El pasado 6 de noviembre, en una ceremonia ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente Santos asumió la responsabilidad y pidió perdón por la participación del Estado en la desaparición forzada de 10 personas, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de una undécima y la tortura de varias más, tras la toma del Palacio de Justicia de 1985. Un centenar de personas murieron en el asalto. Muy pocos de los presuntos responsables de esos crímenes han rendido cuentas.
De hecho, lo que sucede es que los familiares de las víctimas que han hecho campaña por la justicia y tratado de descubrir el paradero de sus seres queridos, así como integrantes de ONGs de derechos humanos que les apoyan, han recibido amenazas de muerte. El pasado año, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura expresó su preocupación por “la persistencia de graves violaciones de derechos humanos en el Estado parte, tales como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.
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El 25 de junio de 2015, Claudia Mabel Palacios, cuyo hijo fue objeto de desaparición forzada en 2014, recibió la llamada telefónica de un hombre que le dijo que tenía ocho días para abandonar la zona en la que vive, en el suroeste de Colombia, que “no querían verla más allí” y que dejara de buscar a su hijo si no quería sufrir una tragedia peor que la que sufrió él. Se cree que su hijo, Hafith Ríos Palacios, de 19 años, fue secuestrado en marzo de 2014 por paramilitares que actúan en la zona de El Palmar, municipio de Dagua, donde ella reside. Claudia Mabel Palacios recibió la llamada amenazadora unos días después de visitar la zona de El Palmar, donde podría estar enterrado su hijo.
Parecida suerte corrió Fair Leonardo Porras Bernal, que desapareció el 8 de enero de 2008, a los 26 años, y después hallada víctima de ejecución extrajudicial. El 16 de septiembre del mismo año a su madre, Luz Marina, le llamaron para informarle de que se había encontrado el cadáver de su hijo en una fosa común del municipio de Ocaña, en el departamento noroccidental de Norte de Santander. Fuentes del ejército informaron de que había muerto en combate, como combatiente de un grupo armado ilegal. Investigaciones posteriores realizadas por la Fiscalía General de la Nación establecieron la falsedad de esta información e indicaron que Fair Leonardo Porras Bernal había sido ejecutado extrajudicialmente por el ejército.
Fue uno de los llamados falsos positivos. Miles de casos de ejecuciones extrajudiciales en los que las víctimas fueron presentados por el ejército como guerrilleros muertos en combate o, en ocasiones, paramilitares muertos en combate. A finales de julio de 2013, tras años de lucha por la justicia y numerosas amenazas, fueron condenados cinco soldados por la muerte de Fair Leonardo. La lucha de un grupo de madres, las conocidas como Madres de Soacha, resultó fundamental.
Mujeres que lideran la búsqueda
Lo cierto es que no solo las Madres de Soacha son las únicas mujeres cuyo trabajo ha sido fundamental para el esclarecimiento de los casos de sus familiares. En Medellín, las Madres de la Candelaria buscan la verdad desde 1999. Allí escuché hace años cuatro palabras (“Era mi único hijo”) que, junto a la mirada de la madre que las pronunció, expresan el dolor causado por las desapariciones forzadas.
En 2015, Mujeres Caminando por la Verdad, una organización formada por madres, esposas, hijas y hermanas de personas desaparecidas en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín en Colombia, recibió el Premio Nacional a la Defensa de Derechos Humanos.
Poco antes, en julio de éste mismo año, comenzaron las excavaciones en La Escombrera, un lugar situado en la Comuna 13 y que fue definido por la Fiscalía como “la fosa común urbana más grande del mundo”.
Hoy, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, es un buen momento para recordar que la paz, esperanza compartida por millones de personas en Colombia, será sostenible si las víctimas ven garantizados sus derechos a la verdad, justicia y reparación.
Sobre este blog
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