Distensión política y tareas urgentes

Existe un amplio consenso en este país que celebra el clima de distensión política que ha creado el Gobierno de Pedro Sánchez. Es una sensación de alivio generalizado que comparten personas de ideas opuestas y de distintos territorios, especialmente en Catalunya.

Distensionar era la condición previa y necesaria para abordar los asuntos más candentes  y encontrar soluciones factibles. Pero la distensión por sí sola no resuelve los problemas. En este momento no se puede aspirar a solucionar todos los asuntos, pero sí  los más urgentes. Hay que dar prioridad a la mejora de las condiciones de vida de los más vulnerables. Son asuntos muy concretos que llevaban años aparcados y que afectan a la vida diaria de millones de personas que deben mejorarse sin dilación.

Muchas de las medidas necesarias exigirán más gasto público. Sobre este punto hay que hacer varias consideraciones. En primer lugar, es cierto que nuestro país hereda del Gobierno de Rajoy unas pesadas cargas, como una deuda pública próxima al 100% del producto interior bruto (PIB) y un sistema de pensiones con un déficit anual de más de 20.000 millones de euros tras haber agotado prácticamente el fondo de reserva existente. Además, la situación es especialmente delicada porque es más que probable que suban los tipos de interés, lo cual encarecerá la financiación de la deuda, que reducirá el dinero disponible. Todo esto es cierto, pero a pesar de ello, todavía hay margen de maniobra si se tiene en cuenta que los ingresos públicos en España representan el 38% del PIB, frente al 44% de la media europea.

El Gobierno puede subir determinados impuestos a algunos sectores como la banca, las rentas más altas en el impuesto sobre la renta y destopar progresivamente la cotización máxima a la Seguridad Social. Por otra parte, el ritmo de reducción del déficit público puede lentificarse y aplazar el objetivo del 2,2% previsto para este año. No se puede olvidar que los máximos responsables de la Comisión Europea han reconocido que fue un error haber exigido unas medidas de austeridad tan drásticas en la pasada crisis. No se debería repetir la misma equivocación.

Entre los asuntos más urgentes hay que destacar todos los relacionados con la vivienda. Hace pocos días, un hombre de 45 años se quitó la vida tras arrojarse por la ventana de su casa en Cornellà. Fue un acto de desesperación por el insoportable agobio que significaba arrastrar la deuda de 14 meses de alquiler. Es todo un indicador del sufrimiento en que viven miles de familias. Los desahucios no son un asunto del pasado. Este es un problema que no se arregla solo con el tiempo. Más de medio millón de familias han pasado por este trauma. En 2017 se realizaron 60.754 desahucios, de los que casi el 60% correspondían  a viviendas arrendadas. Durante el primer trimestre del presente año los lanzamientos por impago de alquileres  volvieron a aumentar hasta los 9.719. 

Los derechos de los inquilinos se restringieron drásticamente en 2013 por el Gobierno del PP al rebajar la duración de los contratos de cinco a tres años, facilitando así  un aumento de los alquileres a costa de la inestabilidad de las familias. En el Congreso de los Diputados se debaten dos propuestas de los socialistas y Podemos para corregir esta situación. Pero la correlación de fuerzas no es nada favorable a reconocer un derecho fundamental como es el de la vivienda desde 2014 en la Unión Europea.

Los ciudadanos que adquirieron sus pisos mediante hipotecas se encuentran también en situación de desprotección al no haberse transpuesto todavía la directiva europea de 2014 que regula sus derechos. Los debates en el Congreso de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario difícilmente terminarán antes de fin de año.

En este campo hay un problema estructural debido a la falta de viviendas sociales, que no llega al 1,5% de los inmuebles, cuando en algunas ciudades europeas como Viena representan el 60%. En 2017 se terminaron menos de 5.000 viviendas de protección oficial, que representan el 5% de las que se construían cada año entre las décadas de 1960 y 1980. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está siendo objeto de un feroz ataque por parte de grupos empresariales por exigir que un 30% de las viviendas de las nuevas construcciones sean de carácter social.  El mismo porcentaje que se exige en París. 

El problema de la vivienda afecta especialmente a los jóvenes debido a sus salarios extremadamente precarios. Estos días patronales y sindicatos han alcanzado un acuerdo para establecer un salario mínimo  de 1.000 euros en los convenios colectivos. Este acuerdo podría de servir de referencia para elevar el salario mínimo interprofesional, actualmente de 735,9 euros al mes. En Alemania el salario mínimo introducido en 2015 ha experimentado un balance positivo elevando los suelos de los trabajadores peor pagados, los menos formados, los jóvenes y los que trabajan en servicios.

Otro colectivo que precisa una atención inmediata es el de los pensionistas que perciben las prestaciones más modestas. No todos los pensionistas están en la misma situación. En España se pagan 9,5 millones de pensiones, pero 4,9 millones tienen una cuantía inferior a 735,89 euros al mes. De estas 1,3 millones son pensiones de jubilación y 1,1 de viudedad. Y esto sí que es un problema que en determinados casos es de subsistencia. 

[Este es el editorial del número 60 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]