1:12 - Por unos salarios equitativos
En el momento de escribir estas líneas, estoy a la espera de cuál sea el resultado de la votación celebrada en Suiza este domingo 24 de noviembre sobre la iniciativa “1:12 - Por unos salarios equitativos”, promovida por las Juventudes Socialistas. No obstante, no cabe duda de que se trata de un instrumento muy interesante para luchar contra la creciente desigualdad salarial en el ámbito europeo.
El objetivo de esta iniciativa es impulsar una modificación de la Constitución helvética en nombre de la justicia social, consistente en que la escala retributiva en una empresa entre el salario más alto y el más bajo no pueda ser superior a una horquilla de uno a doce (de ahí la correlación 1:12).
Como dicen sus promotores, se trataría de adoptar una regulación por la cual “ningún gerente debería ganar en un mes más de lo que sus empleados ganan en un año”. De hecho, la iniciativa no pretende que la legislación pase a regular unos techos retributivos, sino más bien que fije una mayor aproximación de los abanicos salariales, de forma que, si una empresa decide incrementar el salario de sus directivos y con ello supera la horquilla 1:12, deberá a su vez aumentar proporcionalmente el salario de los trabajadores peor pagados.
En el trasfondo de esta iniciativa subyacen tres cuestiones de interés sobre la concepción del mercado de trabajo en Europa, y también en España.
En primer lugar, la función del Estado a través del Derecho del Trabajo de proteger a la parte más débil en la relación laboral –el trabajador– de posibles abusos en materia salarial. Lo que la iniciativa 1:12 ha puesto de manifiesto es la necesidad de una intervención estatal para conseguir una mayor igualdad salarial. Frente a este objetivo se han alzado las posturas neoliberales en el país helvético cuestionando lo que consideran una intrusión ilegítima del Estado en la fijación de salarios y, por tanto, denunciando su intromisión en una esfera que sólo correspondería a los agentes sociales (cuestión ésta que, por cierto, debe matizarse, ya que la retribución de altos directivos se dispone en gran medida al margen de cualquier acuerdo colectivo).
Esta argumentación implica dejar de lado la configuración del Estado como Estado social, obligado en cuanto tal a promover las condiciones para que la igualdad del ciudadano, también en cuanto trabajador, sea real y efectiva, por tanto, obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la existencia de salarios desproporcionados y sus posibles consecuencias en el conjunto de la empresa.
En segundo lugar, la iniciativa de los jóvenes socialistas suizos también es un instrumento para ampliar el grado de democracia en materia de relaciones laborales al posibilitar una mayor calidad en el ejercicio de derechos en la empresa, sobre todo de carácter colectivo, por cuanto ésta debería rendir cuentas ante sus propios empleados por las retribuciones que se fijan para sus directivos. Iniciativas como ésta son un paso más en la lucha frente a la creciente impermeabilidad de las empresas al ejercicio por los trabajadores de los derechos fundamentales y libertades públicas que les reconocen las constituciones.
Finalmente, la última cuestión de interés es el efecto que una excesiva desigualdad salarial puede suponer en la propia valoración del trabajo. Me pregunto qué sentimiento puede tener un trabajador sobre su propio trabajo cuando sabe que en su empresa puede haber directivos que cobren más de 50, 70 o 100 veces lo que él gana. Incluso desde una perspectiva empresarial, también se puede reflexionar sobre qué nivel de identificación y de compromiso puede tener el trabajador respecto de su propia empresa ante una situación como la descrita.
En todo caso, es significativo que sea Suiza quien promueva la iniciativa “1:12 – Por unos salarios equitativos”, uno de los países europeos más igualitarios en la distribución de la renta. En cambio, España es, justamente, el país de la Unión Europea con mayor desigualdad en este ámbito; por tanto, con más razón el proyecto que representa la iniciativa 1:12 debería tener algún reflejo en nuestro país.
La consecución de una mayor igualdad en el abanico salarial en una empresa es una cuestión fundamental para promover el valor del trabajo y con ello dignificar el estatuto del trabajador en su relación laboral. La dirección que el Gobierno del Partido Popular en España ha tomado en relación al mercado de trabajo, apostando por un autoritarismo empresarial en materia laboral, hace dudar de que los objetivos sociales a los que se ha hecho referencia tengan algún recorrido en nuestro país.
