La Fiscalía constata un aumento de la criminalidad ambiental en Canarias

A la Fiscalía se le acumula el trabajo vinculado con la criminalidad ambiental en Canarias. En 2024, según los datos de la memoria anual del Ministerio Público, se incoaron 123 diligencias de investigación de posibles delitos relacionados con el medio ambiente y el urbanismo en las Islas, mientras que el número de procedimientos judiciales abiertos sobre la misma materia fue de 380. Ambas cifras son más elevadas que las registradas en 2023, con 104 y 310 actuaciones, respectivamente, lo que indica un incremento de la actividad del 27%.

El aumento más pronunciado se da en la provincia de Las Palmas. Allí, de acuerdo con el anexo estadístico del informe de la Fiscalía, las diligencias de investigación han pasado de 35 en 2023 a 65 el año pasado, motivadas por un incremento significativo de las que tienen que ver con la ordenación del territorio y el urbanismo, que han pasado de diez a 35 diligencias, y los malos tratos a animales, de cuatro a once.

Una investigación de “especial interés” reseñada por el Ministerio Público es la que se instruye en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Las Palmas de Gran Canaria por el traslado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos desde la isla de Gran Canaria al continente africano, existiendo “puntos clandestinos” en los que se realizaba el almacenamiento y recogida, aprovechamiento, clasificación, manipulación y carga de los contenedores de dichos residuos para su posterior exportación a diversos países.

Por otro lado, en cuanto a los procedimientos judiciales incoados en la provincia oriental, la Fiscalía confirma otro crecimiento considerable, al pasar de 142 en 2023 a 192 el curso anterior. Mención aparte los vinculados con el maltrato animal, que suben de 38 a 71 procedimientos. Y también el conocido como caso Valka, que investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación y relevación de secretos cometidos en la empresa pública Geursa, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

En Santa Cruz de Tenerife, los datos muestran un pequeño descenso de las diligencias, al pasar de 69 en 2023 a 58 el año pasado. Sobre todo, en ordenación del territorio y urbanismo, que caen de 52 a 32. El Ministerio Público señala que la provincia occidental camina “hacia la normalización” tras la “elevada incidencia que tuvo entonces” la actuación llevada a cabo en Lomo Negro, en el sur de Tenerife (Arona), con la proliferación de autoconstrucciones en suelo rústico y su posterior venta.

La Fiscalía también destaca la investigación sobre vertidos al mar en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, “con gran trascendencia mediática”, agrega la memoria, a raíz de la denuncia de un particular por el mal estado de las estaciones de bombeo de aguas residuales, “que ha dado lugar a una intensa actividad investigadora”. Este mismo verano, el Ministerio Público denunció a seis cargos públicos por ello, entre quienes se encuentran el exalcalde del municipio, Marco Antonio González (PSOE), y la consejera insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez (Coalición Canaria).

Con respecto a los procedimientos judiciales, sí hay aumento: pasan de 164 en 2023 a 188 el curso anterior. “Notable incremento” de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, de 78 a 103. Responden a denuncias presentadas por el Ministerio Fiscal no solo en colaboración con el Seprona, el Ayuntamiento de Arona y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), sino también por atestados recibidos desde el Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, “muy completos y que prácticamente ultiman la denuncia”.

Cinco procedimientos incoados tienen que ver con delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, “la mayoría” sobre vertidos a dominio público y el “mal estado” del mantenimiento y la conservación de estaciones depuradoras de aguas residuales, estaciones de bombeo y emisarios. Ocho por delitos contra la flora y la fauna, casi todos relacionados con la posesión o traslado de especies protegidas en puertos o aeropuertos. Y cuatro por incendios forestales, la mayoría en fase de instrucción “con autor conocido”.

En una “breve” referencia a asuntos de “especial interés”, la Fiscalía recuerda la sentencia que condena a un año y medio de cárcel al propietario del restaurante Bollullo Beach, en La Orotava, por obras irregulares en el espacio protegido de El Rincón. Ese fallo ha sido recurrido, estando pendiente de resolución por la Audiencia Provincial.

También cita el Ministerio Fiscal el procedimiento cerrado este mismo mes de octubre (con sentencia firme del Tribunal Supremo) que condena a cinco años de cárcel y 44.500 euros de multa al autor del incendio forestal de 2023 en Los Realejos. Un fuego que no afectó a una superficie “muy considerable” de terreno, señala el documento, pero “muy valiosa”, existiendo además “sospechas vehementes” de que el condenado ha participado en “muchos” otros incendios en una zona de “gran potencial forestal”. Es un “pirómano de manual”, califica la Fiscalía.