El bloqueo interno en el Poder Judicial amenaza con prolongar la renovación de plazas en el Supremo

La división interna en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) amenaza con retrasar nuevos nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo. El órgano de gobierno de los jueces celebra esta semana un nuevo pleno en el que no abordará la renovación de los puestos sin cubrir en el Alto Tribunal, donde son de singular relevancia porque son prácticamente vitalicios.

El foco está puesto en la vacante en la Sala Segunda, la que juzga a los aforados, como el ya ex fiscal general del Estado o el exministro socialista José Luis Ábalos. Esa Sala tiene sin cubrir desde hace casi dos años el puesto perteneciente al turno de juristas y las fuentes consultadas auguran que su renovación no será ni mucho menos inmediata. 

La falta de consenso se evidenció la semana pasada en la llamada Comisión de Calificación, la encargada de escuchar las exposiciones de los candidatos y hacer una primera criba que, en este caso, no fue tal. De los 14 aspirantes, solo quedaron fuera dos, que ya habían manifestado previamente su voluntad de no seguir con el proceso. Así, en lugar de sobre una terna más acotada, el pleno tendrá que decidir sobre casi la totalidad de los aspirantes. 

Las negociaciones para cubrir estas plazas todavía no han comenzado, pero en las conversaciones informales previas los vocales conservadores ya han dejado claro su veto a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo, una de las candidatas más valoradas por el sector progresista. En este grupo de vocales consideran imprescindible que esta plaza sea adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hay 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora. 

El sector de vocales elegidos a iniciativa del PP descarta la elección de Bacigalupo, que es una catedrática con un amplio currículum y que en 2015 formó parte del “grupo de expertos” que colaboró con el PSOE en la redacción del programa de las primeras elecciones generales a las que se presentó Pedro Sánchez. Además, es cuñada de la exvicepresidenta del Gobierno y actual comisaria europea Teresa Ribera. Su padre, Enrique Bacigalupo, fue magistrado del Tribunal Supremo entre 1987 y 2011. 

El bloque conservador repite así la estrategia urdida hace meses, cuando descartaron la elección de las progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso para las presidencias de las salas más delicadas del Supremo. Ambas acabaron renunciando, lo que allanó el camino para sus compañeros. Los progresistas transigieron y finalmente apoyaron de forma mayoritaria a los candidatos preferidos por el bloque conservador. 

La ley establece que un candidato debe conseguir los 13 votos que constituyen las tres quintas partes del pleno para acceder a una presidencia de Sala del Supremo. El actual CGPJ está dividido a la mitad, con diez vocales progresistas y diez conservadores, a los que suma la presidenta, Isabel Perelló. Por tanto, la elección requiere el acuerdo de consejeros de ambos bloques. En este escenario, las fuentes consultadas auguran que, de haber acuerdo, no será al menos hasta bien entrada la primavera. 

También está por ver cómo opera la dinámica de bloques después de que el pasado octubre la presidenta Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada; y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, votaran junto al grupo conservador una nueva configuración de las comisiones en las que se organiza el trabajo del órgano. Ese pacto derivó en un reparto de poder claramente favorable a los vocales elegidos a iniciativa del Partido Popular. 

Algunas voces del sector conservador pronostican que la plaza de la Sala de lo Penal no será cubierta en solitario y apuestan incluso por esperar a que queden vacantes otros puestos de esa misma Sala para hacer una renovación en bloque. Para ello, sin embargo, habría que esperar varios meses. Los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado se jubilarán de manera forzosa el próximo junio y Juan Ramón Berdugo en septiembre. 

En contraposición a Bacigalupo, algunos vocales de la derecha judicial ven de forma favorable la candidatura de Julio Banacloche, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense. Banacloche, que también tiene un sólido currículum, ha mostrado sus opiniones críticas con la exhumación de Franco, la ley trans, la del aborto o la de eutanasia en medios conservadores donde tacha las políticas del Gobierno de “ingeniería social” y las vincula al totalitarismo.

Aplicación de la paridad

En el sector progresista esgrimen la ley de paridad que impone la presencia equilibrada de ambos sexos en los nombramientos en las cúpulas de los tribunales para defender la elección de una jurista para la plaza pendiente de la Sala de lo Penal. En la actualidad solo hay tres magistradas: Susana Polo, Ana Ferrer y Carmen Lamela. Los otros 12 integrantes son hombres. 

Esa ley impone que en todas las designaciones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos “se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%”.

Sin embargo, el texto no define cómo se debe aplicar esa regla, lo que ha llevado a que se hagan diferentes interpretaciones. Así, mientras el bloque progresista ha venido defendiendo que la presencia equilibrada de ambos sexos debe imponerse en cada jefatura, sala o audiencia donde se cubran plazas, el sector conservador cree suficiente que se logre la paridad en el conjunto de nombramientos durante los cinco años de mandato. 

Además de la cuestión de la paridad, algunas voces del órgano creen que el asunto de fondo que abona este tipo de bloqueos es la ausencia de criterios objetivos que permitan adjudicar las plazas. “A la hora de medir los méritos el tema es muy complicado. No se puede decidir honestamente quién es mejor que otro”, dice un vocal. De forma reciente, se ha aprobado un nuevo reglamento que refuerza los criterios de mérito, capacidad, igualdad y transparencia, si bien el margen de discrecionalidad sigue siendo amplio. 

Además de la citada plaza de la Sala lo Penal, el órgano también tiene pendiente de adjudicar otra plaza en la Sala de lo Militar. En ese caso, la Comisión de Calificación aprobó el pasado mayo, hace casi ocho meses, y el puesto sigue sin cubrir. Entre los candidatos hay algunos nombres conocidos como Enrique López, juez y exconsejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso; o José Luis Concepción, el expresidente del Tribunal de Justicia de Castilla y León que comparó al Partido Comunista de España (PCE) con los nazis o cuestionó que sea democrático que Podemos esté el Gobierno. 

También aspira a esa plaza el juez José Ricardo de Prada, que fue uno de los magistrados de la sentencia de la Gürtel y responsable de los pasajes que dieron por acreditada la caja B del partido y que provocaron la moción de censura contra Mariano Rajoy. Además, está pendiente la renovación de la presidencia de esa Sala, aunque ahí no se espera debate porque hay un único aspirante: el actual titular, Jacobo Barja de Quiroga, de tendencia progresista.