La CNMC explora con el PSOE la incorporación al organismo de consejeros de sensibilidad progresista

Un año después de que echara a andar la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que aúna la antigua autoridad de defensa de la Competencia y los organismos reguladores de mercados clave como las telecomunicaciones y la energía, han empezado los contactos para intentar un acercamiento de los socialistas a la institución.

Ambas partes quieren salir ganando: el organismo que preside José María Marín Quemada se sabe cojo no sólo de competencias, sino de “personas de probada experiencia y capacidad profesional que además representen diferentes sensibilidades, puesto que la CNMC depende del Parlamento, porque es bueno el equilibrio institucional”, señalan fuentes del macro-regulador. El partido que ahora pilota Pedro Sánchez, por su parte, ha caído en la cuenta de que muchos de los grandes dossieres de la economía española –de la anulación de la antigua subasta eléctrica CESUR de diciembre pasado, a los planes (atrofiados) para el gestor de aeropuertos de AENA, o también la fusión de Telefónica y Canal+- pasan por la Comisión, donde el partido carece hoy de antenas y de información. “Debemos preguntarnos si es bueno que el PSOE esté solo y la respuesta es obvia”, comentan fuentes parlamentarias socialistas.

El Gobierno de Mariano Rajoy fusionó los distintos reguladores sectoriales que existían y los que estaban en proyecto -entre sí y con la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC)- aduciendo la necesidad de ahorrar costes, lograr una mayor eficiencia y sinergias y mejorar la seguridad jurídica de las empresas. El ahorro real de una institución cuya vocación es ser árbitro y policía de las empresas para el bien de los consumidores es sólo de 9 millones de euros, puesto que los 28 millones en que lo cifró el Ejecutivo del PP se basan sobre todo en no hacer realidad la creación de organismos previstos pero que aún no estaban en funcionamiento.

La integración de organismos despertó el rechazo del Consejo de Estado, de los anteriores reguladores que existían, de numerosos expertos –sobre todo por lo que respecta a la unión de Competencia y reguladores- y de la propia Comisión Europea. Las amenazas de expedientar a España –dossier no cerrado- que formuló la hasta ahora vicepresidenta del Gobierno comunitario Neelie Kroes, responsable de la Agenda Digital, se basaban en el retorno de competencias de los reguladores a distintos ministerios, en las dudas sobre la suficiencia de medios, y, sobre todo, en el cese de consejeros anteriores pese a que no había expirado su mandato. Todo ello conduce al meollo de la cuestión: la eventual falta de independencia del superregulador.

Dos exconsejeros –Javier Ormaetxea y Bernardo Lorenzo- se quejaron a Bruselas. De hecho, Hungría fue expedientada por la Comisión por haber cesado a un consejero de la agencia húngara de protección de datos, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha dado la razón.

En la CNMC no creen que el choque con Bruselas vaya a mayores y que el modelo “ya no está cuestionado”. Fuentes del Ministerio de Economía señalan al respecto que “España está en conversaciones continuas con la Comisión para garantizar el total cumplimiento de la normativa comunitaria”. Dichas conversaciones se desarrollan en paralelo a los mencionados contactos de la cúpula de la CNMC con la nueva dirección del PSOE. A mediados de octubre tuvo lugar un almuerzo en el que participaron miembros de sus responsables de Industria y Economía, y con el presidente de la institución, a iniciativa de éste. La CNMC vive el acercamiento como una prueba de que “la institución funciona”, y de que por eso “el clima ha cambiado”. En el PSOE dicen que “la CNMC tiene prisa por cambiar las cosas”.

Cambio de consejeros, o ampliación

De los 10 consejeros de la CNMC, en pocos meses toca renovar a tres (Diego Rodríguez, Eduardo García Matilla y María Ortiz). La ley permite tanto que no renueven –de ahí el posible pacto sobre el relevo- pero también que sí lo hagan, de modo que no se descarta un aumento de la cifra de consejeros.

Estos movimientos son sólo la punta del iceberg de un primer año muy movido para las 500 personas que trabajan en el superregulador, cuyo mayor reto es consolidarse y ganar credibilidad. La importancia de sus funciones en la vida de los ciudadanos y de las empresas es enorme, a pesar de que la institución, cuyos consejeros nombra el Gobierno con la bendición del Congreso (sólo UPyD vetó a tres consejeros, y el resto de críticas se tradujo en abstenciones) se ha diseñado coja de funciones, recursos y personal.

Alternativas Económicas dedica un dossier especial al papel del regulador, a comparar qué hacen y cómo son los reguladores en el mundo, al impacto de sus decisiones, a sus pecados originales, la reforma que se necesitaba, las tensiones con el Gobierno por determinadas competencias y el marcaje de Bruselas, tras un primer año de vida donde ha sido patente la disminución de las multas. El estado de la liberalización de las telecomunicaciones y la energía, las conexiones de empresas y políticos y las presiones de empresas y administraciones son otros de los aspectos analizados.

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