Psicólogos y trabajadores sociales supervisados por médicos: así atiende el Gobierno andaluz a mujeres maltratadas

Las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, a las que Vox ha puesto en  el punto de mira reclamando al Parlamento andaluz la lista de nombres y apellidos de sus trabajadores, son organismos que emanan de la Ley estatal contra la Violencia de Género, de 2004, y que el Gobierno andaluz puso en marcha de forma pionera. El que fuera delegado del Gobierno para la violencia de género, adscrito al Ministerio de Igualdad en la segunda legislatura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el profesor Miguel Lorente, fue el primer coordinador de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía en 2005, cuando se pusieron en marcha las ocho unidades de valoración y evaluación de violencia contra las mujeres.

Estos órganos, adscritos desde siempre a la Consejería de Justicia del Gobierno andaluz, se ubican en cada uno de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía como unidades funcionales multidisciplinares de carácter técnico, y están integradas por personal médico forense y profesionales de la psicología y del trabajo social, quienes desarrollan sus funciones bajo la dirección y supervisión del médico forense encargado de la coordinación de la Unidad. Los informes que realiza su personal, y que Vox acusa de “ideologizados”, se realizan en las instalaciones de la sede central del Instituto de Medicina Legal correspondiente, aunque en caso de necesidad se pueden programar reconocimientos externos.

Cómo funcionan

Una vez interpuesta la denuncia y a petición del juez, las víctimas de violencia de género, agresor y descendientes acuden a estas oficinas previa cita a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, independientemente del reconocimiento de urgencia realizado por el médico forense de guardia, cuando así sea solicitado por la autoridad judicial. El presidente del grupo parlamentario Vox, Francisco Serrano, es quien ha registrado en el Parlamento andaluz una petición para que la Junta le proporcione “una relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; Equipos Psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre el año 2012 y 2019 completos”.

Serrano conoce bien el sistema de las unidades de evaluación de violencia de género, porque es juez de familia -en excedencia- especializado en defender a “padres maltratados”. El diputado de Vox abandera una política dura en contra de las leyes de igualdad y lucha contra la violencia machista, que él y su partido han pedido derogar porque consideran parte del “supremacismo de género” y el “feminismo radical de izquierdas”. Vox pidió al PP la derogación de estas leyes a cambio de apoyar la investidura del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, aunque finalmente le cedió su respaldo sin que los populares asumieran estas exigencias. La petición de nombres y apellidos de la plantilla que evalúa la violencia de género viene explicada así por el propio Serrano: “Se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños”.

Durante el servicio de guardia del Instituto de Medicina Legal, corresponde al médico de guardia la emisión del informe médico-forense, en el que se recoja la valoración y reconocimiento efectuada con carácter de urgencia a demanda de la autoridad judicial, aunque el médico forense que haya efectuado el reconocimiento durante la guardia pueda solicitar su remisión a la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género para proceder a una valoración de mayor profundidad.