No me pises que llevo toga

Que somos compañeros, que llevo chanclas, no nos pisemos la manguera, la toga, son expresiones de solidaridad corporativa. Comprendo de todas formas que la judicatura digiera mal que se les acuse, no a todos, de lawfare, es decir, de practicar la guerra judicial mediante procedimientos conocedores de los vericuetos procesales contra enemigos políticos, la mayoría de las veces por encargo o por solidaridad de interés o ideología. En ocasiones es debido a lo que Pierre Bourdieu denominó nobleza de toga, es decir, el creerse investidos de una responsabilidad más allá de la ya grave que comporta administrar justicia en nombre del pueblo. En los peores casos, en el derecho comparado se ha llegado a denominar a esta última actitud, en casos extremos, 'toga nostra'.

Entiendo, insisto, la afrenta. La reacción debería ser sincera pero no es plausible creer que muchos jueces no sepan o ignoren estas prácticas; quizá la enérgica reacción viene por un mal entendido poder al Parlamento en algunos de estos casos. Y en eso también tienen razón, el legislativo debe observar con rigor la separación de poderes, esa que siete presidentes del Parlamento de Andalucía defendieron contra la violación reconocida por la juez Mercedes Alaya, confirmada por el Tribunal Supremo, sin que conste, al menos de manera corporativa, reacción de repulsa enérgica contra tal atentado a la separación de poderes.

E. Raúl Zaffaroni, jurista de reconocido prestigio, afirma que el lawfare no está separado de otra “constelación mayor”, se trata de satanizar al enemigo y presentar al propio estamento como angelical. Aunque no sea verdad, por eso el profesor lo incluye o emparenta con una “categoría especial del género de falsedades”. Gracias a las nuevas formas de comunicación, la acción ilegal e ilegítima de la justicia no es sino una subespecie, muy eficaz, de los fake news. Son dolorosas y corrosivas hasta que ceden, como bien podría contarnos Lula da Silva.

La Constitución dice que la Justicia emana del pueblo y no hay otra emanación del pueblo que no provenga de la voluntad democrática expresada en elecciones libres y directas, sentada en el Parlamento

Hoy en día, todavía José Bonaparte es conocido, más de dos siglos después, como Pepe Botella. La prensa patriótica de entonces, no había redes sociales, en Sevilla y Granada, se volcó en propagar la supuesta afición del rey de España, que consideraban intruso, al mollate. Pues bien, era abstemio.

En el Manual de Sharpe, la biblia del golpismo suave, se concede un amplio poder a las falsedades; ya no se alude tanto a la sangre derramada, ni se busca, aunque forme parte de la épica civil siempre de guardia. Todo es mas afinado.

El dolor judicial ha coincidido con el pronunciamiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Antes, la propia Audiencia Nacional ha obligado a una señoría a citar a la exministra Dolores de Cospedal. La Fiscalía ha recurrido el auto dictado por el mismo juez, Garcia Castellón, en la imputación de Carles Puigdemont. El Fiscal afirma que hay tergiversaciones, suposiciones y omisiones para imputarlo. Algo grave que dejo para la consideración de sus compañeros por si fueran constitutivo de delito o formara parte de un proyecto mayor, al que se ajusta la definición de lawfare.

Del papel de algunos jueces habla el juez italiano y presidente del Tribunal Constitucional, Gustavo Zagrebelsky. El vicio no confesado, dice, es la “fidelidad impropia”, muy observable en jueces y miembros del CGPJ, eso sí “revestidos de plumas de pavo constitucional”.

En tanto que poder no electo, sin respetar la ley y cumplirla, la legitimidad constitucional de los jueces queda en entredicho. Dicho de otra manera, no tienen legitimidad ni merecen administrar justicia en nombre del pueblo

Una vez calmados, cumplido su papel, político creo, desde luego que algunos jueces, en un arranque intelectual de duda, se pondrán a pensar, si ya no lo hacen, no sea que haya algún juez que practique ese vicio que es el lawfare. Es su responsabilidad, aunque solo sea en prestigio del poder que ejercen. Es su papel, solo ese. La Constitución dice que la Justicia emana del pueblo y no hay otra emanación del pueblo que no provenga de la voluntad democrática expresada en elecciones libres y directas, sentada en el Parlamento. No hay susurros selectos. Su legitimidad viene del imperio de la ley, no de unas oposiciones que los haría unos simples funcionarios. En tanto que poder no electo, sin respetar la ley y cumplirla, la legitimidad constitucional de los jueces queda en entredicho. Dicho de otra manera, no tienen legitimidad ni merecen administrar justicia en nombre del pueblo.

En EEUU no hay más orgullo para un juez federal que ser nombrado por un poder electo, su legitimidad procede del nombramiento por el ejecutivo, es decir, por el presidente de la república, con la participación del legislativo, el Senado. A escala estatal, los jueces estadounidenses obtienen su legitimidad democrática de unas elecciones o, en ciertos casos, por derivar del poder electo del ejecutivo estatal. Aquí los jueces los nombra el CGPJ y todavía se quejan, quizá les guste más el modelo alemán o austriaco, donde no hay tal consejo, o el belga. De este último pueden pedir información al comisario de Justicia, Didier Reynders, valón y, por tanto, belga.

Cojeamos judicialmente, el sistema de criaderas y el corporativismo ha hecho inevitable que, a pesar de la buena voluntad y profesionalidad de muchos jueces, la práctica del lawfare no se haya erradicado en el gremio. Recuerdo a un ministro de Justicia que se propuso cambiar el sistema de reclutamiento de los jueces y le montaron una cacería, nunca mejor dicho.

Como bien saben y sufrieron los alemanes, y de camino la humanidad, sin jueces demócratas no hay democracia; la república de Weimar fue una experiencia para aprender. Ya sabemos lo que trajo, quizá por eso el poder judicial en la Alemania federal de hoy es otra cosa.