El número de barrios deprimidos en Andalucía se dispara un 30% en tres décadas

La Junta de Andalucía destinará más de 169,5 millones de euros hasta 2022 para mejorar la calidad de vida de más de 914.000 personas, mediante la intervención en 99 zonas desfavorecidas de 65 municipios de la comunidad autónoma. Esta es la principal previsión de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, que ha presentado al Consejo de Gobierno la titular de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Sánchez Rubio ha manifestado que se trata tanto intervenir en zonas que ya tienen cierta degradación desde el punto de vista comunitario, como de prevenir en aquellos espacios donde se están dando ya unas circunstancias en materia de paro por parte de las familias o situaciones de exclusión, de manera que se impida que finalmente se consoliden como un espacio “gueto”.

Así, ha indicado que se va a pasar de tener intervención en 50 ó 60 zonas, como ha ocurrido en años anteriores, a actuar en 99 zonas, que se han definido de acuerdo con un estudio objetivo, con control de todos los supervisores del ámbito de la Unión Europea.

El plan, de carácter transversal y cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 80 por ciento, abarca las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local desarrollan en estos territorios, entre las que destacan las relativas a la inserción sociolaboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión. En su elaboración han participado las consejerías con competencias en educación, salud, empleo, vivienda y justicia, así como el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Además se han tenido en cuenta más de 400 entrevistas realizadas a los agentes sociales de cada zona.

La estrategia arranca con algo más de 37,2 millones de euros a través de dos convocatorias de ayudas que se abrirán este año. La primera, de casi 28 millones, se dirige a las entidades locales para reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención. La segunda, para entidades privadas sin ánimo de lucro, contará con más de 9,3 millones de euros.

Las 99 zonas incluidas en el documento han sido seleccionadas teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia, entre otros. Del total, 18 corresponden a la provincia de Cádiz, 14 a Málaga y otras 14 a Sevilla. Les siguen Granada (13), Jaén (12), Almería (11), Huelva (9) y Córdoba (8). Se trata, en su mayor parte, de entornos urbanos con elevada concentración de población en situación vulnerable y afectados por la existencia de barreras físicas.

Entre los barrios “más significativos y conocidos”, la consejera ha mencionado La Atunara, en La Línea de la Concepción (Cádiz); La Chanca, Pescadería y El Puche (Almería); Las Palmeras y Las Moreras (Córdoba); el distrito norte de Granada; el distrito 3 de Huelva; San Vicente de Paul, Antonio Díaz y La Magdalena (Jaén); La Palma, Palmilla y Los Asperones (Málaga), o el Polígono Sur de Sevilla, El Polígono Norte, El Vacie y Tres Barrios-Amate (Sevilla).

La intervención se desarrollará bajo los criterios de participación de la ciudadanía, la integración de la perspectiva de género y el fomento de la solidaridad, la equidad, la interculturalidad y la diversidad, con un enfoque centrado en las personas y las familias.

Partiendo de estos principios, se establecen cuatro grandes ejes: desarrollo económico y sostenible; políticas públicas para el bienestar y la cohesión social; mejora del hábitat y la convivencia, y trabajo en red para la intervención social comunitaria.

Entre las medidas concretas que se desarrollarán, según ha expuesto la consejera, destacan las dirigidas a evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; incrementar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.

El proyecto se desarrollará a través de planes locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas, que elaborarán los ayuntamientos y, en el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes, las diputaciones provinciales. Serán aprobados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales con una duración mínima de cuatro años e incluirán un diagnóstico de la zona, las medidas par alcanzar los objetivos propuestos, los recursos necesarios y el perfil de las personas y grupos a los que van dirigidos.

La consejería abrió el pasado 11 de mayo una convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para la contratación de 122 personas encargadas de trabajar en el diseño y elaboración de estos planes locales, con un importe máximo de 827.000 euros.

ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto regulador de las Escuelas de Tiempo Libre de Andalucía, que sustituye al vigente desde 1989 con el fin de incrementar la oferta de las enseñanzas que imparten y sus parámetros de calidad. Estos centros, que suman un centenar en la comunidad, se dedican a la formación y especialización profesional en actividades vinculadas al ocio infantil y juvenil. El pasado año emitieron 1.728 diplomas, principalmente de monitores y animadores.

La norma refuerza los requisitos formales, materiales y de recursos humanos que deben cumplir las escuelas, gestionadas por entidades privadas y asociaciones sin ánimo de lucro, para su reconocimiento oficial por parte del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ). Las nuevas condiciones prestan especial atención a la mejora de las instalaciones, el proyecto educativo y la formación del profesorado.

Esta mayor exigencia se hace compatible con la agilización de los procedimientos de puesta en marcha de los centros. Como principal novedad, el decreto implanta un régimen de declaración responsable que sustituye a la actual autorización previa de la Administración. Finalmente, la oferta formativa se adapta al nuevo marco de los certificados de profesionalidad y, como novedad, se crean las enseñanzas sistematizadas de Informador Juvenil y de Director de Actividades en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil, que se suman a las actuales de Monitor de Actividades. Asimismo, se abre la posibilidad de obtener estas competencias de forma modular, expidiéndose diplomas o certificados según las materias cursadas.