Adelante e IU piden el cese del director de Pesca de la Junta de Andalucía señalado por la Oficina Antifraude

Adelante Andalucía ha registrado una petición de comparecencia de la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ante la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía después de se conociera que la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción haya propuesto abrir un “procedimiento sancionador” al director general de Pesca y Acuicultura, José Manuel Martínez Malia, tras apreciar “indicios de causas de incompatibilidad” entre su cargo --que ejerce desde 2019-- y unas ayudas concedidas a dos empresas con las que tenía vinculación.

“Nosotros no queremos que casos como la Gürtel vengan a Andalucía y aquí hay que ser absolutamente atajantes desde el primer día”, ha sostenido la presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, quien ha señalado que “nos parece un caso bastante escandaloso”.

Ha subrayado que el pronunciamiento de la Oficina Andaluza contra el fraude “contradice lo que la propia consejera dijo en sede parlamentaria de que no había ningún supuesto de incompatibilidad”. A su juicio, en una situación como ésta “la consejera tendría que haber hecho dimitir al director general y no lo ha hecho”, por lo que le ha reprochado esa falta de iniciativa así como que “no ha dado ningún tipo de explicación”.

La parlamentaria de Adelante Andalucía ha calificado de “vergüenza” que sea un caso relativo al uso de “dinero público” y que por ello “se debería ser absolutamente pulcro”, de ahí su sorpresa porque “no se depuren responsabilidades”. “Por eso vamos a solicitar que comparezca la consejera para que dé explicaciones sobre este informe absolutamente claro de la oficina Antifraude y que no quede absolutamente ninguna duda sobre la actuación de este director general y que dé explicaciones en sede parlamentaria”, ha defendido la diputada de Adelante Andalucía.

Por su parte, el coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, cree un “escándalo” que la consejera no haya destituido aún al director general. Así se ha referido Valero en declaraciones a los periodistas en Málaga respecto a dicha información, sobre lo que ha pedido “claridad”, “responsabilidad” y “absoluta transparencia”.

“Nos parece un escándalo que la consejera no lo haya cesado inmediatamente y exigimos claridad, responsabilidad, ese cese y absoluta transparencia en lo que apunta a un presunto caso de corrupción”, ha manifestado.

Posicionamiento de la Junta

Por su parte, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto (PP-A), ha subrayado que el documento que el PSOE-A difundió este pasado miércoles de la Oficina Andaluza Antifraude “no es definitivo”, y en esa investigación, que tiene “carácter de reservado”, “en ningún caso se pone en cuestión que se haya dado ni un solo euro de subvención de manera irregular, ni que se haya beneficiado a nadie por proximidad o por interés del director” señalado.

Ante la prensa en Huelva, el consejero ha comenzado expresando el “absoluto respeto” del Gobierno andaluz “al trabajo de la Oficina Antifraude”, a la que ha definido como “modélica”, y de la que ha subrayado que fue impulsada por el propio Ejecutivo de Juanma Moreno de la mano de “una ley propia” aprobada en la pasada legislatura.

En esa línea, el titular de Justicia ha defendido que dicha Oficina debe ser “un ejemplo para que en Andalucía no vuelva a haber 'mangantes' que se lleven el dinero de los ciudadanos, como ha ocurrido en el pasado con los gobiernos socialistas”, y al respecto ha aludido al caso del chófer del que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, al que se está juzgando esta misma semana en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en el marco de una pieza separada de la macrocausa de las ayudas autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones arbitrarias.

José Antonio Nieto ha subrayado que, en dicho juicio, el exchófer “decía ante su señoría que se gastaba 25.000 euros diarios en juergas y en coca”, y ha remarcado que eso ocurría mientras el PSOE-A gobernaba la Junta.

Tras ello, el consejero ha criticado el “nivel ético” del PSOE-A al no tener “ningún pudor” este miércoles para “convocar una rueda de prensa y hacer público un documento que no es definitivo”.

Confidencialidad

Por otro lado, la OAAF subrayó este miércoles que la propuesta de resolución es “provisional”, y ha advertido contra las consecuencias que puede generar la “filtración” de dicho documento. “Ante las informaciones publicadas en diferentes medios de comunicación con relación a posibles incompatibilidades del director general de Pesca de la Junta de Andalucía, y al objeto de preservar los derechos de la persona denunciada, así como el carácter reservado del procedimiento”, la Oficina Andaluza Antifraude ha querido aclarar que “las informaciones publicadas se refieren a una propuesta de resolución provisional, no finalizadora del procedimiento”, y al respecto ha precisado que “la parte denunciante y la parte denunciada disponen de un plazo de presentación de alegaciones que aún no ha concluido”.

De igual modo, la Oficina ha apuntado que su director, por resolución de 13 de noviembre de 2023, “declaró el procedimiento reservado en virtud del artículo 14.4 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de Lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, lo que implica la obligación del deber de sigilo y de confidencialidad sobre los hechos que son objeto de investigación e inspección, así como las personas y entes sobre los que se producen dichas actuaciones”.

“En este sentido, la filtración de información en la investigación que cause graves perjuicios a la propia investigación o al denunciante está tipificada como una infracción muy grave en virtud del artículo 43.g de la Ley 2/2021, de 18 de junio, y en consecuencia se podría estar incurriendo en un incumplimiento del mismo lo que conllevaría sanciones que oscilarían entre los 30.001 y los 100.000 euros”, advierten desde la Oficina Antifraude.

Finalmente, este órgano ha querido aclarar que, “en cualquier caso, la OAAF no está investigando ningún supuesto de fraude, las acciones que son objeto de filtración hacen referencia únicamente a infracciones de carácter administrativo, nunca delictivas, en las no se han detectado ningún tipo de alcance contable o de perjuicio económico para la Junta de Andalucía en el reparto de ayudas”.