Una de cal y otra de arena: PP y Cs recuperan el apoyo de Vox en Andalucía para rechazar una comisión de investigación por los contratos exprés

El parlamentario de Adelante Andalucía Ismael Sánchez, en el Pleno de la Cámara.

Europa Press / elDiarioand

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El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, crear una comisión de investigación para dirimir las "posibles responsabilidades políticas" del Consejo de Gobierno andaluz "derivadas de los procedimientos de contratación urgente de personal funcionario interino y de personal laboral temporal en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19", los llamados contratos exprés, a los que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la puntilla hace unas semanas. El apoyo de Vox a los partidos del Gobierno de coalición se produce apenas unas horas después de que el partido de extrema derecha dejara caer la primera ley del Gobierno de Andalucía para forzar un adelanto electoral en otoño.

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La propuesta de creación de esta comisión de investigación partía de Adelante Andalucía y ha contado con el apoyo del PSOE-A y de los diputados no adscritos expulsados de la confluencia de Podemos e IU. El diputado del grupo proponente Ismael Sánchez ha afirmado en la conclusión de su intervención que el voto en contra de la creación de la comisión "es cómplice de un posible caso de corrupción".

Sánchez ha puesto de manifiesto durante su intervención los diferentes pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como que indicara que las 32 convocatorias en procesos de selección que se ejecutaban en 24 horas, "sin adjuntar documentación, y que se trataba de las personas más rápidas a la hora de darle a un botón", "atenta de forma inaudita contra el artículo 23 de la Constitución Española".

"No son palabras de este diputado ni de mi grupo, son palabras textuales del TSJA", ha esgrimido Ismael Sánchez, quien ha recordado que el proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude y la Corrupción recoge en su articulado la definición de corrupción para supuestos como "la conculcación de la provisión de puestos de trabajo". El parlamentario de Adelante Andalucía ha recordado igualmente que el TSJA ha descrito "la completa ausencia de procedimiento", así como que este argumento ha sido "la palanca con que nos han azotado PP, Cs y Vox para hablarnos de los ERE y de una comisión de investigación".

Tras afirmar "vamos a ver qué hace la derecha y la extrema derecha, veremos qué hacen ante la corrupción propia", ha concluido que "nadie puede negar el cúmulo de irregularidades", así como ha hablado de "un escándalo demoledor" y de los "estragos que ha causado a las víctimas de este despropósito", al tiempo que ha aludido a la exclusión de los procesos de selección de "embarazadas, mujeres con lactancia, mayores de 60 años", y que "no había cupo de las personas con discapacidad".

En la exposición de motivos de la iniciativa para solicitar la creación de la comisión de investigación Adelante Andalucía ha apuntado que se realizaron 4.000 contrataciones exprés, así como que el Gobierno andaluz reconoció en sus comparecencias en comisión parlamentaria que tenía 12 sentencias contrarias en la jurisdicción contencioso-administrativa.

La diputada del PSOE-A Noelia Ruiz, quien ha arrancado su intervención señalando al PP que "son el único partido condenado en firme por corrupción", ha afirmado sobre los partidos que sustentan al Gobierno andaluz, PP y Cs, que "que predican pero dan poco ejemplo". Ruiz ha afirmado sobre las contrataciones exprés que "han creado un marco inconstitucional, con 4.000 contrataciones, un sistema declarado nulo de pleno derecho", razonamiento que le ha llevado a afirmar que "ahora hay que exigir responsabilidades políticas".

"Enchufismo"

La parlamentaria socialista, quien ha reproducido un pronunciamiento judicial sobre las contrataciones exprés con el retrato de que "ha sido una vía flagrante para el enchufismo", ha sostenido que "existen pruebas evidentes de que han montado un procedimiento ilegal de acceso a la Función Pública", así como que "Moreno Bonilla ha institucionalizado las contrataciones exprés a través del SAE", por lo que ha instado a "dar explicaciones de este lío jurídico".

Frente a ello, la parlamentaria del PP-A Ana Vanessa García ha reprochado al PSOE-A que "venga a hablar de enchufismo" al Parlamento, y ha retado a los socialistas a que, si están "dispuestos" a ello, la presidenta del grupo, Susana Díaz, "acuda" a la convocatoria que le van a cursar en la comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), y que "dé la cara" allí.

Además, la diputada 'popular' ha acusado a IU de haber "tumbado 25 de 27 comisiones de investigación" solicitadas en el Congreso, ha aludido al "enchufismo" de anteriores etapas de gobierno en Andalucía en sitios como la Faffe o la fundación Andalucía Emprende, y en esa línea ha rechazado "lecciones de la izquierda" en materia de "moral" o "transparencia". Ha concluido preguntando "qué es mejor, si contratar a 1.000 trabajadores de manera extraordinaria anunciándolo en la web del Empleado Público, o despedir a 3.000 trabajadores sanitarios por WhatsApp".

La parlamentaria de Ciudadanos Mar Hormigos ha manifestado que la petición de comisión de Adelante es "un brindis al sol", y ha defendido las contrataciones urgentes llevadas a cabo por la Junta para una situación excepcional. Ha indicado, en cualquier caso, que la Junta está acatando las decisiones judiciales sobre este asunto, sin criticarlas. La Fiscalía no ha encontrado ningún "indicio de delito", según ha dicho, y ha acusado a Adelante de plantear esta comisión sólo para "zarandear" al Gobierno andaluz y ponerse "la medalla de lo social".

Por último, el parlamentario de Vox Benito Morillo, que ha querido dejar claro que su partido siempre ha estado comprometido de forma activa y sin titubeos con la lucha contra la corrupción, ha indicado que la "precariedad y la negligente gestión de la Junta" en materia de contratación urgente es "incuestionable", y es un asunto que se debe dirimir por los órganos judiciales y "se deben exigir responsabilidades políticas de forma directa".

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Publicado el
27 de mayo de 2021 - 16:41 h

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