Ángel Víctor Torres: “La UCO no va a encontrar audios ni mensajes míos fuera de la legalidad, yo persigo la corrupción”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE), se ha sentado por quinta vez en una comisión de investigación para ser interrogado sobre su papel durante la pandemia de Covid-19 como presidente del Gobierno de Canarias. Las cuatro anteriores comparecencias fueron en Madrid (tres en el Senado y una en el Congreso). La de este lunes ha sido en su tierra, en el Parlamento regional, y ha servido para cerrar, más de un año y treinta sesiones después, esta comisión.

“La UCO no va a encontrar ningún audio ni ningún mensaje de Ángel Víctor Torres fuera de la legalidad, ni con mujeres explotadas sexualmente, ni con pisos, ni con mordidas, porque desprecio la corrupción, la persigo y la perseguiré siempre”, ha contestado el ministro a preguntas del diputado de Vox Nicasio Galván con respecto a la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre la trama de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas que implica a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y a Koldo García, asesor del último en el Ministerio de Transportes.

“Podrán salir conversaciones de cualquier tipo, incluso hablando de terceros, pero le aseguro que no encontrará ni un solo mensaje de ilegalidad por parte de Ángel Víctor Torres”, ha insistido el ministro a Fernando Enseñat (PP).

En su comparecencia en la Sala de los Cabildos del Parlamento de Canarias, Torres ha sido especialmente duro con el Partido Popular, a quien ha acusado de “tratar de enfangar” su gestión con “difamaciones, calumnias y ataques personales”.

“Es despreciable”, concluyó el líder de los socialistas canarios, que ha contado que a principios de año se alegró cuando el juez Leopoldo Puente dio un plazo de diez días a Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama Koldo, para que probara las acusaciones que había vertido contra él, puesto que le permitió demostrar las falsedades.

Entre otras cuestiones, Aldama dijo que facilitó un piso al actual ministro de Política Territorial en la calle Atocha para encuentros “con señoritas”. Torres desmontó esas acusaciones acreditando que ese día estaba en Canarias y no en Madrid, como sostenía el empresario.

El empresario también manifestó entonces que Koldo le había pedido 50.000 euros para pagarle a Torres. “Niego haber pedido nada. Jamás en mi vida he pedido un euro para nada. Desprecio la corrupción y cuando se afirma eso es una difamación”, ha contestado el ministro a preguntas de la diputada Vidina Espino (Coalición Canaria), que ha sustituido en el interrogatorio en esta comisión al habitual José Alberto Díaz-Estébanez.

Torres también ha negado haber mentido en anteriores comparecencias sobre sus mensajes con Koldo (“El día siguiente de su declaración reconozco que he hablado con él y por eso me pidieron que dimitiera”) o de su reunión con otro de los empresarios implicados en la trama, Ignacio Díaz Tapia, de Megalab. “Lo que dije en el Congreso es que no creía haber visto a ese señor, que no le ponía cara. Y sigo sin ponérsela”, ha aseverado.

Soluciones de Gestión

Soluciones de Gestión, vinculada con la trama Koldo, recibió 12 millones de euros del Servicio Canario de Salud (SCS) por dos contratos. Torres ha vuelto a negar que conociera a Aldama y se remitió a sus comparecencias anteriores para explicar cómo llegó esta empresa a las Islas. Fue a través de un contacto entre Iñigo Rotaeche, representante de la proveedora, y Antonio Olivera, entonces director del Servicio Canario de Salud (SCS).

Torres ha negado que se le diera un trato de favor a esa empresa o que se pagara el material que se le suministraba a un precio superior al de mercado, como sostiene el PP. El expresidente del Gobierno canario recordó que en aquel momento, durante los primeros meses de la pandemia, estaban “desesperados” por obtener material de protección. En abril se adjudicó un primer contrato con Soluciones de Gestión y en mayo, el segundo. Torres recordó que sólo hubo problemas con el primero, por una discrepancia sobre la calidad de una parte de las mascarillas entregadas (800.000 de un total de 2,8 millones) y que ese material se terminó pagando a un precio inferior (como FPP1, no FPP2).

El ministro recordó que esa empresa ya había contratado durante la pandemia con Puertos del Estado y aseguró que no vino recomendada ni por Koldo García ni por José Luis Ábalos. “Con Aldama no tengo ninguna relación. Si la tuviera, tendrían que aflorar decenas de llamadas, de mensajes, pero no hay absolutamente nada”, concluyó.

Torres volvió a explicar por qué le dijo a Koldo García el 3 de agosto de 2020 que ese día “dormiría mejor” tras pagar a Soluciones de Gestión. El líder de los socialistas recordó que entonces habían transcurrido tres meses desde que la empresa había suministrado sin ningún tipo de incidencia el segundo pedido (dos millones de mascarillas) y que no había cobrado. “Había un incumplimiento de la administración. Teníamos que haber pagado ciento y pico días antes. ¿Qué hubiera hecho usted en mi lugar?”, ha cuestionado a la diputada de CC.

RR7

Menos tiempo han dedicado los grupos parlamentarios a las preguntas vinculadas con el contrato que propició la apertura de esta comisión de investigación, el que suscribió el Servicio Canario de Salud (SCS) con RR7 United, una empresa dedicada a la compraventa de vehículos, para la adquisición de un millón de mascarillas por cuatro millones de euros. El dinero se adelantó en su totalidad, pero el material nunca llegó a su destino, los hospitales de las Islas.

Torres ha insistido en que se enteró de las irregularidades de ese contrato a través de una publicación en Canarias 7. “Saltó en mayo de 2022. Luego vamos al expediente y vemos que tiene sus circunstancias, que antes de que acabara 2021 había una orden de embargo a la empresa (...) Era un expediente que estaba en manos del SCS, debíamos haberlo sabido, entiendo que no se nos trasladó porque se había iniciado el embargo y se estaba en disposición de poder recuperar ese dinero”. “De cerca de 1.400 expedientes de contratación (durante la pandemia), ese fue el único que dio problemas”, añadió.

El ministro también negó haber solicitado gestión alguna en relación con este contrato a su amigo Juan José Arencibia, actual presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y cuñado del administrador único de RR7, Rayco González. Vidina Espino (CC) le recordó la foto de un almuerzo en Fuerteventura entre el propio Torres, Arencibia y el asesor fiscal de RR7 el mismo verano en que se daba una segunda oportunidad a esa empresa, que ya había incumplido su obligación de suministrar a la sanidad pública el material comprometido. “Fui al restaurante a comer con un amigo, no se habló nada de eso”, insistió.

Cuestionado por la asunción de responsabilidades políticas, Torres sostiene que es la ciudadanía qulen las decide. El ministro ha recordado que el PSOE “ganó las elecciones” en Canarias y que él, como candidato en la lista autonómica, aumentó en votos. También dijo que uno de los investigados por el contrato de RR7, Conrado Domínguez, fue forzado a dimitir durante aquella legislatura.

A diferencia de otros comparecientes en esta comisión, el expresidente del Gobierno de Canarias no quiso descargar toda la responsabilidad del contrato fallido en Domínguez o en la otra investigada, Ana María Pérez, a la sazón directora de Recursos Económicos del SCS. “Hace usted un flaco favor a los funcionarios diciendo que ella es responsable de todo, ataca a los funcionarios”, ha contestado a Espino (CC).

Comité de gestión

Torres ha vuelto a ensalzar en su comparecencia de este lunes la labor realizada por los cuatro científicos que asesoraron al Gobierno canario durante la pandemia. “Se ha cometido una tremenda injusticia con ellos. El ataque político es aceptable, pero no lo es el ataque contra cuatro científicos reputadísimos que iban a todas las reuniones del comité científico y de gestión. Se ha intentado crear una especie de elucubración de que tomaban decisiones sobre los contratos. Lo único que hicieron fue plantear propuestas para que después se tomaran decisiones en el Consejo de Gobierno”, ha señalado el ministro, que atribuye a estas personas “gran parte del éxito” de la gestión de la pandemia en las Islas.

El expresidente canario subrayó que Canarias fue la comunidad con el menor número de fallecidos. Torres recordó, por ejemplo, que en las residencias de mayores murieron 182 personas en las Islas y que Madrid contabilizó 7.291. “Canarias hubiera tenido más de mil (fallecidos en centros sociosanitarios)” si esa cifra de la capital se extrapola a la población de las Islas. “Influyó mucho que hiciéramos tres veces las PCR en las residencias”, remarcó, negando que los buenos datos se debieran sólo a la insularidad y lejanía.

El compareciente ha insistido en que en el comité de gestión nunca se habló de contratar o dejar de contratar a una empresa y justificó la destitución de Teresa Cruz como consejera de Sanidad apenas dos semanas después de la declaración del estado de alarma. “En un momento determinado entendí que debía salir del gobierno, entendíamos que había que hacer un trabajo de equipo y hubo dificultades con su equipo”, explicó al tiempo que reconoció la valía y capacidad de Cruz.

Sobre el exdirector del SCS y hasta hace unos meses su jefe de gabinete en el Ministerio, Antonio Olivera, ha destacado su “honestidad”, aunque ha evitado usar la expresión “poner la mano en el fuego” que de forma reiterada le pedía el diputado del PP.

“Creo en la justicia y en la honradez de la mayoría de los políticos, pero también de los periodistas o de los profesores. Hay que apartar a los garbanzos negros, a los corruptores y a los que se corrompen, pero qué daño hacemos cuando señalamos con el dedo a inocentes. No es Estado de Derecho que tengas que demostrar tu inocencia cuando no tienen pruebas contra ti”, ha concluido.