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Medidas contra la pobreza energética: más allá del bono social

Solucionar la pobreza energética es construir una sociedad menos desigual y más cohesionada. Pero es también una obligación legal

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Entre 100 y 300 personas fallecieron en Canarias de 1996 a 2011 debido a la pobreza energética.

Imagen de archivo.

Resolver el problema de la pobreza energética en España es no sólo una obligación moral y legal con los más de 5 millones (8% de los hogares) de personas que no pueden mantener su vivienda en condiciones adecuadas de temperatura ni usar energía para iluminarse o cocinar. Es además una oportunidad de mejorar el funcionamiento de nuestro sistema energético y cumplir con los acuerdos internacionales de lucha contra el cambio climático a los que nuestro país se ha comprometido.

Es una obligación moral porque afecta a los más débiles de la sociedad: a nuestros mayores (la pobreza energética es una de las causas de aumento de mortalidad causada por enfermedades cardiovasculares y respiratorias en personas de más de 60 años en invierno), a nuestra infancia y nuestra juventud (la pobreza energética provoca falta de concentración, ansiedad y depresión en este grupo de la población, lo que a su vez genera problemas de aprendizaje y retrasos en el colegio). Afecta más a las personas que viven en viviendas más antiguas, a los que tienen trabajos más precarios o están desempleados y a los hogares con un miembro de la familia enfermo. Afecta a las madres con menores a su cargo, es decir, a más de 1,7 millones de hogares en España. Solucionar la pobreza energética es construir una sociedad menos desigual y más cohesionada.

Pero es también una obligación legal. Lo dice la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del sector eléctrico. Lo dice la Comisión Europea en su último paquete de medidas sobre clima y energía. En ambos casos se habla de la necesidad de definir adecuadamente el concepto de consumidor vulnerable de pobreza energética y de desarrollo normativo para paliar el problema. En esta línea, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2016 en diciembre del año pasado, que modifica los criterios que regulan el acceso al bono social e introduce algunas medidas que tratan de reducir el impacto de la pobreza energética. Se trata de un modesto primer paso. Sigue pendiente resolver el problema de los hogares que no pueden pagar la factura de electricidad. Además, no podemos olvidarnos del gas, que no está incluido en el bono social, y del que dependen muchas familias para cocinar y calentarse.

Hay que hacer mucho más para reducir la pobreza energética en España. A falta de regulación adecuada en el nivel nacional, los actores relevantes en este terreno (consumidores, empresas energéticas, gobiernos locales, comunidades autónomas, ONG y otros colectivos sociales) se han puesto manos a la obra y han llegado a acuerdos por los que tratan de coordinarse en caso de impago de facturas y evitar cortes de suministro en los casos de hogares de mayor vulnerabilidad. Pero son acuerdos parciales, sin coordinación entre ellos y que en cualquier caso no cubren a todos los consumidores vulnerables. Ni todas las empresas energéticas han llegado a acuerdos, ni todos los municipios forman parte de alguno de ellos.

En cualquier caso, ha supuesto más carga para los servicios sociales que ya habían sido objeto de recortes en los presupuestos públicos, lo que les sitúa en una difícil posición para asumir adecuadamente el trabajo extra derivado de estos acuerdos.

Uno de los factores más importantes relacionado con la pobreza energética en España tiene que ver con el precio de la energía, que no ha dejado de subir en los últimos años. Tiene también ver con cómo se factura la energía en nuestro país, con una parte fija muy alta que hace que cualquier medida de ahorro y reducción de consumo energético tenga muy poca relevancia en la factura final.

Una mejor regulación del sistema eléctrico en España implicaría como resultado que las medidas de ahorro tendrían más repercusión en el gasto dedicado a la energía por los hogares (también en el nivel empresarial, por cierto), lo que a su vez haría más atractivas medidas de rehabilitación energética, tan necesarias en España, de las viviendas, especialmente de las más antiguas, que es donde vive el mayor porcentaje de la población vulnerable a la pobreza energética. Esta mejor regulación pasaría por revisar los conceptos incluidos en el término fijo de la factura, el establecimiento de tarifas de consumo progresivas, reducción del 21% de IVA al que estamos pagando la energía y mayor flexibilidad en la potencia contratada, entre otras medidas.

Además, para acabar con la pobreza energética es necesario aprobar programas de rehabilitación de viviendas a gran escala, comenzando por los barrios donde se encuentran las viviendas y las familias más vulnerables.

Pero sobre todo hace falta más información a los consumidores, capacitación sobre medidas de ahorro, tipos de tarifas, ayudas existentes y sus derechos. Existe una falta enorme de conocimiento en temas energéticos en España. Queda mucho camino por recorrer en este sentido.

No podemos dejar de hablar de las energías renovables. Que uno de los países con mayor recurso solar de Europa obstaculice el uso de la energía solar para autoconsumo no tiene ningún sentido, ni económico, ni ambiental, ni social. Facilitar el uso de energía solar a nivel hogar reduciría de forma importante el presupuesto familiar dedicado a energía.

Caber recordar que España se ha comprometido, como el resto de la Unión Europea en el marco del Acuerdo de París, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático en un 40% para el año 2030 tomando como referencia los niveles de 1990. Se ha comprometido también a aumentar el uso de energías renovables en el 2030. De momento, no ha cumplido los objetivos de producción marcados para el 2015, tal y como se avisa desde Bruselas.

La nueva Ley de cambio climático y transición energética anunciada por la ministra García Tejerina es una oportunidad de oro para poner en marcha todas o gran parte de estas medidas y evitar así que haya ciudadanos de primera y de segunda en función de su acceso a la energía.

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