Más subcontratación, menos derechos laborales

La huelga de los montadores de Telefónica y el libro de Ernest Cañadas sobre las limpiadoras de hotel han puesto en evidencia el impacto social de la subcontratación. No es una novedad. Desde mitad de la década de 1970 las grandes empresas empezaron a adelgazarse y externalizar partes de su actividad. El proceso se inicio con las actividades consideradas auxiliares y progresó en todas direcciones.

Actualmente, todas las grandes empresas se caracterizan por tener esta organización reticular, con un centro que organiza una gran cantidad de unidades productivas. La forma que adquieren estas redes difiere según el tipo de actividad concreta; no es lo mismo producir automóviles, donde el montaje final aún está en manos de las grandes empresas, que una franquicia comercial o una empresa telefónica. Casi siempre los elementos cruciales del núcleo están en la marca y en la financiación.

¿Cuál es la ventaja de este modelo? El argumento convencional es que aumenta la eficiencia porque cada unidad productiva se especializa en lo que hace mejor. Pero la existencia de grandes empresas que intervienen en una enorme variedad de subcontratas lo pone en cuestión (empresas como Clece, dedicadas a limpieza, mantenimiento, servicios asistenciales, restauración, o empresas de servicios que simplemente aportan mano de obra a una infinidad de procesos productivos).

Si lo analizamos desde el plano laboral, las cosas parecen ser más claras: la fragmentación del proceso de trabajo en múltiples unidades permite dividir a los trabajadores, diferenciar salarios (las distintas empresas subcontratistas se acogen a convenios colectivos diversos), aumentar el control sobre los trabajadores (los subcontratados reconocen que tienen dos jefes, el directo y el de la empresa a la que prestan el servicio), reducir el tamaño de las plantillas, individualizar las relaciones laborales y dificultar la acción sindical. A menudo hay más diferencias de condiciones laborales entre trabajadores de subcontratas y empresa central que entre fijos y temporales de una misma empresa.

Las redes empresariales son también redes jerárquicas, las empresas del núcleo promueven la competencia de subcontratas para forzar reducción de costes y ésta revierte en condiciones laborales. Se forman cadenas de subcontratas en las que cada eslabón tiene menor grado de poder que el superior.

Los autónomos de Telefónica son un ejemplo claro de lo que ocurre al final de la cadena. Es parecido a lo que habíamos observado en estudios sobre la construcción, donde el final de la cadena estaba formado por contratistas informales que reclutan gente (mayoritariamente inmigrantes) para realizar tareas de corta duración. Es el espacio idóneo para la informalidad y el abuso. La externalización productiva hacia países donde no existen regulaciones efectivas de los derechos laborales es otra variante del modelo. Es una forma que tienen muchas empresas de abaratar costes degradando derechos. 

Mirado en su conjunto, el capitalismo moderno es un capitalismo etéreo. La estructura productiva se diversifica en estas redes productivas donde se fragmentan las condiciones laborales y se difuminan derechos.

Recientemente se puso de manifiesto la situación de los mataderos de la comarca de Vic, donde la masa laboral es forzada a integrarse en algo que se llama “cooperativa” y que en la práctica es una forma encubierta de prestamismo. Se puso de manifiesto que Casa Tarradellas era propietaria de uno de estos mataderos. A los pocos días anunció que había vendido su participación (aunque no que se siga suministrando de esta planta), seguramente para que no quede dañada su imagen. Es un caso local de lo que ya se conoce en casos tan representativos como Apple o Nike.

En el otro lado, en el de la propiedad, ocurre lo mismo. El capital antes era mucho más personalizado. Ahora la mayor parte de grandes empresas están en fondos financieros etéreos. Paraísos fiscales, redes de propiedad, son la otra cara de las redes de subcontratas. El objetivo es el mismo: eludir derechos, obligaciones, esquivar control social.

Albert Recio es economista y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona.

[Este artículo ha sido publicado en el número de junio de la revista Alternativas Económicas como parte de un dossier dedicado a la subcontratación. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]