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Demasiadas incógnitas sobre el futuro

Las reformas laborales no han buscado otra cosa que ajustar el mercado de trabajo a las posibilidades del ciclo económico

El principio de estabilidad presupuestaria y los planes de ajuste constriñen la inversión pública en los países de la periferia europea y conllevan la desposesión de la ciudadanía respecto a sus recursos

¿Qué posición mantendrá una UE cuyo proyecto se encuentra en entredicho, expuesta al riesgo de que se reproduzca una nueva crisis financiera que afectaría a toda la Unión?

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El 34,4 % de los menores españoles está en riesgo de exclusión social, según un estudio

Imagen de archivo de una cola de espera a las puertas de una Oficina de Empleo. EFE

Comienza una nueva legislatura. Finalmente, Mariano Rajoy ha sido investido como presidente y el Partido Popular, ya sin mayoría absoluta, seguirá ocupando el Gobierno aunque en una posición mucho más frágil que la del anterior mandato de Rajoy. La tarea más inmediata que afrontan los populares es la de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y para ello necesitarán el apoyo de otros grupos del Parlamento. Después del culebrón al que hemos asistido durante los últimos meses, será un buen momento para observar qué oposición va a ejercer efectivamente cada partido, teniendo presente de entrada que de poco habría servido la investidura si el bloqueo se trasladara a la aprobación de los Presupuestos.

Pasó el tiempo de las promesas electorales, y cabe por tanto preguntarse qué nos va a deparar la cruda realidad en los próximos meses. Rajoy ya ha expuesto en el Parlamento que no está dispuesto a dar marcha atrás en sus reformas, y es que, al menos en materia económica, el PP ha encontrado en la mejora de los datos macroeconómicos y, especialmente, en la creación de empleo, argumentos para defender su gestión.

Y sin embargo, ¿son el crecimiento económico y la creación de empleo suficientes para hacer frente a los problemas que afectan al conjunto de la sociedad española? Debemos recordar que las reformas laborales no han buscado otra cosa que ajustar el mercado de trabajo a las posibilidades del ciclo, es decir, flexibilizar la contratación y el despido de manera que las empresas puedan adaptar sus costes en esta materia a las necesidades de la producción y a los requerimientos impuestos por los inversores en términos de beneficios. Unas medidas que han tenido como consecuencia, unidas a la devaluación salarial, un aumento de la precariedad laboral. Una precariedad que, a su vez, ha llegado para quedarse en tanto en cuanto no se produzcan variaciones en el ciclo económico.

Variaciones que no parece que vayan a tener lugar fácilmente. La actividad económica sigue mostrando una fuerte dependencia de la terna construcción, turismo y servicios, un modelo que mostró sus límites con el estallido de la burbuja inmobiliaria y resulta hoy por hoy imposible restaurar en aquellos términos.

Por otro lado, en lo que respecta al sector público y a su capacidad para atenuar con medidas sociales los efectos producidos por la crisis, y actuar como locomotora estimulando la economía, no parece probable que vayan a acometerse políticas de incremento del gasto si tenemos en cuenta varios condicionantes:

1) El cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria que impone la UE, traducido en el Estado español en la reforma del artículo 135 de la Constitución y en la aprobación de la llamada " Ley Montoro".

2) La escasa disposición del Gobierno a incrementar significativamente los ingresos públicos mediante una reforma que haga nuestro sistema tributario más progresivo y combata el fraude desarrollado por los grandes patrimonios.

3) Finalmente, una deuda pública superior al 100% del PIB, y la obligación de aplicar un nuevo plan de ajuste de 8.000 millones de euros.

Este conjunto de factores, es decir, los elevados niveles de desempleo, la precariedad laboral, el endeudamiento y las dificultades para que las administraciones puedan acometer políticas sociales y redistributivas, nos sitúan en un escenario en el cual la desigualdad y las diferentes formas de exclusión seguirán afectando muy probablemente a amplias capas de la población.

A ello debe añadirse la situación de los servicios públicos, y esto nos obliga a cambiar el foco desde el escenario local al conjunto de políticas que están siendo impulsadas desde las instituciones europeas. Hemos hablado ya cómo el principio de estabilidad presupuestaria y los planes de ajuste constriñen la inversión pública en los países de la periferia europea y conllevan la desposesión de la ciudadanía respecto a sus recursos, pero no debemos olvidar la profundización que sobre estos procesos implicaría la ratificación de los diferentes tratados de libre comercio que está impulsando la gobernanza europea: CETA, TTIP y TIPSA. Está por ver cómo afectará al TTIP la elección en EEUU como presidente del republicano Donald Trump.

La aplicación de estos tratados, al margen de las consecuencias que puedan tener sobre la soberanía de los estados, la economía, el empleo, la salud pública o el medio ambiente, implica una nueva vuelta de tuerca en la apertura de los servicios públicos a la prestación e iniciativa privadas, con las consecuencias que esto puede conllevar en cuanto a su carácter universal y las garantías para el acceso a los mismos, así como en la pérdida de calidad de aquellos cuya titularidad mantenga la Administración.

Finalmente, y ya en el ámbito de los mercados financieros, no debemos olvidar los problemas que atraviesa Deutsche Bank en Alemania o el rescate de la banca italiana, dos puntos sobre los cuales existen incógnitas acerca de cómo llegarán a resolverse. En teoría, y conforme a los nuevos criterios que establece la normativa europea, el recurso a ayudas públicas estaría bastante restringido, y sin embargo, ¿qué posición mantendrá una UE cuyo proyecto se encuentra en entredicho, expuesta al riesgo de que se reproduzca una nueva crisis financiera que afectaría a toda la Unión? En este sentido, cabe mencionar asimismo que las políticas de expansión cuantitativa y compras de activos desarrolladas por el BCE, si bien han servido para generar estabilidad en los mercados, no podrán mantenerse indefinidamente.

En definitiva, la coyuntura desde luego no parece favorable a una mejora de las condiciones de vida de las mayorías sociales, sino todo lo contrario. ¿Cómo influirá esta circunstancia en la crisis institucional que sufre el estado español? Dicho de otro modo, en un escenario en el cual las condiciones materiales de la ciudadanía tienden a ser cada vez más precarias, ¿hasta qué punto esta lamentable dinámica de huida hacia adelante a la que hemos asistido durante el largo ciclo electoral, refrendada por una parte no desdeñable de la población, será suficiente para que no se rompan definitivamente las costuras del régimen?

Puestos en esta tesitura, se hace más que nunca necesario trabajar para encontrar una alternativa que apueste por una solución democrática radical.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor.

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