La crisis del coronavirus en el mundo: Los derechos humanos pueden ayudar a protegernos

El derecho a la salud

La mayoría de los Estados han ratificado al menos un tratado de derechos humanos que obliga a garantizar el derecho a la salud. Esto significa, entre otras cosas, que tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades. En el contexto de la propagación de una epidemia, esto significa garantizar asistencia preventiva así como bienes y servicios a disposición de todas las personas.

En Hong Kong, uno de los primeros lugares afectados por el COVID-19, una ONG local señaló que casi el 70% de las familias con ingresos bajos no podía permitirse el equipo de protección que el gobierno estaba recomendando, que incluía mascarillas y desinfectante. Si los Estados apoyan el uso de tales artículos, deben asegurarse de que todo el mundo puede acceder a ellos.

Acceso a la información

Este es un aspecto fundamental del derecho a la salud, pero ya hemos visto a gobiernos que no lo respetan. En diciembre de 2019, personal médico de Wuhan (China), donde se informó por primera vez del virus, compartió con colegas sus temores relacionados con pacientes que presentaban síntomas respiratorios. Las autoridades locales silenciaron y amonestaron de inmediato a estos profesionales por “difundir rumores”.

Mientras, en la región de Jammu y Cachemira, las autoridades han ordenado prorrogar la restricción de los servicios de Internet, pese al número creciente de casos. Como consecuencia, acceder a información vital sobre la incidencia y propagación del virus, y cómo protegerse, es sumamente difícil.

Toda persona tiene derecho a ser informada del peligro que el COVID-19 representa para su salud, las medidas para mitigar los riesgos y los esfuerzos en curso para combatirla. No garantizarlo debilita la respuesta de los servicios de salud pública y pone en riesgo la salud de todo el mundo.

Derecho al trabajo y derechos laborales

Las personas con trabajos precarios están sufriendo de manera desproporcionada las consecuencias de la pandemia, que ya empieza a afectar gravemente a la población y la economía. La población trabajadora migrante y quienes trabajan en la economía bajo demanda (“gig”) y en el sector informal tienen más probabilidades de que la COVID-19 y las medidas adoptadas para controlarla afecten negativamente a su derecho al trabajo y sus derechos laborales.

Los Estados deben garantizar el acceso a la seguridad social —incluidas prestaciones por enfermedad, bajas parentales y asistencia médica— de todas las personas que no puedan ejercer su trabajo debido al virus. Esto también es fundamental para que la población se ciña a las medidas de salud pública adoptadas por los Estados.

Las personas que trabajan en los servicios de salud están en primera línea frente a esta pandemia, ya que siguen prestando servicios a pesar de los riesgos personales para ellas y sus familias, y los gobiernos deben ofrecerles protección. Entre otras cosas, deben facilitar equipos de protección individual adecuados y de buena calidad así como información, formación y apoyo psicosocial a todo el personal que está respondiendo a la crisis. Personas que desempeñan otros trabajos, como el personal de prisiones, también corren mayor riesgo de exposición y deben ser protegidas.

Impacto desproporcionado en determinados grupos

Cualquiera puede contraer COVID-19, pero hay determinados grupos en los que el riesgo de enfermedad grave y muerte parece mayor. Uno es el de las personas de avanzada edad y aquellas con problemas médicos preexistentes. También es probable que los grupos marginados, como las personas que viven en la pobreza, las personas con discapacidad y las personas detenidas —incluidas migrantes y solicitantes de asilo—, tengan dificultades añadidas para protegerse y para acceder a tratamiento.

Por ejemplo, las personas sin hogar tendrán más dificultades para aislarse, y quienes no tengan acceso a unas condiciones adecuadas de saneamiento correrán mayor riesgo de infectarse con el virus.

A la hora de elaborar estrategias de respuesta a la COVID-19, los Estados deben asegurarse de tener plenamente en cuenta las necesidades y experiencias de grupos específicos.

Estigma y discriminación

Según información publicada en medios de comunicación, las personas procedentes de Wuhan han sufrido discriminación y acoso generalizados en China, como ser expulsadas de hoteles, quedar atrapadas en sus viviendas por barricadas y ver sus datos personales filtrados en Internet.

También ha habido informes generalizados de xenofobia antichina o antiasiática en otros países; el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado reiteradamente “virus chino” al causante de la COVID-19. En Londres, un estudiante de Singapur sufrió una brutal paliza en un ataque agravado por la motivación racista. No hay excusa para el racismo o la discriminación. Los gobiernos del mundo deben adoptar un enfoque de tolerancia cero ante los ataques racistas contra cualquier persona.

El presidente Trump ha aprovechado la pandemia para justificar políticas racistas y discriminatorias y, según informes, planea una prohibición general del paso desde México a las personas solicitantes de asilo.

Prohibir tan drásticamente el asilo sería contrario a las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales del Estado y sólo serviría para demonizar a las personas que buscan seguridad. Una prohibición similar impuesta en 2018 ha sido declarada rápidamente ilegal por todos los tribunales que la han examinado.

Más aún, durante una crisis de salud pública, los gobiernos deben actuar para proteger la salud de todas las personas y para garantizar su acceso a atención y seguridad, y sin sufrir discriminación. Esto incluye a las personas en movimiento, con independencia de su condición de migrantes.

El mundo sólo podrá luchar contra este brote mediante la solidaridad y la cooperación más allá de las fronteras. La COVID-19 debe unirnos, no dividirnos.