El Gobierno aprueba dos decretos anticrisis distintos: uno con la congelación de los alquileres y otro con el resto de medidas económicas

Acuerdo entre PSOE y Sumar para aprobar la congelación de los alquileres. El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado este viernes dos reales decretos-ley, uno con el grueso de las medidas fiscales y económicas para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio; y otro específico en materia de vivienda, tras el plante del socio minoritario de la coalición, que ha retrasado más de dos horas la reunión del gabinete.

Según ha podido saber elDiario.es, el acuerdo se ha cerrado después de que el presidente Pedro Sánchez se haya reunido bilateralmente con la vicepresidenta Yolanda Díaz y, después, con el resto de ministros de Sumar, que reclamaban medidas de vivienda y un control de los márgenes empresariales de las compañías energéticas para aplicar las rebajas del IVA a los combustibles.

En concreto, el primer texto cuenta con 80 medidas, sobre todo fiscales, como la rebaja del IVA al 10% para los combustibles, por un valor de 5.000 millones de euros. Estas durarán el tiempo que sea preciso, ha dicho Sánchez en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario, e incluyen un refuerzo del control a los márgenes empresariales para asegurar que el recorte impositivo se traslada al precio final. También despliega medidas de protección a colectivos vulnerables.

El segundo texto incluye la congelación de los alquileres durante dos años, que se aplicará desde el momento en que se publique en el Boletín Oficial del Estado, aunque a expensas de que los socios puedan tumbarlo en el Congreso. Esta publicación será mañana sábado.

Las dos partes dan por hecho que las medidas en vivienda caerán por el voto en contra de Junts, pero desde Sumar se pone en valor que el Consejo de Ministros haya aprobado este segundo real decreto-ley, que será de aplicación hasta su votación en la Cámara baja en un plazo de 30 días. Si PP y Junts lo tumban, aducen desde el socio minoritario de la coalición, quedarán retratados ante la ciudadanía.

“En este segundo somos conscientes desde el poder ejecutivo que no existe aún una mayoría parlamentaria en el Congreso para poder convalidarlo”, ha reconocido Sánchez durante la rueda de prensa. “Pero no por ello el gobierno de coalición progresista va a renunciar a dar una respuesta a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía española”, ha subrayado, comprometiéndose a negociarlo en las próximas semanas.

La primera norma, que el Gobierno ha titulado como Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, se votará el jueves que viene.

“Este es el compromiso del Gobierno de España, pero también quiero compartir con los ciudadanos el que las guerras cuestan vidas. En estos primeros compases nos van a costar 5.000 millones de euros que podríamos estar destinando a becas, a Sanidad, a dependencia y que vamos a tener que destinar para proteger a nuestro tejido productivo”, ha dicho el presidente, que ha aprovechado para atacar veladamente al PP por “ponerse de perfil” y no decir “claro su rechazo a esta guerra”.

Una rebaja del IVA del combustible al 10%

El Gobierno llevaba semanas con un intenso debate interno sobre si la respuesta a la guerra en Irán debía incluir materias en materia de vivienda, sobre todo después de que el escudo social, con la protección anti desahucios, fuera derogado en dos ocasiones en el Congreso de los Diputados por la negativa de Junts a apoyarlo.

Desde el ala socialista, con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al frente de las negociaciones, llevaban días enfriando la posibilidad de adoptar medidas como la congelación de los alquileres que exigía Sumar. Desde Economía subrayaban que los efectos de la guerra se estaban sintiendo sobre todo a través del precio de los combustibles y que estas medidas debían ser “ajustadas” y centralizadas en los sectores más afectados, como el campo o el transporte.

El Gobierno ha introducido, entre las medidas fiscales, una rebaja del IVA de la electricidad y del gas del 21% al 10%, así como una serie de descuentos en la luz y la garantía de suministros básicos, una de las medidas incluidas en el escudo social que tumbó el Congreso. El Ejecutivo ha incluido también el bono social eléctrico y térmico reforzados, ante las subidas de los precios del petróleo y el gas.

En concreto, el real decreto-ley rebaja el IVA de la luz al 10%, suspende el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que es del 7%; y rebaja al mínimo (0,5%) que permite la Unión Europea el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE). En total, según los cálculos de Moncloa, esto supone una reducción de la factura eléctrica del 60%.

El descuento al combustible se traduce en unos 30 céntimos litro, ha dicho el presidente, si a la rebaja del IVA de los carburantes al 21% se suma la rebaja al mínimo posible por la normativa europea del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH), hasta los 33 céntimos en el caso del gasoil y los 42 para la gasolina. La rebaja del IVA también aplica a los pellets y a la leña.

Ese especial foco al campo y el transporte se traducirá en ayudas específicas, como descuentos de 20 céntimos al litro de gasóelo profesional y también a la compra de fertilizantes. Estas bonificaciones para los profesionales se harán a través de la Agencia Tributaria.

Además, el Gobierno ha decretado un control reforzado de los precios por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evitar que estas ayudas engrosen los márgenes empresariales de las energéticas en lugar de trasladarse al consumidor.

El paquete prorroga para todo el 2026 el escudo social del Gobierno, mediante los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (42,5% para vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos), el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición del corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables.

Para las electrointensivas, se bonifica en un 80% los peajes eléctricos de transporte y distribución para toda la industria electrointensiva. Esto supondrá, ha dicho el presidente, un ahorro de 200 millones que les permitirá “preservar así su competitividad, su actividad y cientos de miles de empleos”.

En lo laboral, el Ejecutivo ha incluido la prohibición de despedir por causas objetivas derivadas de esta crisis a las empresas que reciban ayudas públicas para mitigarla, como ha adelantado este periódico.

Entre otras medidas “estructurales” el Ejecutivo ha incluido en el paquete de respuesta se incluyen deducciones para la eficiencia energética y la adquisición de vehículos eléctricos, que serán del 15% en el IRPF; así como un impulso a las energías renovables, a través del fomento del autoconsumo compartido y apoyo a las cooperativas energéticas.