile en perfectas condiciones, pasó la mayoría del último tiempo en el centro de detención de inmigrantes en Canadá y ahora está muerto”, repasa su hermano Esteban. “No tiene sentido”.

Desde el año 2000, al menos 15 personas perdieron la vida bajo custodia de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA). El sábado pasado murió un hombre de 24 años en Edmonton (Alberta) también bajo custodia de la CBSA.

Se cree que cinco de los fallecidos murieron por causas naturales y tres se suicidaron mientras estaban detenidos. Todavía se desconocen las causas de las otras seis muertes. Cada una de ellas dejó a los familiares y amigos de todas partes del mundo la difícil tarea de reconstruir lo sucedido.

“Estamos totalmente a ciegas”, explica Esteban Romero Astorga. El joven no tenía ninguna idea de por qué su hermano había sido arrestado o de cuál era su situación migratoria al momento de la detención. “Necesitamos la ayuda de los canadienses para obtener respuestas”.

La muerte de su hermano (uno de los dos inmigrantes detenidos que murieron en marzo) ha reavivado los pedidos de una revisión general sobre la manera en la que Canadá trata a aquellos que violan la ley de extranjería del país, un área legal en Canadá que algunos críticos describen como un “agujero negro”. 

La CBSA tiene la potestad de detener a los extranjeros que considere en riesgo de fuga y amenaza para la seguridad pública. También a los extranjeros cuyas identidades no pueda confirmar. El alcance judicial de la agencia también abarca a los niños, como el niño sirio de 16 años que pasó tres semanas en régimen de aislamiento a principios de año por pasar a Canadá desde EEUU en busca de asilo.

Las muertes ocurridas bajo custodia de la CBSA resaltan un aspecto de Canadá criticado por la ONU en el que está muy atrasado con respecto a otras naciones occidentales. Una cara oculta de Canadá detrás de su reputación de país que recibe a los inmigrantes con los brazos abiertos. 

Canadá es uno de los pocos países occidentales en el que las detenciones no tienen límite temporal. En Reino Unido, la Cámara de los Lores votó en marzo a favor de un límite de 28 días para las detenciones a menos que un tribunal dicte lo contrario. En EEUU, tras un fallo histórico de la Corte Suprema en 2001, detener a alguien durante más de seis meses necesita justificación.

Según el asesor de inmigración del bufete de abogados Carranza LLP en Toronto, Macdonald Scott, “Canadá es un Estado renegado”. “Lo que termina sucediendo es que la gente pasa entre 10 y 12 años detenida”. 

De acuerdo con las autoridades fronterizas de Canadá, desde abril de 2014 hasta marzo de 2015, fueron detenidas 6.768 personas. De ellas, 2.366 quedaron en libertad y 3.325 fueron deportadas (con la salvedad, aclararon, de que una persona podría ser detenida y puesta en libertad más de una vez). La duración promedio de la detención fue de 24,5 días. Pero para los que terminan en medio de un litigio de deportación con otro país, el limbo legal puede extenderse durante años. 

Por problemas de espacio, al menos una de cada tres personas detenidas bajo el sistema de inmigración de Canadá vive en prisiones provinciales. Según varios activistas de derechos humanos, muchas veces están hacinados en pequeñas celdas 21 horas por día y sin acceso a llamadas internacionales ni asesoría legal. Aunque las condiciones son diferentes a lo largo del país, en algunas instalaciones los inmigrantes detenidos no están separados de la población carcelaria.

El resultado es una mezcla que a veces tiene consecuencias mortales. Como las que sufrió Kevon Phillip (24), un hombre proveniente de Trinidad y Tobago, padre de familia, que había vivido en Canadá durante 15 años. En pleno proceso de deportación, murió en 2010 después de que sus compañeros de celda le dieran una paliza.

Según Scott, “no se debería usar la prisión para hacer valer leyes administrativas”. En su opinión, es como usar un palo para castigar a la gente que no paga una multa de tránsito. Un estudio de la Universidad de McGill en Montreal de 2013 reveló el daño mental que puede causar la prisión en los detenidos por inmigración. El 33% sufrió trastornos por estrés postraumático tras cortas estadías de aproximadamente 31 días.

Desde hace tiempo, los defensores de los derechos humanos señalan que una detención puede ser particularmente estresante para los que piden asilo o para los que sufrieron conflictos bélicos o tortura. Scott asegura haber “visto gente volviéndose loca”. Trabaja en casos de inmigración desde hace más de 20 años. “He visto a mi gente morir lentamente”. 

Entre los que piden una reforma, se encuentran varios de los detenidos. “Nos encierran y se olvidan de nosotros”, asegura un hombre de 51 años desde una prisión del sur de Ontario, detenido desde hace más de seis años por violar la ley de extranjería, a pesar de haber vivido en Canadá durante 27 años.

“He visto morir a otras cinco personas detenidas conmigo mientras estaban bajo custodia de la CBSA; la detención nunca termina y me preocupa que el próximo pueda ser yo. Quiero que esta detención termine ya”, dijo el hombre en un comunicado. Pidió que su nombre no trascendiera por miedo a represalias de las autoridades.

Según Josh Paterson, de la ONG British Columbia Civil Liberties Association, muchos de los que conocen de primera mano lo que significa estar detenidos son reacios a hablar por temor a represalias: “Incluso si logran obtener su petición de asilo o lo que sea, es posible que no quieran meterse en líos con el mismo gobierno al que están pidiendo protección”. 

El silencio sobre los abusos en el sistema se perpetúa por culpa de las mismas autoridades de frontera. Muchas veces, las muertes ocurridas bajo custodia de la CBSA se envuelven en un manto de confidencialidad. Para evitar divulgar nombres y nacionalidades, la agencia alega temas de privacidad. En la mayoría de los casos, la identidad de los fallecidos y las circunstancias de sus muertes sólo fueron descubiertas por el trabajo minucioso de periodistas locales y defensores de los derechos humanos. 

La organización de Paterson es una de las tantas que en Canadá piden al gobierno la creación de un organismo independiente para controlar e investigar las quejas contra la CBSA. Según Paterson, “es una agencia que parece salirse fuera de control en una gran cantidad de circunstancias distintas”. “A diferencia de lo que ocurre con casi todas las otras agencias policiales y servicios de seguridad fronterizos de los otros países de habla inglesa de la Commonwealth, no existe un organismo independiente que supervise a la CBSA”. Hasta ahora la agencia (creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU) se investiga a sí misma. 

Paterson confía en que la supervisión, junto con una revisión de las prácticas, ayudará a garantizar que los oficiales de inmigración sirvan verdaderamente a las necesidades del país, en lugar de violar sistemáticamente los derechos de las personas más vulnerables. “Esta agencia parece ser completamente inmune a la transparencia y a la responsabilidad”.

La agencia funciona bajo el ala del Ministerio de Seguridad Pública. En un comunicado dirigido a The Guardian, el ministro del CBSA, Ralph Goodale, se refirió a los pedidos de reforma. “Me preocupan las recientes muertes ocurridas en detención y acompaño en el sentimiento a los familiares de esas personas”, dijo. “El Gobierno está estudiando el programa nacional de detención de migrantes del CBSA y viendo la mejor forma de proporcionar a la agencia los mecanismos de revisión necesarios. Nuestro objetivo es garantizar que el enfoque de Canadá sea de primer nivel, incluidos los métodos para hacer cumplir la ley, con transparencia efectiva y responsabilidad”.

Según el ministro Goodale, Canadá le abrió las puertas a 25.000 refugiados sirios: “ACNUR reconoce el sistema de refugiados de Canadá como uno de los mejores del mundo, pero debemos y podemos mejorar”.

La familia de Francisco Romero Astorga ha prometido seguir buscando respuestas hasta que lleguen los cambios; con la esperanza de saber cómo este padre de cuatro hijos pasó sus últimos días en Canadá. Según su hermano Esteban, están “peleando por saber las cosas más básicas”. “Si pidió un doctor, si le brindaron la asistencia médica adecuada, o si pasó mucho tiempo antes de que lo atendieran”.

“Estas personas dejan atrás su hogar en busca de un futuro mejor. No deberían volver a su casa en un ataúd”, afirma Esteban. “Nadie más debe sufrir como estamos sufriendo nosotros”.

Traducción de Francisco de Zárate