El tuit que Trump no enviará

El pasado 15 de julio de 2020 Donald Trump tuiteaba desde su cuenta que “ejecutar a tres personas en Irán enviaba una terrible señal al mundo, y que no debía hacerse”. El presidente de los Estados Unidos criticaba la posible ejecución de Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi y Saeed Tamjidi, condenados a muerte por su relación con las protestas que tuvieron lugar en noviembre de 2019. El portavoz judicial de Irán los acusó de ser los líderes de las protestas; protestas que tuvieron lugar en más de 100 ciudades iraníes entre noviembre y diciembre de 2019 y que ocasionaron la muerte de más de 300 personas y en las que miles más resultaron heridas.

En los últimos días, una gran campaña internacional denunció la situación de estas tres personas, lo cual, sumado al incansable trabajo de los abogados de estos tres jóvenes, logró detener las ejecuciones. Estos últimos, apoyándose en el artículo 477 del Código Penal Iraní, que permite la repetición del juicio, por ejemplo, si el veredicto se ha emitido basándose en pruebas falsas o si la pena impuesta es demasiado severa, presentaron una apelación que, si bien no elimina la posibilidad de ejecución, al menos sí elimina el riesgo inminente.

Otras personas no tuvieron tanta “suerte”. Tan solo unos días antes de la suspensión de las ejecuciones de Amirhossein, Mohammad y Saeed, a Diaku Rasoulzadeh y Saber Sheikh Abdollah, de poco más de 20 y 30 años respectivamente, los sacaron de sus celdas en la prisión de Urmía, el 13 de julio. Según información filtrada desde la prisión, los funcionarios penitenciarios les dijeron de forma engañosa que el Tribunal Supremo había anulado sus condenas a muerte y que iban a sacarlos de la prisión para volver a enjuiciarlos. En lugar de eso, los funcionarios los trasladaron a celdas de aislamiento y, en la madrugada del día siguiente, los ejecutaron sin dar aviso previo a sus abogados.

Todas estas condenas se enmarcan en un alarmante aumento en el uso de la pena de muerte contra manifestantes, disidentes y miembros de grupos minoritarios en Irán, uno de los países en los que, año tras año, se llevan a cabo más ejecuciones en todo el mundo. El año pasado, Irán fue responsable del 38% de las ejecuciones de las que se tuvo constancia en el mundo. Ejecuciones que, en muchos casos llegan tras juicios injustos, tras confesiones obtenidas bajo tortura, etc.

Irán y Estados Unidos. Dos países tan distintos y tan similares. Dos países que históricamente han sido líderes en la clasificación de mayores ejecutores en el mundo y sobre los que en los últimos años hemos visto cómo descendía el número ejecuciones. En Irán disminuyeron, pasando de al menos 507 en 2017, antes de la introducción de la ley contra las drogas, a al menos 251 en 2019: una reducción del 50%. En Estados Unidos, el gobernador de California estableció en 2019 una moratoria de las ejecuciones en el estado que tiene la cifra más elevada de personas condenadas a muerte, y New Hampshire se convirtió en el vigésimo primer estado de Estados Unidos en abolir la pena de muerte para todos los delitos.

Sin duda, que el presidente Trump criticara las condenas en Irán y pidiera la suspensión de las ejecuciones, es digno de señalar. Pero, si miramos hacia Estados Unidos, vemos que en las mismas fechas, también había programadas varias ejecuciones a nivel federal, que dependen del gobierno y no de los estados. El pasado 25 de julio de 2019, el gobierno de Estados Unidos, el mismo que preside Donald Trump, anunció que reanudaría las ejecuciones federales por primera vez desde 2003. Y hace unas semanas, se anunciaron cuatro de estas ejecuciones: Daniel Lewis Lee, Wesley Purkey y Dustin Honken en julio, y Keith Dwayne Nelson en agosto.

En el caso de Daniel Lewis Lee, tanto el juez de instrucción, como el fiscal principal y la familia de las víctimas se oponían a la ejecución. En el caso de Wesley Purkey, la esquizofrenia, el Alzheimer, la demencia y toda una vida de traumas provocaron que fuera incapaz de comprender por qué el gobierno federal quería ejecutarlo. En el caso de Dustin Honken, según su abogado, los defectos en su proceso judicial incluían demandas de abogados ineficaces, falta de exploración de cuestiones de salud mental y más. Según los abogados de Keith Dwayne Nelson, la ineficaz representación legal que recibió en el juicio dio lugar a errores cruciales y el jurado nunca oyó hablar de factores atenuantes en su caso, incluidos los repetidos abusos sexuales y físicos a los que fue sometido durante su traumática infancia.

Estos cuatro casos recogen algunas de las lamentables características del sistema de pena de muerte en Estados Unidos, un sistema profundamente defectuoso y arbitrario, con muchos casos afectados por una representación legal inadecuada, pruebas nunca presentadas en los juicios y prejuicios raciales más que habituales.

Entre el 14 y el 17 de julio, en los mismos días en los que Trump tuiteaba contra la pena de muerte en Irán, el gobierno norteamericano ejecutó a Daniel Lewis Lee, Wesley Purkey y Dustin Honken en Indiana. El próximo 28 de agosto puede ser ejecutado Keith Dwayne Nelson en Misuri.

Donald Trump no tuiteó nada sobre estas ejecuciones. En este caso no hubo mensaje del Presidente pidiendo que las ejecuciones no se llevaran a cabo. Ojalá en agosto el presidente Trump cambie de opinión y tuitee algo así como: Keith Dwayne Nelson, condenado a muerte a pesar de los errores judiciales. La ejecución se espera para el 28 de agosto. Ejecutar a Keith D. Nelson enviaría una terrible señal al mundo #StopExecutionsUSA. El tuit no es tan diferente del publicado el 15 de julio, solo habría que cambiar los nombres y el país para que Estados Unidos se suba al tren de los 142 países que han renunciado a vivir en el pasado y han abolido, bien en la ley, bien en la práctica, este castigo cruel, inhumano y degradante, que solo debería estar presente en los libros de historia.