Acordar con qué criterios se decide el nombramiento del personal interino en cualquier servicio es una tarea difícil y dolorosa, al menos para los representantes sindicales que se ven comprometidos en negociaciones de esta naturaleza. Buscar el sistema más justo para decidir cómo se reparte un trabajo escaso entre muchos aspirantes, hacerlo honestamente, dentro de los márgenes normativos que establece la legislación básica del Estado, consensuarlo entre organizaciones con planteamientos diversos y acordarlo finalmente con la Administración resulta muy complicado. Cuando todo esto se consigue y se plasma en una normativa para la conformación de listas de interinidad, hay que tener razones muy poderosas y pensarlo mucho antes de cambiar lo que tanto costó acordar.
Hace veinte años, todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial y la Administración educativa firmaron una serie de acuerdos sobre la provisión de puestos en régimen de interinidad. Dichos acuerdos sirvieron de base tanto para la posterior orden reguladora de la provisión de empleo docente interino en Cantabria como para las sucesivas convocatorias de concurso-oposición habidas en estas dos décadas.
Escapa a los límites y al objeto de este artículo explicar de forma prolija los pormenores de dichos acuerdos y de su posterior desarrollo normativo; pero sí resulta procedente aclarar al menos la filosofía que inspiró el actual sistema de interinidad, que no es otra que el equilibrio entre intereses contrapuestos.
En efecto, el sistema que viene funcionando en Cantabria pretende dotar de estabilidad en el empleo al colectivo interino sin cerrar la puerta a nuevas promociones salidas de la universidad para que accedan por primera vez al trabajo docente. La interinidad en Cantabria es un complicado sistema de equilibrios que quizá no satisfaga a todo el mundo al cien por cien, pero que en la práctica ha sido valorado por una inmensa mayoría de personas interinas y opositoras.
El anuncio de la Consejería de Silva de no respetar lo pactado en 2004 y 2005 ha provocado estupor entre el colectivo interino. El primer paso para desmontar un sistema que ha funcionado razonablemente bien durante dos décadas es eliminar la posibilidad de guardar las notas.
En todas las convocatorias de concurso-oposición de los últimos veinte años, los aspirantes que no superaban el proceso selectivo podían alegar el mantenimiento de la nota más alta —obtenida en hasta dos procesos anteriores— de cara a ser baremados en las listas de interinidad. De esta manera, se incentivaba el estudio y el esfuerzo, premiando a quienes habían logrado una buena calificación en la fase de oposición.
Era, en definitiva, una red de seguridad de la que disfrutaban las personas que realizan sustituciones; es decir, el sector más débil del colectivo interino. De paso, al darles cierta estabilidad, se paliaba la perniciosa rotación en el empleo, que en el pasado había tenido consecuencias nefastas para la calidad del sistema educativo.
Esta medida ha resultado tan beneficiosa que ha terminado por implantarse en la mayor parte de las comunidades autónomas. Derogarla en Cantabria será un paso en la dirección equivocada: introduce inseguridades, perjudica a quienes llevan menos tiempo trabajando e incrementa su precariedad laboral, lo que unido a la rotatividad que conlleva, terminará lastrando al sistema educativo.
En el caso de no producirse una rectificación por parte del Departamento de Educación, se abrirá una nueva grieta en las relaciones entre la Consejería y la Junta de Personal Docente; una grieta todavía más difícil de restaurar, ya que nada destruye más la confianza en este terreno que comprobar que lo acordado en el pasado con una Administración no es respetado cuando cambia el color político de quien está al frente de la misma.
En la negociación sindical, la confianza es la moneda más valiosa: perderla es perderlo todo. Las declaraciones de uno de los máximos responsables de la Consejería de Educación, argumentando que el guardado de nota no tienen por qué mantenerlo porque formaba parte de un acuerdo con otros gobiernos, causan verdadero asombro dichas en medio del actual conflicto por la adecuación retributiva. Hay que tener cuajo para hacer este tipo de afirmaciones cuando la propia Consejería está ofreciendo un pacto salarial cuya aplicación, en su mayor parte, tendrá que desarrollar en 2028 y 2029 otro Gobierno.
La Consejería de Educación debería reflexionar acerca de la medida que quiere imponer. Si es capaz de entablar un diálogo franco con las organizaciones sindicales, llegará a la conclusión de que no es buena idea arruinar los consensos que durante veinte años han presidido la regulación del empleo interino. No es positivo desde la perspectiva laboral, pero tampoco para un modelo educativo en el que la estabilidad de las plantillas —tal y como ya se recogió en el Pacto por la Educación que refrendó el Parlamento de Cantabria en 2018— se concebía como una aspiración beneficiosa para el conjunto del sistema.
Oliverio Martínez Cepedal es miembro del Secretariado del STEC
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