El Ayuntamiento de Sevilla entrega los informes un mes después del desalojo de la Corrala Utopía

El Ayuntamiento de Sevilla acaba de entregar los informes de las familias de la Corrala Utopía, mes y medio después del desalojo del inmueble y un mes después de haber sido solicitados de nuevo por la Junta de Andalucía. En dichos informes, se hace constar, según el Ayuntamiento, diferentes datos relativos a “la situación familiar y las redes de apoyo”, tales como la salud, económicos, laborales, habitacionales; así como una valoración técnica en la que se concluye, en base a los indicadores que en los informes se reflejan y a juicio del trabajador social de referencia, “si la unidad de familiar se encuentra en una situación adecuada, de vulnerabilidad o riesgo; o deficitaria o de exclusión social”.

En este sentido, el Ayuntamiento ha insistido en que respecto de las 17 familias, “tan sólo dos de ellas figuran en la lista de reserva de familias baremadas para la adjudicación de viviendas sociales, en los puestos número 100 y 122 de las listas para viviendas con tres y dos dormitorios, respectivamente”. Respecto a las familias restantes, ha subrayado que “no ha sido posible efectuarles el referido baremo, puesto que ello requeriría el expreso deseo de iniciar o, en su caso, continuar con un proceso de intervención social y la aportación de los documentos necesarios para la cumplimentación de los 74 ítems del baremo”.

Sin embargo, la Junta de Andalucía afirma que el PP “miente” sobre la Corrala para “salvar la cara”. “El Gobierno de Juan Ignacio Zoido miente al afirmar que sólo dos familias cumplen los requisitos. -asegura la delegada de Sevilla de la Consejería, Granada Santos- Estas familias no necesitan ser baremadas, porque no optan a una adjudicación, sino a un realojo provisional en cumplimiento de un mandato judicial que obliga a las administraciones a proveer lo necesario para atender a las familias desalojadas con menores o en riesgo de exclusión social. El baremo no es de aplicación en este caso”, ha explicado Santos, que ha afirmado que ha tenido conocimiento del envío de la documentación a través de los medios, y que aún no conoce dicha comunicación ni los informes sociales.

Así, considera que “el PP continúa con la estrategia de la mentira para intentar salvar la cara, porque lleva meses atacando a las familias de la Corrala con falsedades e insidias”. A su juicio, “el Ayuntamiento vuelve a confundir intencionadamente a la sociedad sobre dos conceptos totalmente distintos a la hora de buscar una vivienda protegida a las familias necesitadas: realojo y adjudicación”. Santos ha asegurado que la Consejería de Fomento y Vivienda continuará actuando “con responsabilidad”, por lo que espera conocer lo antes posible dichos informes para continuar con el proceso de realojo.

Por otro lado, sobre la lista de espera para la adjudicación de viviendas que el Ayuntamiento “siempre utiliza para intoxicar sobre este asunto y generar confusión”, Santos le ha recordado a Zoido que “aún no ha respondido a la propuesta de la Consejería sobre el Plan para Alquiler Urgente de VPO Vacías, lo que constata el inmovilismo del alcalde con respecto a las viviendas deshabitadas de su ciudad, que la Junta ha cifrado en más de 500”.

Las familias acusan al Ayuntamiento de “dilatar y mentir” en el proceso

Las familias de la Corrala Utopía han celebrado que el Ayuntamiento de Sevilla entregue a la Junta de Andalucía los informes sobre su situación social y habitacional, “poniendo así fin a una espera absolutamente injustificada que ha aumentado el sufrimiento de las familias”, a la par que han criticado “su lentitud y ánimo de mentir”.

En un comunicado, las familias han lamentado el proceder del Ayuntamiento, “que durante este interminable proceso se ha dedicado a dilatar y mentir a la opinión pública”. Así, aseguran que “se ha mentido cuando afirman que las familias hemos puesto dificultades para ser evaluadas conforme a lo solicitado por la Junta de Andalucía”.

En este sentido, indican que “para evitar este tipo de manipulación por parte del Ayuntamiento”, las familias “cuando fuimos a los Servicios Sociales dejamos constancia por escrito de nuestra absoluta colaboración para lo solicitado y denunciamos las prácticas del Ayuntamiento”.

Asimismo, han criticado “las mentiras que el Ayuntamiento quiere hacer pasar como verdad oficial en lo que respecta a su supuesta celeridad y nuestras dificultades a los técnicos sociales”. “El Ayuntamiento ha alargado el procedimiento de forma indebida e injustificada”, lamentan.

Las familias de la Corrala Utopía explican en este punto que la mayoría de los afectados culminaron el proceso de dos entrevistas y aportación de documentos “hace semanas, que fue lo solicitado por los técnicos”; en otros casos, ha sido el propio Ayuntamiento quien ha citado para la segunda entrevista a las familias con un plazo de 15 o 20 días, y en otros, tras culminar las entrevistas y la entrega de documentación, plantearon un nuevo requisito que era “visitar las viviendas donde estamos acogidas por amigos o familiares, a lo cual no ha habido ningún impedimento en el caso de las familias pendientes de realojo”.

Elogian el trabajo de los técnicos sociales

Asimismo, los técnicos sociales, que han realizado un trabajo “muy profesional”, según los afectados, les manifestaron desde hace semanas que su trabajo estaba concluido en la mayoría de los casos y “que estaban pendientes de su revisión por parte de sus superiores jerárquicos y de la concejal delegada de Asuntos Sociales, María Dolores de Pablo-Blanco”. “Confiamos en que desde el poder político municipal no se haya alterado ni condicionado el trabajo de los técnicos y en los próximos días se culmine el proceso de realojo provisional”, sostienen.

Por último, han condenado lo que consideran “un nuevo intento de manipulación del Ayuntamiento con respecto a la aplicación del baremo”. “El baremo ni ha sido solicitado por la Junta, ni es aplicable a los realojos, ni se le ha realizado a las familias”, han explicado, a la par que afirman que el Gobierno local “pretende trasladar el mensaje de que sólo dos de las 17 familias cumplen el baremo, cuando la realidad es que sólo dos familias antes del desalojo policial fueron baremadas, cumpliendo los requisitos las dos”.