Algunas familias con hijas o hijos víctimas de acoso escolar reclaman una ley que lo combata. Quieren que no vuelva a suceder, que no haya más menores que lo sufran, con consecuencias siempre graves y a veces trágicas, y es normal que lo hagan. Pero, como maestra comprometida con el bienestar de la infancia y la adolescencia, considero que no es lo que principalmente necesitamos en las escuelas.
Ya tenemos una ley destinada a proteger a nuestra infancia de la violencia: la Ley 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, también llamada LOPIVI. Es una ley con muchos defectos, pero que afrontó con valentía la necesidad de proteger de todo tipo de violencias (también la familiar y la institucional, que no son tan visibles en los medios y, sin embargo, son más frecuentes) a quienes son más vulnerables a recibirlas. Además, desarrolla medidas de prevención y detección en los centros educativos, establece protocolos de actuación ante indicios de todo tipo de violencias, introduce la figura de un coordinador o coordinadora de bienestar y protección y establece el deber de comunicar cualquier indicio de violencia contra menores para toda la población, especialmente para quienes tienen la responsabilidad de cuidar, proteger o enseñar. En caso de no hacerlo, incurrirían en un delito grave.
Pero ¿qué se ha hecho con todo esto después de cuatro años de la aprobación de la ley? Lo cierto es que las administraciones educativas responsables de aplicarla —en nuestro caso, la Consejería de Educación— no han asumido su responsabilidad ni la dimensión del problema, y no han dotado a los centros educativos de los recursos necesarios para llevarla a cabo. Solo han hecho lo estrictamente necesario para protegerse de posibles denuncias, sin mostrar intención de solucionar el grave problema que sufre nuestra infancia. Los protocolos de intervención han sido revisados y recogen multitud de actuaciones a realizar en los centros, pero estos no cuentan con los recursos necesarios para ponerlas en práctica.
Las coordinaciones de bienestar, la figura más relevante que introduce la LOPIVI, no han sido dotadas del tiempo necesario. En Cantabria, en un primer momento se obligó a las direcciones de los centros a asumirlas y después se han ofertado a cualquier docente, a quien se asignan entre dos y cuatro horas semanales según la dimensión del centro, mientras que la coordinación de tecnología digital tiene asignadas de 3 a 12 horas semanales, lo que demuestra el orden de prioridades. En este tiempo deben promover planes de formación para toda la comunidad educativa, desarrollar medidas que aseguren el bienestar y el buen trato, coordinar protocolos e informar de ellos, recibir comunicaciones de posibles violencias y trasladarlas, fomentar métodos pacíficos de resolución de conflictos, promover la alimentación saludable, el respeto a la diversidad y coordinar el plan de convivencia. Es evidente que esta dotación horaria resulta claramente insuficiente y supone, en mi opinión, desvirtuar el contenido de la ley, reduciéndola a un mero lavado de cara para proteger a quienes gestionan la política educativa de posibles denuncias.
En los centros educativos se necesita tiempo que dedicar; en eso consisten los recursos que pedimos, nada más y nada menos, porque esa es nuestra herramienta de trabajo. Tiempo para formarnos en detección, prevención e intervención; tiempo para elaborar planes de convivencia; tiempo de tutorías y de filosofía para reflexionar con el alumnado, cohesionar el grupo, conseguir que sea el propio grupo quien proteja a las víctimas, quien rechace la violencia, quien aprenda a detectar y comunicar situaciones de riesgo. Tiempo para intervenir en casos de acoso desde la unidad o departamento de orientación educativa, de modo que se pueda realizar un diagnóstico real de lo sucedido e intervenir tanto con las víctimas como con quienes ejercen la violencia. Trabajamos con menores que muchas veces responden a sus propias violencias, pero podemos enseñarles a responder sin reproducirlas. Para eso estamos. Pero, para todo ello, necesitamos tiempo. Tiempo para aplicar los protocolos, para proteger a las víctimas, para impedir que se repitan las agresiones y para contar con la colaboración del resto de la sociedad. Porque la escuela, por sí sola, no resuelve todos los males de esta.
Cuando se detecta un caso de acoso escolar en un centro educativo, las clases continúan, la infinidad de burocracia a la que estamos sometidas continúa, y las demás necesidades del alumnado siguen existiendo. Y a nadie se le libera de nada para poder actuar debidamente; tampoco se refuerzan las plantillas con más personal de orientación, con más profesorado de servicios a la comunidad ni con más docentes que permitan descargar a quienes deben asumir estas funciones. Ese es, realmente, el problema; no la inexistencia de una ley específica.
Por Miriam Gómez, del Secretariado del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Cantabria (STEC)
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