Lo que parecía una excelente iniciativa, el establecimiento de los Premios Cortes de Cádiz a las Libertades, quedó desacreditada por quien fue su primer destinatario, el entonces presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Corría enero del año 2009 y era alcaldesa Teófila Martínez, del PP, con mayoría absoluta desde hacía más de un decenio.
Nadie lograba explicarse esa concesión, que contravenía la propia esencia de un premio dedicado a “las libertades” y que cayó como una bomba entre la mayoría del movimiento asociativo no sólo gaditano sino, sobre todo, de Latinoamérica. Más de 150 organizaciones entregamos en marzo de 2009 un escrito a la alcaldesa para que revocara tal concesión, en el que, entre otras cosas, se decía: “Si de algo puede hablarse con relación a los méritos del Sr. Uribe como presidente de Colombia, es de su menosprecio por la democracia; de sus intentos de perpetuarse en el poder; de la corrupción galopante que acompaña a su gestión, en la que se encuentran encausados familiares directos y buena parte de los parlamentarios de su partido; de su complacencia, cuando no apoyo directo, a los desmanes de la fuerzas paramilitares; de las reconocidas matanzas perpetradas por su ejército… y en general de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante sus años como presidente”.
Violaciones de derechos humanos que, por lo visto, no fueron apreciadas por quienes formaban el jurado que otorgó el premio que, cegados y cegadas por su ideología, eran capaces de olvidarlas. Llegó a decir tal jurado, justificando el premio, que “Uribe está contribuyendo a la erradicación de la lacra terrorista con constancia y corazón grande, sin cesión a presiones, buscando conseguir la paz para sus conciudadanos en una firme determinación que defiende el estado de derecho y la libertad de su país”.
Fue tal el escándalo y la presión ciudadana que el premio no se pudo entregar en Cádiz, ni siquiera como se pretendía, en segundo lugar, en la Casa de Iberoamérica en Madrid -que se negó a ello-, teniendo que refugiarse en la embajada colombiana en Madrid. Fue en abril de 2009, en presencia de los entonces príncipes de España (siempre atentos a respaldar los homenajes a personajes de la catadura de Uribe). En el acto, la alcaldesa afirmó que la concesión del premio “rinde homenaje y reconocimiento a quien ha entregado su vida a la paz y la libertad en Colombia”, resaltando cínicamente su “firme determinación en defender el Estado de derecho en su país”.
Pero los crímenes de Uribe, antes y durante su mandato, son de sobra conocidos por las organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos. Siendo gobernador de Antioquia autorizó el funcionamiento de la Convivir El Cóndor. Las Convivir fueron cooperativas de seguridad privada y que se reconocen como el germen de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), organización paramilitar de extrema derecha y cuya creación lideró el propio Álvaro Uribe, específicamente el Bloque Metro de las AUC. Las AUC realizaron varias masacres, entre ellas las de La Granja, San Roque y El Aro, donde durante tres días, detuvieron, torturaron y asesinaron a campesinos/as, niños y niñas, incendiaron veredas y sembraron el terror; masacres que la Fiscalía, la Comisión de Acusación de la Cámara y la Corte Suprema de Justicia aún investigan por ser un delito de lesa humanidad y por estar indagado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, entonces gobernador de Antioquia.
Bajo sus dos Gobiernos como presidente, se registraron 297 masacres, 2,4 millones de personas desplazadas, 32.000 desaparecidas, 4.200 muchachos ejecutados a sangre fría bajo la dinámica de los “falsos positivos”; más de 5.200 personas torturadas y asesinadas por los paramilitares en Cúcuta; los hornos crematorios en Puerto Santander donde fueron incineradas más de 400 personas; centenares de indígenas asesinados…
Uribe ha tenido alrededor de 200 denuncias en la Comisión de Acusaciones sobre hechos ocurridos cuando era presidente. Y alrededor de 30 procesos en la Corte Suprema, que se remiten a señalamientos de cuando era congresista o gobernador. Actualmente, la Corte lo vincula al caso de las escuchas ilegales, un caso de espionaje telefónico por parte de la inteligencia militar, sucedidas en 2019, que se hicieron públicas el mes pasado, en periodo de confinamiento por el COVID-19. Los “perfilamientos”, fueron llevados a cabo a periodistas nacionales e internacionales, a políticos, a personas defensoras de derechos humanos, abogados, activistas o a asesores cercanos al presidente actual, Iván Duque, pupilo suyo y a quien llevó a la presidencia con su partido ‘Centro Democrático’, y en nombre del cual es actualmente senador. Este tipo de espionaje fue muy común en sus años como presidente, y cuyas demandas nunca prosperaron por toda la maquinaria de poder establecida por su Gobierno.
Todo ello y más, ha quedado perfectamente reflejado en la serie documental “Matarife” basada en los artículos del periodista Daniel Mendoza Leal.
Uribe, además, boicoteó los acuerdos de paz con las FARC firmados durante el mandato del presidente Santos, usando todos los instrumentos a su alcance, legales e ilegales.
La llegada a la presidencia de Iván Duque ha disparado el asesinato de activistas feministas, exguerrilleros/as desmovilizados/as, líderes sociales, indígenas, sindicalistas, campesinos, campesinas y, en las últimas semanas, estudiantes y jóvenes. Se calcula que en los dos últimos años han sido asesinadas más de 1.000 personas.
Estos días, organizaciones de derechos humanos y feministas denuncian las masacres cometidas por el ejército y los renacidos paramilitares: diez masacres en un mes, seis masacres en la última semana, tres masacres en 24 horas…Además, en Colombia es de sobra conocida la relación de Uribe con el narcotráfico y los actuales grupos paramilitares.
Aquel premio fue el mundo al revés: se le otorgaba un premio a las libertades a quien precisamente violentaba la democracia, las libertades y los derechos humanos. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia colombiana, por unanimidad, ha ordenado la detención de Álvaro Uribe por delitos de soborno y fraude procesal. Más allá de que las condiciones de su arresto domiciliario sean en una finca de 1.500 hectáreas o que, como Al Capone, sea procesado por el menor de sus delitos, (existen 28 procesos en su contra en curso), es una ocasión perfecta para que el Ayuntamiento de Cádiz reconsidere la aciaga decisión de 2009 y retire el Premio Cortes de Cádiz a las Libertades a un personaje de la catadura de Álvaro Uribe.
Es lo que pide la campaña que hemos iniciado los Comités Oscar Romero y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, a la que se están pidiendo adhesiones de colectivos y organizaciones para entregar posteriormente al Ayuntamiento gaditano.
Sobre este blog
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