Los premios de la Policía Canaria acaban en los tribunales por su concesión a cuatro de los cinco miembros del jurado

Los premios de la Policía Canaria acaban en los juzgados. Una vez agotada la vía administrativa, el sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) presentó el pasado 15 de julio un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra la concesión de esos galardones, denominados Verodes, a cuatro de los cinco miembros del jurado, entre ellos el actual jefe del cuerpo, Antonio Almenara.

Los premios se concedieron el 7 de marzo mediante una resolución firmada por el director general de Seguridad del Gobierno de Canarias, David del Pino Franquet, subcomisario en excedencia de la Policía Canaria. El mismo alto cargo había dictado siete meses antes la instrucción por la que designaba a los miembros del jurado que debían deliberar sobre esos reconocimientos.

Cuatro de los cinco integrantes de ese jurado fueron, a su vez, premiados. Su presidente, Antonio Almenara, jefe de la Policía Canaria, recibió el mayor galardón para los miembros en activo del cuerpo, el Verode Plata, que reconoce a los agentes que hayan ejecutado “una actuación relevante que represente un grave riesgo para su integridad física” o “actuaciones ejemplares y extraordinarias y/o de reconocido valor que acrediten un mérito”.

Otros tres vocales del jurado también fueron premiados. David Jorge Padrón, subcomisario jefe de la unidad de Planificación y Apoyo Operativo de la Policía Canaria, recibió el Verode Plata. Francisco Javier López, subinspector de la Oficina de Relaciones Policiales, y Lourdes Mateo, jefa del servicio de Asuntos Generales de la Dirección General de Seguridad, el de Bronce.

CSIF presentó un recurso de alzada (ante la propia administración) contra esos premios. Entre otras causas, el sindicato alegaba que el hecho de haber sido premiados cuatro de los cinco miembros del jurado denotaba “arbitrariedad y falta de transparencia” en el procedimiento y que se vulneraban, entre otros, los principios de “igualdad, neutralidad e imparcialidad” recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. Además, la central solicitaba el expediente completo, incluidas las propuestas para la concesión de esos galardones. Es decir, la motivación de esos reconocimientos.

El Gobierno de Canarias, a través del viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, desestimó el recurso de alzada en una resolución que está fechada el pasado 15 de mayo y que es la que ahora se recurre en los juzgados.

Con respecto a la documentación, el Ejecutivo negó al sindicato el acceso a las propuestas con el argumento de que afectaban “a cuestiones vinculadas con la seguridad pública” e incluían “datos personales de terceras personas”. Sólo entregó el acta de la última reunión del jurado, que apenas incorporaba como información adicional a la ya publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la escala (no los nombres) de los miembros del cuerpo que habían presentado cada una de las propuestas. En el caso del jefe del cuerpo, uno de sus subordinados, un subinspector. CSIF no ha podido, por tanto, conocer las razones por las que se han concedido los premios Verode correspondientes al periodo 2020-2023.

En esa respuesta, el viceconsejero admite que esos cuatro miembros del tribunal estaban obligados a abstenerse por tener un interés personal, porque así lo prevé el artículo 23.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Sin embargo, al mismo tiempo sostiene que ello no debe conducir “necesariamente” a anular o invalidar el acto aprobado, esto es, la resolución por la que se conceden los premios Verode.

Tras invocar jurisprudencia “pacífica y reiterada” sobre la materia, el viceconsejero remarca en esa resolución que es necesario aplicar “el criterio de peso o influencia que ha tenido el voto o intervención” de cada uno de ellos en “la formación de la voluntad conjunta”. Y concluye que esos cuatro miembros del tribunal, que se ausentaron de las reuniones cuando se debatían y deliberaban las “propuestas concretas” que afectaban a cada uno de ellos, no ejercieron “una influencia decisiva” en la concesión de estos premios.

Para Césareo Rodíguez, el hecho de que todos los acuerdos se adoptaran por unanimidad descarta la influencia del jefe de la Policía Canaria o de los otros tres vocales del jurado en la votación.

Ante la desestimación de ese recurso de alzada, CSIF ha decidido ir un paso más allá y llevar el asunto a los tribunales. Los argumentos, según fuentes sindicales, son los mismos que ya se expusieron en la vía administrativa. En síntesis, la organización cuestionaba los criterios de valoración de los supuestos por los que se concedían los premios, entendiendo que podía existir “un agravio comparativo” con respecto al resto de funcionarios no premiados.

El sindicato ya advirtió en aquel momento que estos reconocimientos pueden tener su repercusión en la carrera profesional de los agentes de la Policía Canaria, ya que puntúan como mérito en los procesos de promoción interna.

En su recurso que el Gobierno canario desestimó, CSIF denunciaba la “arbitrariedad” en la concesión de los premios, “puesto que cuatro de las personas premiadas eran miembros del jurado”. “No le consta al sindicato ninguna actuación durante los años 2020 a 2023, ambos inclusive, que pudiera justificar la concesión a determinados funcionarios de los premios Verode Plata, ni tampoco actuaciones de especial relevancia, destacada trayectoria, trabajos o estudios profesionales que pudieran motivar la concesión del premio Verode Bronce, teniendo conocimiento, sin embargo, de que otros funcionarios que sí pueden reunir tales méritos no han sido premiados”, concluía.

Ahora será la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias quien resuelva el recurso del sindicato, que reclama la anulación de esos premios.