¿Dónde se queda el valor de los productos agrícolas?

Para los consumidores, la cesta de la compra de los productos frescos resulta cada día más cara. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística del mes de junio supone un nuevo freno a las expectativas económicas de España. Hacía 37 años que no veíamos una cifra tan abultada, pasando ya del doble dígito, al situarse en el 10,2%, y romper de esta manera las barreras, ya de por sí altas, de los meses de primavera. La cifra ha resultado ser mucho mayor de lo esperado, y es netamente más alta que la registrada en los pasados meses de mayo (8,7%) y abril (8,3%): los precios subieron en términos mensuales un 1,8%.

Detrás de esta subida se encuentra sin duda la persistencia en el alza del precio de la energía, que pese a los esfuerzos del Gobierno, se mantiene desbocada por los efectos de la guerra en Ucrania en los mercados internacionales. Las medidas tomadas o han sido ya absorbidas por el mercado, como es la bonificación a los combustibles, o no han tenido todavía los efectos deseados, como es el tope al precio eléctrico. Según suben los precios de la energía, suben también los de la alimentación y las bebidas, en los que pesan sobre todo los gastos de transporte y cuya escalada perciben más severamente las familias con menos recursos. Pero lo mismo sucede con la hostelería, que se encuentra ante la necesidad de responder al fuerte tirón que está teniendo el turismo.

A falta de conocer los detalles, la inflación subyacente, que es aquella que no tiene en cuenta ni energía ni alimentos, también sube por encima del 5%, un nivel que no veíamos desde principios de los años noventa. Con una subida promedio del 2,42% en los convenios colectivos, los salarios han perdido en los últimos 12 meses una capacidad adquisitiva solo comparable a la devaluación salarial provocada por la crisis de 2008 y la reforma laboral de 2012.

De modo que para el consumidor la cesta de la compra de productos frescos es hasta un 9,4% más cara. Ante esta situación cabe cuestionarse que, si los costes de producción para el agricultor se han elevado más de un 30% y ha percibido precios similares que en anteriores campañas. ¿Quién se está quedando con el dinero? 

Los consumidores tienen hoy en día más difícil asumir los costes de llenar la cesta de la compra con alimentos.

En el sexto mes de 2022, el Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 10%, lo que supone 1,5 puntos más que en mayo, debido principalmente a los precios de los carburantes, alimentos y bebidas no alcohólicas.

Los consumidores tienen hoy en día más difícil asumir los costes de llenar la cesta de la compra con alimentos. Según un estudio de la OCU, las principales cadenas de supermercados han subido sus precios un 9,4% en el último año, pero la mitad de esa escalada se ha producido en los últimos tres meses.

Esta situación conlleva incluso una dificultad para el acceso a determinados alimentos debido a su elevado coste. Sin embargo, esta subida de precios que están pagando los consumidores no implica que los agricultores hayan podido repercutir los sobrecostes de producción que han caracterizado la campaña en el precio final de su producto, así lo refleja el Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía, que muestra como los precios de origen en esta campaña muestran evoluciones similares a campañas anteriores.

Por todo ello, no es justificable un escenario de subidas de precios si alguno de los eslabones de la cadena no puede repercutir sus gastos en el precio final del producto. Esto genera una situación injusta sobre los agricultores que pone en jaque la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

El desmesurado valor que imponen los supermercados está convirtiendo productos como la sandía en una fruta de lujo. Los supermercados han inflado el precio de las hortalizas hasta el punto que los consumidores han dejado de comprar algunas de ellas por su elevado coste. Tal es el caso de la sandía, cuyo precio se ha disparado tanto que hasta los grandes medios de comunicación se hacen eco de lo prohibitivo que resulta comprar una pieza de esta fruta. Aunque el productor cobre por una sandía media de seis kilos, 0,70 céntimos de euro (4,20 euros el valor total de la pieza), supermercados en Madrid la están vendiendo al público a 9,6 euros, cantidad verdaderamente elevada por un solo producto de toda la cesta de la compra. El efecto inmediato es que el consumidor deja de comprar y el precio en origen de esta fruta cae de golpe. Nadie quiere cortar sandía en los invernaderos porque la gran distribución tiene piezas sin vender por el alto precio de las mismas que no terminan adquiriendo los consumidores. 

Esta coyuntura puede ser el resultado de una Ley de la Cadena Alimentaria deficitaria, que está dando muestras de no estar teniendo el efecto esperado para evitar la descompensación entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor final. Tal y como dicta el artículo 12 del Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero, con el fin de evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria, cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador. Sin embargo, los mayores beneficiarios son los supermercados, quienes especulan poniendo a precios desmesurados las frutas y hortalizas, excusados en el supuesto buen precio en origen que han tenido, cuando el agricultor ha tenido que hacer frente a la mayor subida de costes de producción de su historia (luz, agua, abonos, materiales de construcción, plásticos, semillas, combustible y un largo etcétera). 

No estaría de más una revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria para comprobar si realmente todos los eslabones que conforman dicha cadena están siendo beneficiados equitativamente

Lejos de aflojar, la presión inflacionista sigue castigando a la economía y a los hogares españoles. El IPC se disparó 1,5 puntos en el mes de junio, cerrando en una tasa interanual del 10,2%, según el indicador del INE.

Es la inflación más alta en 37 años, desde 1985, superando tanto el dato del 8,7% registrado en mayo como el anterior máximo de marzo, un 9,8%. Gasolinas y productos de alimentación fueron los responsables de la subida de los precios, indica el INE que, al tratarse de una primera estimación (los datos definitivos del IPC se publicarán el próximo 13 de julio), no da cuenta de la composición de la subida de los precios. La inflación, en todo caso, sigue filtrándose al conjunto de la economía.

Ante esta situación, no estaría de más una revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria para comprobar si realmente todos los eslabones que conforman dicha cadena están siendo beneficiados equitativamente, evaluando el coste real que tiene el agricultor a la hora de producir frutas y hortalizas, entre otros.

Con este panorama marcado por la incertidumbre que el agricultor debe hacer frente año tras año, algunos supermercados venden hasta cinco veces más caro respecto al precio en origen, siendo este un margen altísimo.

El crecimiento económico impulsado por la agricultura, la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria se encuentran en riesgo: múltiples conmociones –desde alteraciones relacionadas con la COVID-19 hasta fenómenos meteorológicos extremos, conflicto bélicos como la guerra de Ucrania y plagas- están afectando los sistemas alimentarios, y generan un aumento de los precios de los alimentos y del hambre.

No olvidemos que rentabilidad, sostenibilidad, respeto por el medio ambiente y seguridad para los productores y consumidores se articulan como ejes de futuro.