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El pacto por la solidaridad resucita la antigua reivindicación del 0,7 del PIB para cooperación

Ramiro Navarro

La ya antigua reivindicación de dedicar el 0,7% del PIB a la cooperación internacional que sacó a la calle en 1994 a miles de personas resucita en tiempos de crisis en forma de pacto. El Gobierno andaluz se ha comprometido, de la mano de la Coordinadora Andaluza de ONG para el Desarrollo (CAONGD), a reforzar su labor en materia de cooperación al sumarse al Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación Internacional, cuya presentación tuvo lugar ayer en Sevilla.

El acuerdo recoge el objetivo de destinar al menos el 0,7% de los presupuestos de las Administraciones públicas para políticas de cooperación. Se trata de una meta antigua y nunca lograda que el vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta, Diego Valderas, cree que podría alcanzarse en el año 2020. Según los datos aportados por el videpresidente tras la presentación, actualmente Andalucía destina el 0,3% de su presupuesto global a estos programas. En los años de más generosidad, se ha superado el 0,5%.

El documento, que carece aún de programas o partidas concretas, considera que “deberían elaborarse con la mayor urgencia posible” nuevos calendarios para su consecución. Asimismo subraya como “prioritario” que “no se cierren las convocatorias de subvenciones ni las líneas presupuestarias” y que, en cualquier caso, no se reduzcan los presupuestos de estas políticas en un porcentaje superior al que se reduzca el presupuesto global de cada Administración.

La propia administración autonómica recogía en los presupuestos de 2012 una partida de 72,7 millones de euros en su programa de cooperación internacional. Si bien esa partida desaparece de los presupuestos de 2013, Valderas indica que actualmente se destinan unos 54 millones de euros desde la Junta a distintos programas (44 millones en financiación y 10 millones en microcréditos) algo que define como “gravemente insuficiente”.

Desde el punto de vista teórico, el pacto pretende consolidar el papel de los programas de cooperación para que sean de forma “permanente y normalizada” como una más de las políticas públicas andaluzas. Además, el texto considera que el Consejo Andaluz de Cooperación debe ser reforzado y dotado de más capacidad de decisión y ejecución sobre estas políticas. También anima a cumplir con transparencia y “rendir cuentas” ante los órganos de consulta y control. De hecho, el contenido de este pacto deberá plasmarse en las líneas de actuación del Plan Director de Cooperación al Desarrollo (PACODE) y concretarse en cada uno de los países prioritarios de la cooperación andaluza.

“Una herramienta para exigir que se ponga freno a la sangría presupuestaria”

Este nuevo pacto ha sido en realidad impulsado por la Coordinadora Andaluza de ONGD, que lo presentó la semana pasada en una campaña en la que anima a cualquier institución, colectivos sociales y a la ciudadanía a sumarse, y que viene a recuperar el espíritu del Pacto Andaluz por la Solidaridad impulsado en 1998. Para José María Ruiberriz, presidente de la Coordinadora, el pacto viene a “introducir presupuestos en los compromisos de ayuda al desarrollo” y cree que con él “la Junta hace propósito de enmienda” para paliar las carencias que estos programas han sufrido en otros años. Pese a ello, Ruiberriz destacó que Andalucía, junto al País Vasco, son las comunidades autónomas que más recursos aportan a las labores de cooperación internacional. “Más que un brindis al sol, este documento es una instrumento para poder exigir a las administraciones que pongan freno a la sangría en los presupuestos de cooperación”, afirmó.

A este compromiso también se sumó, durante el mismo acto de presentación, la Red Andaluza de Cooperación Universitaria para el Desarrollo, el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional, los sindicatos CCOO y UGT, la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía, Unicef, ACNUR Andalucía, Ecologistas en Acción, la Universidad Loyola de Andalucía, y las organizaciones UNRWA y ONU HABITAT, entre otras. Además, la Coordinadora mantiene una petición online para recabar apoyos y ha lanzado una campaña para lograr la adhesión de entidades y movimientos sociales al Pacto. Puedes consultar el documento de adhesión aquí.

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