El juez Pedraz rechaza imputar “en este momento” al PSOE en el caso Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado “en este momento” la pretensión del PP de imputar al PSOE en el caso Leire Díez. El magistrado toma esta decisión siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción al entender que por el momento “no se acredita un principio de prueba” para atribuirle la condición de investigado al partido político. Y esto a pesar de que los hechos “pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE”.

En la resolución, el magistrado recuerda que en esta causa se investiga a una presunta trama liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez que llevaron a cabo acciones presuntamente delictivas con el objetivo de “proteger los intereses del PSOE, tratando de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del partido o del Gobierno”.

Con esta premisa, el PP consideró necesario que la persona jurídica PSOE constara ya como investigada, pero Pedraz recuerda que “no basta con que directivos o empleados hayan cometido delitos” porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige que se acredite “un defecto estructural de organización, control y supervisión dentro de la entidad” y que se dé “un beneficio directo o indirecto para la organización”.

Así, para valorar la eventual atribución de responsabilidad criminal de la formación por los delitos presuntamente cometidos tanto por Cerdán como por la gerente Ana Fuentes, el juez primero quiere concretar qué poderes reales tenía el ex secretario de Organización dentro de la estructura del partido, quién autorizó y ejecutó los pagos investigados, qué controles internos existían, si hubo fallos relevantes en los mecanismos de supervisión y si el partido obtuvo algún beneficio de las conductas investigadas.

Este jueves, las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen consideraron prematura la citación del partido como investigado y defendieron que, aunque existen indicios, antes de acordarse su imputación deben practicarse las diligencias pendientes. Entre esas diligencias incluían la declaración del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a quien los investigadores sitúan en un “nivel superior” en la trama que supuestamente trabajó para frenar investigaciones judiciales que atañen al entorno del partido y del Gobierno.

Y Pedraz está de acuerdo con esto. Quiere esperar tanto al análisis de determinadas diligencias ya acordadas (como la documentación requerida al partido o la extraída de la entrada y registro del domicilio de Cerdán), y a la declaración en calidad de investigado del exdirigente socialista. Añade que se debe investigar también si se puede establecer una conexión objetiva entre los pagos ordenados por Cerdán para encargos ilegales a la trama y la estructura patrimonial del partido.

Quiere conocer, además, quién “ordenó materialmente esos pagos investigados, quién estaba autorizado para disponer de las cuentas del partido, cómo fue contabilizado, qué concepto se hizo constar en la transferencia o contabilidad, si existían facturas, contratos u otros documentos destinados a proporcionar una cobertura aparente al pago, quién autorizó o validó internamente el gasto, si intervino el departamento financiero o contable, si existían límites o doble firma para determinadas disposiciones, si los órganos de administración conocieron los pagos, si existieron alertas internas y, en su caso, cómo fueron tratadas, y si el sistema de control permitió pagos de esta naturaleza sin comprobación alguna”.

El juez considera, en su auto, que es mejor despejar todas estas incógnitas antes de citar a Cerdán porque así el investigado “contará con los elementos esenciales para prestar su declaración”.

Cabe recordar que los investigadores sospechan que se realizaron determinados pagos a despachos de abogados como el del letrado Ismael Oliver y a consultoras como la del exdirigente socialista Gaspar Zarrías con el objetivo de enmascarar el destino final de esos fondos, la trama presuntamente coordinada por Leire Díez.