El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en el 'caso Leire Díez'

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar a otras 25 personas en el caso Leire, causa en la que investiga no solo las artimañas de la trama para acabar con procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez sino también los presuntos amaños en contratación pública para favorecer a determinadas empresas. El juez toma esta decisión después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción, y entre los nuevos imputados está la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda, y otros altos directivos de esa sociedad por su vinculación con el rescate público de la mercantil alavesa Tubos Reunidos.

Los indicios recabados a lo largo de la investigación apuntan a la existencia de una dinámica continuada de intermediación ilícita en la contratación pública, según resalta la Fiscalía en un nuevo informe. Los principales investigados Vicente Fernández (expresidente de la SEPI), el empresario Antxon Alonso, la exmilitante socialista Leire Díez y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán “habrían actuado como nexo de influencia entre intereses privados y decisores públicos, incidiendo en la adopción de resoluciones administrativas, el resultado de procedimientos de contratación pública o la canalización de ayudas financieras, en beneficio propio o de terceros”. Para ello necesitaban “la necesaria e ilícita cooperación de terceras personas”, entre las que están los 25 nuevos imputados, pertenecientes bien al sector público, bien al sector privado.

Anticorrupción recuerda que los indicios recabados apuntan a cinco operativas que están relacionadas con la entidad pública Mercasa, con Enusa, con la sociedad pública Parque Empresarial del Principado de Asturias SL -participada por Sepides-, con Tubos Reunidos y con el grupo empresarial Forestalia. Todos los nuevos investigados tienen relación con esas entidades y con la SEPI. El Ministerio Público incide, como en anteriores informes presentados en la causa, que el grupo investigado habría actuado de forma coordinada mediante reuniones presenciales, comunicaciones telefónicas y mensajería segura “para la consecución de objetivos comunes, con vocación de permanencia” y para obtener “un rédito económico de origen ilícito”.

En el caso de Gualda, la Fiscalía la relaciona con el rescate público de Tubos Reunido en 2021 que se cifró en 115 millones de euros. Explica que, durante la investigación, se han detectado pagos efectuados por la acerera a favor de la mercantil Mediaciones Martínez SL -vinculada a la trama- por importe total de 114.950 euros. Esos pagos responderían, indiciariamente, “a las gestiones realizadas por los integrantes del autodenominado grupo 'Hirurok' en beneficio de aquella entidad, orientadas a la obtención de financiación procedente del denominado rescate articulado a través de la SEPI”.

El rescate de Tubos Reunidos

De hecho, la Fiscalía explica que, de los mensajes intervenidos a los miembros de la trama, pudo conocerse que la organización criminal investigada trabajó en favor de ese rescate, y que hablaban entonces de que Tubos Reunidos contaba con los informes favorables de las unidades de la SEPI, de los asesores externos y del Ministerio de Industria, “y el compromiso de su presidenta, Belén Gualda González con el CEO de Tubos Reunidos Francisco Irazusta para que su solicitud fuera aprobada por el consejo gestor del fondo” en una fecha determinada. De la mercantil alavesa, el juez ha decidido imputar también a Irazusta al entender que de las conversaciones recabadas se desprende que la trama facilitó “información relevante sobre la tramitación del expediente por cauces ajenos a los previstos oficialmente”.

Tras la aprobación por parte del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) el 13 de julio de 2021 de la operación de apoyo financiero a Tubos Reunidos, se dio un intercambio de mensajes entre los principales investigados de los que se desprende “que dicha concesión habría tenido lugar gracias a su intervención y a sus relaciones personales con diversas autoridades públicas”.

“Esta conclusión se ve reforzada por los mensajes intercambiados con posterioridad (...) en los que Vicente Fernández enfatizaba la relevancia del supuesto encuentro entre Antxon Alonso y el PNV en la resolución del asunto, al haberse producido la aprobación tan solo una semana después”, explica el Ministerio Público. En otro mensaje cruzado, esta vez entre Vicente Fernández e Irazusta, ambos hablaron de la necesidad de concretar una contratación recurrente para Servinavar (empresa de Alonso y también vinculada a la trama) a modo de “agradecimiento” por la labor de los principales investigados.

Ya en noviembre de 2021 mantuvieron una reunión, según recogen los documentos intervenidos, con Irazusta y Jesús Pérez Rodríguez Urrutia -también de Tubos Reunidos- en la que se cerró la “colaboración”. Vicente Fernández, en un mensaje posterior recogía la oferta de la acerera: una cuota mensual de 5.000 euros con Mediaciones Martínez por trabajos de prospección de mercado. La UCO ha localizado 21 facturas referentes a esos trabajos. El importe facturado fue de 127.050 euros, de los cuales habrían sido efectivamente abonados 114.959 euros.

Además de Irazusta, el juez ha imputado de esa mercantil a Pérez Rodríguez Urrutia y al entonces director ejecutivo Carlos López de las Heras, éste último porque habría garantizado “la retribución de las ilícitas gestiones realizadas” por los investigados. A ellos se suma el entonces director corporativo de la SEPI Ángel Santiago Mesa, la directora de participadas de la SEPI y responsable de la tramitación del expediente de Tubos Reunidos Rosario Martín Manzanedo, y Miguel Ángel Figueroa Teva, que fue director de Participadas III entre 2018 y 2021 y que también remitió a Vicente Fernández información sobre la situación de Tubos Reunidos.

De hecho, los investigadores indican que ya desde finales de 2020 hubo contactos de Vicente Fernández con estos miembros de la SEPI “con el fin de recabar y contrastar información sobre el estado de la tramitación”. Y que el expresidente de la SEPI también medió con el fin de gestionar un crédito puente destinado a asegurar el cumplimiento de los requisitos de viabilidad de Tubos Reunidos.

A pesar de las gestiones previas, el 15 de junio de 2021, y una vez se celebró la reunión del Consejo Gestor, Figueroa Teva informó a Vicente Fernández de que la entonces secretaria de Estado de Energía Sara Aagesen -miembro nato de ese consejo gestor del FASEE- había manifestado su oposición a la aprobación de la operación, aparentemente por razones de carácter ecológico. Esto podía truncar el rescate y por eso la trama abrió la vía política con el PNV por medio de Antxon Alonso y Santos Cerdán. La Fiscalía recoge que se celebraron en ese marco una serie de reuniones a nivel político en las que habría participado Belén Gualda con el fin de agilizar la tramitación de la concesión de la ayuda temporal por parte del fondo FASEE. Finalmente, el Consejo Gestor del Fondo aprobó el 13 de julio de 2021 la prestación de esta ayuda, en forma de crédito participativo, operación que sería finalmente autorizada por el Consejo de Ministros el 20 de julio de 2021.

Tras la concesión, la trama realizó una suerte de seguimiento del asunto que se formalizó con Tubos Reunidos en varios contratos posteriores que buscaban la renegociación de las condiciones del préstamo, la reducción del coste de la deuda, la reducción de intereses, o el aplazamiento de la amortización anticipada del rescate con ocasión de la venta de un inmueble propiedad de la mercantil ubicado en Sestao.

Sobre esa venta hubo de nuevo contactos políticos de la trama con el gobierno vasco, en particular con Mikel Torres, actual vicelendakari. En noviembre de 2024, según el informe, el propio Santos Cerdán habría accedido a mantener una reunión con representantes de Tubos Reunidos en la sede de Ferraz. Finalmente, la SEPI dio su visto bueno a que la venta no tuviera que ser destinada a la amortización del préstamo público, y por estas gestiones Vicente Fernández habría recibido de la empresa vasca 40.000 euros.

El infome de la Fiscalía recoge, por otro lado, que en el requerimiento realizado en la sede del PSOE en Ferraz se intervinieron diversas evidencias, entre ellas una agenda con anotaciones manuscritas relativas a Tubos Reunidos, “vinculadas a la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de la deuda con la SEPI”. Indica el Ministerio Público que esas anotaciones pondrían de manifiesto que Santos Cerdán habría tenido conocimiento de las pretensiones de Tubos Reunidos así como del papel desempeñado por los distintos investigados en relación con la obtención de la autorización correspondiente.

No habrá cese de Gualda

Fuentes jurídicas personadas en la causa ponen el foco en que en atestados de la UCO previos no se apuntaba a participación alguna de Gualda en esos esfuerzos de la trama por acelerar el rescate de Tubos Reunidos. Señalan, asimismo, que en el auto de la Audiencia Nacional de diciembre de 2025 que recogía la denuncia de Fiscalía, el nombre de Gualda no aparecía entre los denunciados.

Además, recuerdan que en un reciente informe del Ministerio Público de mayo de 2026 se apuntaba que la trama intentó interferir en la elección del presidente de la SEPI, algo que no lograron porque “el 03 de marzo de 2021 se nombró a Belén Gualda como nueva presidenta”. Tampoco consiguieron, según ese mismo informe, que bebe de atestados de la UCO previos, colocar a Leire Díez como jefa de gabinete de Gualda con el objetivo de “recuperar el control de la SEPI”. Existe al respecto un mensaje entre Vicente Fernández e Ibon Valentín Aperribay -de la empresa SAPA- en el que hablaban de las dificultades que ponía Gualda para enrolar a Leire Díez en su equipo, y contaban con reconducir la situación.

El Gobierno ha descartado este lunes el cese de la presidenta de la SEPI, María Belén Gualda. Fuentes del Ejecutivo aseguran que la integridad de Gualda no está cuestionada y asumen con “normalidad” la imputación para que pueda dar explicaciones y que se garanticen sus derechos de defensa. También defienden la “pulcritud” del expediente de Tubos Reunidos y la “honestidad” del resto de trabajadores investigados.

Estas mismas fuentes destacan que el funcionamiento del FASEE, que fue quien aprobó el rescate de Tubos Reunidos, ha contado con el control y la fiscalización oportuna. En concreto, recuerdan que la Intervención General del Estado auditó la gestión del fondo y el cumplimiento de la normativa aplicable, dando su opinión favorable a sus cuentas en todos los ejercicios. Que la Comisión Europea avaló en julio de 2020 la normativa que regula el FASEE. Que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado en una sentencia de junio de 2024 el régimen de ayudas a otorgar por ese fondo. Y que el Tribunal de Cuentas ha avalado, en su informe publicado el pasado 27 de septiembre del 2024 todas las ayudas concedidas por el FASEE. En su informe concluía que la “SEPI aplicó adecuadamente la normativa en cuanto al cumplimiento de estos requisitos y a sus condiciones de financiación”.