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¡Viva la (reforma de la) Constitución!

Miquel Iceta

Primer secretario del PSC —

En el momento de celebrar el 37º aniversario de nuestra Constitución es hora de rendirle un merecido homenaje: la Constitución de 1978 abrió el período más próspero y fecundo de la historia de España, se mire por donde se mire. Hago esta afirmación para salir al paso de los que de forma injusta, ignorante o interesada tienden a desmerecer la Transición española y sus logros. La Transición, como cualquier obra humana, puede y debe ser objeto de crítica, pero no de descalificación gratuita. Las elecciones de 1977, los Pactos de La Moncloa y la Constitución de 1978 fueron el trípode en el que se asentó el mayor acierto político de nuestra historia colectiva, un acierto que recibió un decisivo empuje en la derrota del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y en la victoria socialista del 28 de octubre de 1982. Quizá en el futuro se alcancen hitos democráticos y de progreso de calado histórico como la Constitución de 1978, pero será difícil que la superemos.

Precisamente el entusiasmo con el que cabe saludar el 37º aniversario de la Constitución y el deseo de que podamos celebrar otros muchos justifica el empeño por reformarla. Debemos renovar el pacto de convivencia de 1978 reconociendo nuevos derechos y libertades, mejorando la eficacia de las instituciones y la calidad de nuestra democracia, blindando el Estado social, y caminando hacia la España federal en una Europa federal. No hay Constituciones democráticas que resistan el paso del tiempo sin reformas. Ha llegado el momento de hacerlo en España. Son muchas las razones para acometer la reforma constitucional, y no es menor la de dar respuesta a la necesidad de encontrar un mejor acomodo de Cataluña en una España verdaderamente de todos. Cuando dos millones de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña prestan su apoyo electoral a opciones políticas que defienden la independencia y cuando otros muchos catalanes y catalanas consideramos insostenible la actual situación, no vale mirar hacia otro lado ni atribuir a la Constitución una carácter intangible que la propia Constitución niega al haber previsto mecanismos de reforma que no ponen más límites que los derivados de alcanzar las mayorías parlamentarias previstas y, en algunos casos, el refrendo mayoritario de la ciudadanía.

El Partido Socialista, en los acuerdos alcanzados en Granada en 2013 (Un nuevo pacto territorial: la España de todos y Hacia una estructura federal del Estado) y en la más reciente Propuesta socialista de reforma constitucional, desarrolla los contenidos de la reforma constitucional que propugnamos, desmintiendo a quienes nos atribuyen ambigüedades o inconcreción. Basta con tomarse la molestia de leer los mencionados documentos.

Merece la pena dedicar una reflexión específica sobre el papel que la propuesta socialista de reforma constitucional puede desempeñar en la resolución del problema catalán que, aunque con un marcado perfil propio, no es separable de la crisis institucional y política de España.

Estoy convencido de que en el marco de una reforma federal podremos resolver el reconocimiento constitucional de las aspiraciones nacionales catalanas, de su singularidad y sus derechos históricos, del carácter plural y diverso de los pueblos de España, unidos desde la libertad y el respeto mutuo en el afán de construir una sociedad más justa. Podremos delimitar mejor las competencias del Estado y de las Comunidades, atribuyendo también a las Comunidades con lengua propia especiales atribuciones en materia de educación y cultura. Podremos facilitar el establecimiento de Consorcios Tributarios y constitucionalizar los principios que deben informar la financiación autonómica, garantizando la solidaridad pero también su carácter equitativo que debe poder impedir, como señala el propio Tribunal Constitucional en su Sentencia sobre el Estatuto, “la peor condición relativa de quien contribuye con respecto a quien se beneficia” (principio de ordinalidad). Podremos, finalmente, tener un Senado federal que permita la participación efectiva de las Comunidades Autónomas en el gobierno del conjunto.

Desde el profundo respeto a lo conseguido en 1978 y precisamente para ser fieles al espíritu de consenso que animó a los constituyentes, debemos hoy abrir un espacio para el diálogo, la negociación y el pacto. Solo así seremos capaces de resolver el mayor de los problemas a los que hoy nos enfrentamos.

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