El Supremo impone una fianza de 3.000 euros al PP-A para ejercer acusación popular en el caso ERE
El Tribunal Supremo ha fijado una fianza en metálico de 9.000 euros para el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias, Asociación Pro-Justicia Siglo XXI y Partido Popular de Andalucía que deberá ser prestada a partes iguales (3.000 euros cada una), como presupuesto para su intervención como parte en el presente en el caso de los ERE que investiga el alto tribunal en lo que respecta a los aforados nacionales.
Las tres acusaciones populares, según dictaminó ya el Supremo el pasado enero, actúan bajo una misma dirección y representación, que será la correspondiente al primer compareciente, Manos Limpias.
El alto tribunal se basa en la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional y dice que el ejercicio de la acción popular se condiciona al cumplimiento de los presupuestos legalmente establecidos, entre ellos, tal como establecía la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 280, la obligación impuesta al particular de prestar fianza para responder de las resultas del juicio, aludiendo en este caso a la “asequibilidad de su prestación”.
En diciembre, el PP-A solicitó personarse. Los directamente afectados, los aforados, ya se personaron durante el mes de noviembre, que fue cuando se informó de este trámite procesal realizado por los diputados nacionales Manuel Chaves y José Antonio Viera mientras que en días anteriores hicieron lo propio las defensas del diputado y también encausado Gaspar Zarrías y del senador José Antonio Griñán.
Cuando se conoció la personación de los populares, el Gobierno andaluz insistía, en relación a una posible personación por parte de la Junta, que hará lo que determine su gabinete jurídico. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz, Miguel Ángel Vázquez, manifestó que el Ejecutivo andaluz, cuando actúa en el ámbito de los tribunales lo hace en función de lo que decida su gabinete jurídico. “Lo que se haya de hacer, si se hace, será una decisión que se tome en virtud de lo que plantee el gabinete jurídico y si no lo plantea, no se hará”, recalcó entonces.
