El juez autoriza el volcado de móviles de los seis empresarios investigados en el caso 'Mascarillas' de Almería

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso, clonado, volcado y visionado de los teléfonos móviles de seis empresarios del sector constructivo investigados en el caso Mascarillas que indaga sobre presuntas 'mordidas' a través de contratos ligados a la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines.

El magistrado José Manuel Rey Bellot, encargado de la instrucción, accede a la petición efectuada por el departamento de investigación económica de la UCO de cara a elaborar un informe con el que tratar de esclarecer presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación de caudales públicos.

En un auto emitido el pasado 2 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado facilita el acceso al contenido de los terminales de los empresarios investigados, quienes ya fueron llamados a declarar en dependencias policiales el pasado mes de noviembre cuando se detuvo al expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García y el exvicepresidente segundo Fernando Giménez entre otros.

2 millones de euros

La instrucción apunta la “aparente existencia” de una dinámica de funcionamiento instaurada en el seno de la Diputación Provincial de Almería que, en términos generales, “habría permitido la adjudicación fraudulenta de contratos públicos, haciéndolo en base a intereses personales y económicos y sin tener en cuenta los principios rectores de la contratación pública”.

En este sentido, la trama iría más allá de la adjudicación por más de dos millones de euros del contrato inicialmente investigado para la adquisición de mascarillas, guantes y otro material sanitario en la fase más aguda de la pandemia de covid-19, ya que, según los autos, se habría servido de otras adjudicaciones de contratos de obras y servicios.

Para ello, se observan indicios de una estructura formada por dos planos: el primero, una serie de cargos públicos que la habrían posibilitado y propiciado, beneficiándose también de la misma económica y personalmente; y el segundo, constituido por una serie de sociedades y empresarios que habrían participado de ella, bien como adjudicatarias de estos contratos, bien propiciando que otras empresas lo hicieran.

Beneficios para un hermano de Óscar Liria

Es en este punto en el que la investigación se centra en el papel de seis empresas y sus responsables, entre los que figura el hermano del exvicepresidente tercero y exdiputado provincial de Fomento de la Diputación Óscar Liria —ya detenido y apartado en una primera fase— quien mediante la empresa Pulconal “tenía pleno conocimiento y percibía un cinco por ciento del beneficio de los contratos adjudicados por la Diputación Provincial de Almería a la sociedad”.

También se apunta como una de las empresas con más intereses en la supuesta trata la mercantil OYC Servicios Urbanos, cuya “verdadera titularidad” se atribuye al exalcalde de Fines y a su hijo, también investigados por este caso, si bien se investiga además a una pareja que actuaba como accionista de la empresa y como administrador solidario.

Junto a estas dos empresas, la investigación pone el foco en otras seis mercantiles más dirigidas por otros cuatro empresarios, quienes podrían haberse beneficiado de la trama mediante la adjudicación de contratos. Todos ellos “podrían disponer de indicios relevantes para el esclarecimiento” de los hechos, por lo que se autoriza la exploración de sus teléfonos.

“Claros indicios”

La investigación nace de la adjudicación del contrato público de suministro de material sanitario por la Diputación Provincial de Almería a la empresa Azor Corporate Ibérica a través de un decreto firmado por Javier Aureliano García el 8 de abril de 2020 por 2.036.186,24 euros partiendo la propuesta de Fernando Giménez.

Para el juez, “existen claros indicios de que tal contratación se produjo de forma ilícita”, entre otros aspectos, ante el “vínculo familiar” entre Óscar Liria y el representante de la sociedad Kilian L. y ante la existencia de gestiones para la compra de material previas a la propia adjudicación del contrato.

La investigación abunda en las conversaciones telemáticas existentes entre los investigados, quienes mantenían un grupo de Whatsapp denominado Naranjito, relativas a estas contrataciones así como en las evidencias halladas durante la primera fase de la investigación, en la que se encontraron grades sumas de dinero en el domicilio de Óscar Liria y de sus padres sin que las explicaciones sobre su origen “resulten convincentes, ya que son vagas, imprecisas e carentes de apoyo documental”.

Un lenguaje “encriptado”

También alude la investigación al lenguaje “en clave” o “encriptado” entre los investigados, quienes al referirse a contratos emplearían expresiones como “ir al dentista”, “cambiar la piñata entera”, “necesito empastarme dos o tres muelas” u otros términos odontológicos supuestamente para referirse a esas 'mordidas'.

“El uso de esta terminología es muy recurrente y se encuentra totalmente desvinculado del contenido material de las conversaciones”, abunda el juez, para quien resulta “muy llamativo” que se utilicen “de forma absurda, abusiva y en un número de veces inexplicable” términos relativos a la ortodoncia en un contexto “totalmente desvinculado” de una conversación que versa sobre licitaciones públicas en trámite.

Así, los informes apuntan la relevancia en el uso de dinero en efectivo, con ingresos desde Roquetas de Mar y El Ejido de hasta 19.750 euros, por parte del expresidente de la Diputación a la hora de pagar las cuotas hipotecarias correspondientes a la compra de un inmueble con una cuenta que se encuentra también a nombre de su hermana, investigada en este caso por un supuesto delito de blanqueo de capitales.

En esta línea, la investigación apreciar una supuesta reincorporación al tráfico de dinero cuyo origen “podría ser ilícito”, a lo que se unen otros 20.000 euros que García entregó para adquirir una parcela en Rodalquilar. “Se desconoce el origen del dinero efectivo que utiliza Javier Aureliano García para tales transacciones, siendo que el mismo es un empleado público”, incide el auto.

Transacciones bancarias

Las “numerosas transacciones bancarias” que se producen entre Javier Aureliano García, sus hermanos, así como la comunidad de bienes García Molina —administrada por otro hermano también investigado— reflejarían, bajo criterio policial, una instrumentalización de dicha comunidad de bienes para “canalizar fondos” sobre la venta de un inmueble heredado en Almerimar a fin de “integrar los fondos obtenidos de forma ilícita en el circuito legal de dinero para poder disfrutar de los mismos”.

También resulta de interés para la investigación y para la adopción de las medidas solicitadas, el interés que muestra Javier Aureliano García en reunirse con Fernando Giménez para abordar la declaración en calidad de investigado que ya realizó antes de ser arrestado, así como la realización de viajes “de coste elevado” a Ibiza y a Madrid en 2016 y 2017 de García y Liria, en fechas próximas a la presunta actividad delictiva de adjudicación de contratos y sin que existan “apuntes bancarios” al respecto.