Aquel verano del 36

Cuando Federico García Lorca declaró al diario El Sol, en enero de 1936, aquello de que en Granada “se agitaba la peor burguesía de España”, no sabía que, en parte, estaba firmando su sentencia de muerte y en parte, profetizando lo que casi ochenta años después seguiría ocurriendo en su ciudad.

El pasado viernes, coincidiendo con el 78 aniversario del golpe de estado que sumió a este país en una cruenta guerra civil, dejó centenares de miles de muertos y 140.000 desparecidos, cuyos familiares siguen intentando saber dónde reposan sus restos, el presidente del PP y de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, declaraba a voz en cuello, que la Ley de Memoria Democrática que prepara la Junta de Andalucía nace del “odio, el rencor y el resentimiento y sólo pretende abrir heridas”.

Paralelamente, el Ayuntamiento de la capital sigue resistiéndose como gato panza arriba a cumplir la sentencia del TSJA, que hace tres meses le obligaba a retirar el monolito en homenaje a José Antonio Primo de Rivera –fundador de la Falange y uno de los principales instigadores del golpe-, que se alza en pleno corazón de la ciudad, por contravenir claramente la Ley de Memoria Histórica. Desde entonces, el Ayuntamiento no ha hecho otra cosa que “marear la perdiz” para dilatar esa retirada lo más posible, ante las repetidas exigencias de las asociaciones memorialistas para que se cumpla esa sentencia.

Añadan a todo lo anterior, que el pasado viernes ni un sólo representante del gobierno del Ayuntamiento ni de la Diputación, ambos gobernados por el PP, asistieron al tradicional homenaje que desde hace años se viene realizando en las tapias del cementerio de San José a los cuatro mil granadinos asesinados por los golpistas tras la sublevación contra el régimen constitucional y democrático de la República.

Todo lo anterior denota que, para un amplio sector de la sociedad granadina, aquel verano del 36 ni es tan lejano ni es tan pasado. Que ochenta años después, los representantes de un partido democrático, en el gobierno de la mayor parte de los ayuntamientos y de la Diputación, actúen de la forma que lo hace el PP de Granada, denota hasta que punto muchos de sus dirigentes se sienten herederos ideológicos de quienes provocaron una de las mayores tragedias para su país.

En ciudades vecinas como Málaga -donde la represión de los rebeldes franquistas fue tan brutal como en Granada- una derecha, mucho más moderna y actual, ha puesto tierra de por medio con aquellos hechos y roto cualquier vínculo que pudiera relacionarlos con los autores de aquellos desmanes. De hecho, el pasado 11 de enero, miles de personas, también políticos de todos los partidos, fueron testigos de la inauguración de un mausoleo en forma de pirámide bajo el cual reposan, por fin, los restos de 2.840 personas asesinadas en aquella sinrazón. Nada de eso ha sido posible en Granada, donde los restos de las casi cuatro mil víctimas en las tapias del cementerio, ni las más de tres mil de las fosas de Víznar, parecen seguir siendo casus belli para el PP y donde solo una modesta placa recuerda en la tapia del camposanto de San José a las personas que allí fueron asesinadas.

Dice el presidente de la Diputación, heredero de una rancia estirpe de la derecha granadina, que en sus visitas a los pueblos de la provincia nadie ha acudido a decirle que la memoria histórica sea una de sus preocupaciones. ¡Como si Sebastián Pérez no se hubiera encargado, de palabra, obra y omisión, de dejar clara su alianza con quienes solo reconocen los muertos de un bando! … Aunque, eso sí, no le tiembla el pulso para instrumentalizar hasta la naúsea a víctimas del otro bando como lo fuera García Lorca.